La ONG Centro para los Defensores y a la Justicia (CDJ) contabilizó 288 agresiones contra aquellas personas que defienden los derechos humanos en Venezuela durante el primer semestre de este año.
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Entre 2017 y 2020 se registraron 2.050 agresiones, incluyendo amenazas, intimidaciones, hostigamiento, promoción de leyes restrictivas y los ataques digitales contra activistas y agrupaciones sociales, de acuerdo con Mariana Romero, abogada y miembro de la CDJ, que responsabiliza al Estado venezolano por estos hechos.
Durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI), Romero expresó su preocupación por el aumento significativo de estas agresiones contra “la defensa, promoción y exigencia de derechos”.
La abogada consideró que el Estado “no tiene una intención real de cumplir” con las 328 recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a la administración de Nicolás Maduro el año pasado.
Entre las recomendaciones de la ONU destaca la necesidad de proteger el espacio cívico y a quienes defienden los derechos humanos.
“A pesar de que la comunidad internacional tiene su mirada en Venezuela y ha exigido un entorno seguro (para el trabajo social), la respuesta del Estado sigue siendo continuar con la criminalización, la represión y el control social”, subrayó Romero.
La ONG instó a las autoridades a generar “mecanismos efectivos” para el “pleno y libre” ejercicio de acciones de defensa y acción humanitaria en el país sudamericano.
