243 parlamentarios de 12 países latinoamericanos manifestaron su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) por la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
Los legisladores pertenecientes a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado respaldando la investigación de la Fiscalía de la CPI.
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De acuerdo con el texto, entre los hechos cometidos supuestamente por la administración de Nicolás Maduro, se incluyen “graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas”.
El pasado 1 de marzo, los jueves de la Sala de Apelaciones de la CPI confirmaron por unanimidad la sentencia del pasado 27 de junio 2023 que autorizó al fiscal general del organismo, Karim Khan, a reanudar la investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela.
“La decisión de la Sala de Apelaciones es adoptado por unanimidad. Ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada”, afirmó Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones.
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La decisión fue celebrada por la ONG Foro Penal, que sostuvo que con ello se “ratifica el criterio ya establecido por la Sala de Cuestiones Preliminares de la misma corte, de continuar la investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela que lleva la fiscalía de esa corte”.
La administración de Nicolás Maduro, por su parte, rechazó la decisión y aseguró que más bien es una acción que “responde a la intento de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos”.
