La Justicia venezolana entregó este lunes al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, la sede del diario El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por “daño moral” de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político.
“En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (…) le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello”, publicó el medio de comunicación.
Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el dirigente era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.
El diario, con casi 80 años de historia desde su fundación, apuntó contra la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general Elvis Amoroso, como la responsable judicial de la entrega de la propiedad a Cabello.
El gerente general de El Nacional, Jorge Makrionitis, explicó que se trata de un procedimiento irregular que atenta contra la libertad de expresión y que implica la “pérdida” total del inmueble.
“En el remate del edifico nunca se hizo una licitación pública, que es lo que se hace normalmente, y acá lo que se hizo fue una adjudicación. Esa es otra irregularidad más del caso, pero ya, para este momento, en términos concretos, el inmueble se perdió por completo y se entrega al demandante”, dijo.
Makrionitis explicó que no saben con “exactitud” si la entrega comprendió “efectivo como forma de pago” o la entrega oficial del inmueble al demandante, pero que es un hecho “que fue ejecutado y adjudicado”.
“Es otra vez un tribunal desafiante que, en medio de un momento crítico para Venezuela como estamos con la investigación de la (Corte Penal Internacional) CPI, vuelven a hacer un ataque desmedido a la libertad de expresión que es un derecho humano fundamental”, apostilló.
Con información de EFE
