El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las mujeres privadas de libertad por protestas postelectorales «no tienen acceso al servicio público» y son «torturadas física y psicológicamente».
Al menos 70 mujeres permanecen recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, ubicado en el estado Miranda, donde están divididas en grupos de 10 en cada celda y “solo le dan un tobo de agua para que todas puedan satisfacer sus necesidades básicas y de higiene”.
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“Durante el día son presuntamente maltratadas por la directora del recinto, quien les echa agua fría y las califica y estigmatiza como terroristas, además de torturarlas porque continuamente les afirma que pasarán mucho tiempo en privación de libertad”, informaron a la OVP, fuentes extraoficiales bajo el anonimato.
También alertaron que las mujeres visitantes son “sometidas a requisas de naturales invasiva” y son obligadas a cumplir un parámetro de vestimenta para poder ingresar al centro.
“Deben desnudarse y agacharse para que una custodia revise sus partes íntimas. Igualmente, son obligadas a cumplir con unos parámetros de vestimenta como franela o camisa blanca, pantalones tipo jean y sandalias”, resaltaron.
Por lo tanto, reportaron “irregularidades en el proceso judicial”, aseverando que en varios casos “no han podido encontrar expedientes de las detenidas ni ingresos en el sistema correspondiente”.
“Esta falta de documentación resulta inaceptable, especialmente cuando las personas detenidas ya han sido presentadas ante un Tribunal en función de control, por lo que el mismo debería disponer de un expediente que refleje las actuaciones realizadas hasta la fecha (…) Al requerir información, la respuesta recibida ha sido: “aún estamos a la espera de la lista de personas presentadas”, sin ofrecer una respuesta clara a los abogados y familiares”, expresaron.
Asimismo, la OVP informó que denunciara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH.
