Los gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos al firmar el “Acuerdo de Escazú” durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo 27 de septiembre; así lo han solicitado la coalición integrada por Amnistía Internacional, Iniciativa de Acceso, Namati Civicus, ONG FIMA, entre otras, en una carta conjunta apoyada por más de 200 Organizaciones No Gubernamentales y enviada hoy a los jefes de Estado de los 33 países de la región.
En la carta abierta, las organizaciones hacen un llamado a los gobiernos para que firmen el acuerdo y a continuación realicen una pronta ratificación, además de adoptar medidas para implementarlo. La carta ha sido firmada por más de 200 organismos nacionales, regionales e internacionales que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, medio ambiente o desarrollo y democracia, entre ellas, Oxfam, Greenpeace, Human Rights Watch, Global Witness, World Resources Institute, Article 19, Federación Internacional de los Derechos Humanos y World Wildlife Fund Colombia.
Hasta ahora solo Chile y Costa Rica ya han manifestado públicamente su compromiso de firmar el Tratado. El contexto actual marcado por el aumento de los conflictos socio-ambientales necesita gobiernos que asuman un liderazgo consistente en esta materia y que sean capaces de inspirar también a otros gobernantes a asumir esta responsabilidad.
El Acuerdo de Escazú, el cual fue adoptado el 4 de marzo en San José, Costa Rica, por los Gobiernos de 24 países, este será el primer tratado vinculante en la región que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.
Por lo tanto, la ratificación y aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú ayudará a mantener a salvo y bien informados a quienes defienden el medio ambiente en la región más peligrosa del mundo para los activistas medioambientales. Asimismo, garantizará que se escuchen las voces de todas las personas cuando se tomen decisiones que afectan al medio ambiente.
Los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.
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