Un informe de la organización pacifista canadiense Project Ploughshares reveló este lunes que Estados Unidos utilizó tecnología canadiense en los ataques contra narcolanchas en aguas del Caribe, hechos que dejaron al menos 14 fallecidos en septiembre de 2025, según las autoridades.
De acuerdo con el documento, los operativos realizados los días 2 y 15 de septiembre emplearon sensores fabricados por la empresa L3Harris, uno de los principales productores mundiales de sistemas electro-ópticos e infrarrojos. Project Ploughshares aseguró haber identificado el origen de estos dispositivos a partir de la interfaz gráfica mostrada en las imágenes difundidas por el Pentágono, pese al intento de las autoridades militares de ocultar su procedencia.
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La organización recordó que en 2020 ya había denunciado el desvío de sistemas WESCAM EO/IR por parte de Turquía a zonas de conflicto donde se documentaron violaciones de derechos humanos, lo que llevó al Gobierno canadiense a suspender dichas exportaciones. En esta ocasión, advirtió que tanto representantes de la ONU como observadores internacionales “han determinado que los ataques, que fueron efectuados en aguas internacionales y se dirigieron contra presuntos traficantes de drogas en ausencia de cualquier conflicto declarado, constituyen ejecuciones extrajudiciales”.
Project Ploughshares también cuestionó la falta de control de Ottawa sobre estas transferencias debido a un acuerdo bilateral con Washington. “Canadá está legalmente obligado a garantizar que la exportación de material militar no contribuya a violaciones del derecho internacional. Pero debido a un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos que data de hace décadas, la mayoría del material militar que Canadá envía a su vecino del sur, incluidos los sensores WESCAM utilizados en estas operaciones, eluden los controles”, denunció la organización.
El grupo recordó que Canadá se unió en 2019 al Tratado de Comercio de Armas de la ONU, el cual establece controles estrictos sobre la transferencia de armamento convencional. Sin embargo, apuntó que el acuerdo firmado por ambos países hace más de siete décadas exime a la mayoría de estas exportaciones de licencias obligatorias. “Canadá no solo debería cerrar esta laguna legal para cumplir con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), sino también establecer los mecanismos de control y equilibrio necesarios para evitar que la tecnología canadiense se vea implicada en futuros usos ilícitos de la fuerza”, concluyó.
