Un reciente informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) concluyó que en Venezuela la política de represión se sustenta en coordinación entre medios de comunicación vinculados al Estado y las detenciones arbitrarias ejecutadas por los cuerpos de seguridad.
El estudio titulado “Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, también muestra cómo la “represión calculada” de la gestión de Nicolás Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución.
En el mismo trabajo de investigación que se publicó junto a las organizaciones defensoras de los DD.HH. Foro Penal y al Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), se calculó que en 2019 la correlación general entre los ataques estigmatizantes y las detenciones arbitrarias por motivos políticos era del 2%. En 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
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Las relaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los diferentes órganos de seguridad involucrados en las detenciones, según indicaron las organizaciones.
También se incluyó el análisis de los fenómenos de la estigmatización, las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la naturaleza y funcionamiento de medios de comunicación afine al oficialismo y el contexto sociopolítico del país durante el periodo estudiado.
Las variables se compararon con estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con Derecho Penal Internacional, por lo se llegó a la conclusión de que “los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política”.
