Autoridades de Japón avanzan en los preparativos para el funeral de Estado del ex primer ministro Shinzo Abe, que se llevará a cabo este martes, con un gran despliegue de seguridad de más de 20.000 agentes y militares.
La ceremonia se desarrollará mientras continúan las protestas contra su celebración. Sin embargo, se estima que más de 4.000 mil personas, unos 700 representantes de 217 países y diferentes organizaciones internacionales, asistan al pabellón Nippon Budokan de Tokio.
Lea también: Giorgia Meloni fue electa primer ministro de Italia y afirmó que va “a gobernar para todos”
Entre los asistentes internacionales se encuentran la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero; el primer ministro indio, Narendra Modi; o los cancilleres de México y El Salvador, Marcelo Ebrard y Alexandra Hill, entre otros.
Para el público en general se instalará un área de ofrenda floral en el cercano parque Kudanzaka que permanecerá abierto entre las 10:00 y las 16:00, hora local.
Como parte de las medidas de seguridad, taquillas y estaciones céntricas fueron selladas para evitar cualquier ataque o atentado en la zona como en eventos anteriores. De igual forma, varias autopistas y calles estarán habilitadas solo para uso exclusivo de invitados, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Tokio.
Se espera que los actos fúnebres se prolonguen por una hora y media, iniciando con una intervención del portavoz del Gobierno, Hirokazu Matsuno, seguido por el himno nacional y un minuto de silencio.
Posteriormente, se proyectará un material audiovisual sobre la biografía de Abe, seguido de varias intervenciones de personajes políticos del país asiatico, entre ellos el ex primer ministro Yoshihide Suga, quien dimitió al cargo en 2020.
Controversia y protestas
Más de 13.000 personas han protagonizado manifestaciones desde que el primer ministro Fumio Kishida anunció los planes para celebrar el funeral de Abe, pues rechazan su participación política en el Gobierno y rechazan el desembolso público anunciado de unos 12 millones de euros.
