La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el canciller, Álvaro Leyva, por el “presunto desacato” a la suspensión provisional que esta misma oficina le dictó por posibles irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.
El órgano público, que suspendió a Leyva el pasado 24 de enero, consideró que el canciller no acató esta decisión ya que ha seguido en sus funciones y el presidente colombiano, Gustavo Petro, no ha ordenado un reemplazo.
“El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata”, señaló hoy el Ministerio Fiscal en un comunicado.
La Procuraduría revisará “las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes”.
De ahí determinará si los hechos pueden ser constitutivos de falta disciplinaria o “si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.
Tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, la empresa anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,8 millones de dólares, al cambio de este miércoles), según reseñó la agencia de noticias EFE.
Por haber podido incurrir en dos faltas disciplinarias, al extralimitarse en sus funciones al declarar desierto el proceso y luego decretar la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad, la procuradora, Margarita Cabello, anunció en enero su suspensión por tres meses.
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