Durante una audiencia celebrada en el 193° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones internacionales denunciaron la continuidad de una “política de represión sistemática” por parte del Estado venezolano contra defensores de derechos humanos, opositores y periodistas.
Ramiro Orías, de la Fundación para el Debido Proceso, denunció que funcionarios de seguridad exigieron pagos para liberar detenidos en puntos de control y que jueces han solicitado entre 700 y 15 mil dólares para excarcelar personas, bajo amenazas de imputarlos por delitos graves. “Esto ha hecho que muchas personas defensoras de derechos humanos salgan del país buscando seguridad”, expresó.
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La audiencia estuvo marcada por la ausencia de organizaciones locales, muchas de las cuales decidieron no participar por temor a represalias. “Uno de los patrones más graves es el uso sistemático de la desaparición forzada, seguida de detenciones arbitrarias con acusaciones falsas y sin orden judicial”, detalló Donovan Ortegas, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) quien además alertó sobre torturas, restricciones a la defensa legal y la negación de atención médica y alimentos a los detenidos.
La directora de WOLA para Venezuela, Laura Dib, advirtió sobre la creación de un marco normativo que busca intimidar a la sociedad civil. “La ley de fiscalización de ONG vulnera la libertad de asociación, establece sanciones y ha llevado al cierre o paralización del 63,4% de las organizaciones”, alertó. También reveló que funcionarios del Sebin han visitado oficinas de ONG registradas como una forma de intimidación.
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👉🏽 Organizaciones internacionales ahondaron en la persistencia de una política de represión sistemática por parte del Estado hacia toda persona considerada disidente, motivo… pic.twitter.com/Y0T0tNq03i
— CIDH – IACHR (@CIDH) July 25, 2025
“El espacio cívico venezolano debe ser resguardado”, advierten
Florencia Reggiardo, de CEJIL, subrayó que la represión se agravó tras las elecciones del 28 de julio y pidió a la CIDH fortalecer las medidas cautelares y aumentar la presión internacional. “El espacio cívico venezolano merece ser visualizado y resguardado. Venezuela atraviesa una de las crisis más prolongadas de la región y merece respuestas firmes”, sostuvo.
El comisionado de la CIDH, Stuardo Ralón, denunció que el Estado impide el ingreso de la Comisión al país, lo que limita el acompañamiento directo a las víctimas. Por su parte, Isabel Carlotta, del Robert F. Kennedy Human Rights, recordó que desde 2014 se han registrado más de 18.000 detenciones por motivos políticos y que actualmente hay 853 presos políticos. “Las personas defensoras de DD. HH. son catalogadas como enemigos y tildadas de terroristas”, advirtió.
