La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que suspendiera las detenciones y arrestos migratorios indiscriminados en siete condados del estado de California, entre ellos el de Los Ángeles. La medida fue emitida como respuesta a una demanda presentada por grupos defensores de los inmigrantes, quienes denunciaron una serie de prácticas sistemáticas de perfil racial durante las redadas en el sur del estado.
La acción legal fue introducida ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por parte de varias organizaciones y personas afectadas, incluyendo tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de los demandantes afirmó haber sido retenido por las autoridades migratorias incluso después de mostrar su identificación válida.
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Los demandantes acusaron al gobierno federal de realizar arrestos sin órdenes judiciales, detener personas por su color de piel y negar acceso a asistencia legal a los migrantes recluidos en una instalación de detención ubicada en el centro de Los Ángeles.
En respuesta a estos señalamientos, Frimpong emitió una orden de emergencia que restringió de forma temporal el accionar del gobierno mientras avanza el caso. La magistrada también prohibió, en una orden separada, que las autoridades migratorias limiten el acceso de abogados al recinto donde se encuentran los inmigrantes, luego de una solicitud presentada por la organización legal sin fines de lucro Public Counsel.
Durante la audiencia, los abogados argumentaron que las acciones del gobierno violaban derechos constitucionales protegidos por la Cuarta y la Quinta Enmienda. En su decisión, Frimpong señaló que existía una “montaña de evidencia” que respaldaba las acusaciones contra las autoridades federales.
La Casa Blanca reaccionó horas después del fallo, rechazando la decisión judicial. “Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar políticas migratorias; esa autoridad reside en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz Abigail Jackson, quien además calificó el fallo como una “grave extralimitación” que, a su juicio, debía ser corregida en instancias de apelación.
