Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez

AME6737. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/10/2019.- Fotografía de archivo fechada el 8 de octubre de 2019 que muestra al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez mientras llega a la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria, en Bogotá (Colombia). La Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, rechazó este miércoles la solicitud hecha por la Fiscalía de precluir el proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, por lo que se espera que la defensa apele el fallo para evitar ir a juicio. EFE/ Juan Zarama /ARCHIVO
AME6737. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/10/2019.- Fotografía de archivo fechada el 8 de octubre de 2019 que muestra al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez mientras llega a la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria, en Bogotá (Colombia). La Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, rechazó este miércoles la solicitud hecha por la Fiscalía de precluir el proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, por lo que se espera que la defensa apele el fallo para evitar ir a juicio. EFE/ Juan Zarama /ARCHIVO

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, tras aceptar una tutela interpuesta por su defensa. La decisión amparó su derecho a la libertad individual y deja sin efecto la orden de detención domiciliaria dictada por la jueza Sandra Heredia.

El fallo suspende de manera provisional el numeral cuarto de la sentencia en primera instancia que dispuso la privación de libertad inmediata contra el exmandatario, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

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La medida estará vigente mientras este mismo tribunal resuelve el recurso de apelación presentado por la defensa. Aunque Uribe podrá salir en libertad, el proceso judicial en su contra continuará y se mantiene la condena de 144 meses, junto a una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación de más de 100 meses para ejercer cargos públicos.

La tutela alegaba la vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad individual. La defensa sostuvo que el fallo inicial vulneraba estas garantías, al ordenar la detención pese a que aún está pendiente la apelación.

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