La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU acusó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela de sostener, por más de 10 años, un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad.
En su nuevo informe, los investigadores ubican a la GNB entre los organismos “implicados en la comisión de graves violaciones”, señalando que su estructura operativa permitió abusos prolongados sin mecanismos internos de supervisión. El documento detalla responsabilidades directas en homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y agresiones sexuales durante protestas y acciones de persecución política.
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La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que los hallazgos reflejan “un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales”, una práctica que —según la ONU— se ha mantenido con el paso de los años. El informe destaca además que “casi todas las personas identificadas continúan ocupando cargos dentro de la GNB” y advierte que la doctrina oficial combina funciones militares y civiles, favoreciendo la militarización de la seguridad ciudadana.
Ese enfoque habría llevado a que las protestas fueran tratadas como amenazas internas. La Misión señaló que “funcionarios de la GNB hicieron uso desproporcionado de la fuerza”, responsabilizándolos por disparos contra manifestantes y por el uso indebido de armamento y proyectiles modificados para causar mayor daño, hechos verificados en las manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024.
El informe también documenta persecución política selectiva
Según la investigación, la GNB fue “el cuerpo de seguridad que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos”, además de tener un rol clave en los operativos de la llamada “Operación Tun Tun”, utilizados para detener opositores sin pruebas. Dentro de este mismo patrón, la Misión registró agresiones sexuales, amenazas de violación y abusos contra menores, al advertir que “las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual […] no fueron incidentes aislados”.
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La ONU alertó que estas violaciones se sostienen sobre una estructura de impunidad que bloquea cualquier esfuerzo de justicia. El informe recalca que no existe información pública que permita medir avances reales en las investigaciones, mientras se mantienen “fallas sistemáticas” como manipulación de evidencia, falta de cooperación institucional y la exclusión de mandos medios y altos de los procesos judiciales.
La Misión concluyó que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB, junto a autoridades militares y políticas, podrían tener responsabilidad penal conforme al Estatuto de Roma. También recordó que la situación de Venezuela permanece bajo examen de la Corte Penal Internacional desde 2018 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en protestas y operativos de seguridad.
