A una semana de la tragedia que dejó 231 muertos en Santo Domingo, la familia de una de las víctimas formalizó una denuncia ante el Ministerio Público de República Dominicana, solicitando que se impute por homicidio involuntario a los propietarios de la discoteca Jet Set y a funcionarios estatales por presunta omisión de responsabilidades.
El reclamo legal, el primero que se presenta desde el colapso de la estructura, fue interpuesto por los parientes del primer teniente Virgilio Cruz, fallecido durante el desplome ocurrido el 8 de abril.
La querella apunta directamente contra el empresario Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López y la compañía Inversiones E y L, señalados como propietarios del local nocturno.
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}“Resulta inequívoco que hay méritos probatorios suficientes para sindicarle este delito”, sostiene el documento judicial. Los demandantes también responsabilizan al Estado dominicano por negligencia, recordando que la ley contempla la posibilidad de acciones civiles por omisiones institucionales.
El desplome, ocurrido durante una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez —quien también perdió la vida—, ha desatado una ola de indignación pública. De las 231 víctimas fatales, 221 murieron en el lugar y otras 10 en centros hospitalarios.
En respuesta, la Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación penal, paralela al peritaje técnico que realiza la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
A través de un comunicado dirigido a la Fiscalía, Antonio Espaillat aseguró estar a «entera disposición» de colaborar con las autoridades.
“Nos dirigimos a usted (…) con el propósito de manifestar nuestra entera disposición de colaborar con la justicia”, expresó en el documento, apelando al respeto institucional y al dolor compartido por las pérdidas humanas.
