Un juez de Ecuador ordenó a la Defensoría del Pueblo investigar presuntas acciones de tortura por parte de militares en varias cárceles del país, en el marco de un estado de excepción aplicado por el gobierno desde principios de enero para poner fin a una crisis de motines en las prisiones.
El juez constitucional Manuel Peña, de la ciudad de Guayaquil, ordenó brindar atención médica ininterrumpida a los reos, según informó este domingo el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la organización que presentó un recurso de hábeas corpus sobre la situación en las prisiones.
Peña, también ordenó “dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas” y pidió a la Defensoría del Pueblo que en 45 días investigue las denuncias de presuntos “actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador”.
A su vez, exhortó “a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad”, y señaló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, debe “otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa” a los reos, quienes no tiene “porqué pagar por eso”, según el comunicado del Comité.
El pasado 9 de enero el presidente Daniel Noboa aplicó un estado de excepción y decretó el “conflicto armado interno” para frenar la espiral de violencia atribuida al crimen organizado. Esta ola de hechos violentos se dio cuando aparentemente el ejecutivo ecuatoriano se disponía a poner en marcha el denominado “Plan Fénix” contra el crimen.
La estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
