En España se profundizan las diferencias políticas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél

Protesters march during a demonstration against the imprisonment of Spanish rapper Pablo Hasel in Madrid on February 17, 2021. - Fifteen protesters were arrested and more than 30 people were hurt during overnight clashes with police in Catalonia following the jailing of a Spanish rapper over tweets insulting police and the monarchy, officials said. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

El portavoz de la organización Juventud para Cristo de Barcelona, JpC, Jordi Martí, lamentó que España sea el país que más raperos ha encarcelado y afirmó que ir a favor de la libertad de expresión no es cuestión de derecha o de izquierda, sino de humanidad.

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En la misma línea se pronunció la concejal de ERC Elisenda Alamany, insistiendo en que en España no existe una democracia plena cuando hay artistas en prisión y cuando hay una judicatura más propia de otra época.

La discusión es sobre el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, sobre lo cual JpC logró la aceptación por parte de la Comisión de Presidencial de Barcelona que se condene la pena de prisión impuesta al artista y a modificar el Código Penal para evitar que los delitos relacionados con la libertad de expresión impliquen una pena de cárcel.

El acuerdo incluye una enmienda en el texto en la que se pide que se promueva una modificación del Código Penal para que “los delitos relacionados con la libertad de expresión solo se sancionen si suponen claramente un riesgo para el orden público o inciten la violencia pero que en ningún caso impliquen pena de cárcel”.

Con esta proposición, JpC también quiere instar al Gobierno municipal a no invisibilizar la represión» en el espacio público con la restitución del mural en apoyo al cantante y crítico con el Rey emérito que se borró en el parque de les Tres Xemeneies.

Pero en Madrid hay otro escenario. El grupo de Ciudadanos envió a todos los demás partidos el texto de una declaración institucional condenando los disturbios, pero al no tener un acuerdo unánime no fue leído.

Desde Ciudadanos criticaron que Unidas Podemos y Más Madrid se hayan negado a apoyar este texto, que finalmente no fue leído en el pleno de la Asamblea.

Los disturbios, que han sido expresamente rechazados por PSOE, PP, Cs y Vox, han centrado los debates entre los políticos en el pleno del parlamento regional. La jefa del Ejecutivo madrileño Isabel Díaz Ayuso, dijo directamente a la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, “les pregunto si ustedes apoyan a alguien que dice que le gustaría que a los peperos nos pegaran un tiro en la nuca. Cómo le hubiera gustado a usted bajar a la calle y ser uno de los que agredían a los policías”.

A esto, la portavoz de Unidas Podemos le contestó que, “siempre estamos a favor de las movilizaciones pacíficas. Yo le pregunto qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona con una bala”, y agregó afirmando que “las movilizaciones antifascistas y a favor de la libertad de expresión son las que han permitido los avances democráticos”.

En cambio, la declaración institucional, recuerda que la Constitución Española consagra el derecho a la libertad de expresión y el de reunión pacífica, aunque estos derechos “no son absolutos en el sentido de la doctrina constitucional. Lamenta los graves disturbios provocados por individuos que asistieron a la manifestación, que desbordaron el derecho de reunión y la legítima expresión de la opinión y de la discrepancia para convertirse en un atentado contra el orden, la convivencia y la seguridad ciudadana”.

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