La administración de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que rechaza el último informe recientemente publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al catalogar su contenido como falaz y de origen tendencioso.
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También expresó que en aras de seguir intensificando la cooperación con esta oficina, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con esta entidad.
La misiva denunció que el informe ha sido impulsado por el gobierno de Estados Unidos y un “minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que buscan un cambio de régimen en Venezuela”.
El comunicado considera que el informe de Bachelet se sustenta en informaciones particulares con “motivaciones desconocidas”, y que presuntamente no fueron contrastadas con autoridades de la administración de Maduro.
Finalmente, y pese al reconocimiento de la Oficina de la ONU a la administración de Maduro por los “esfuerzos” en la consecución de la justicia de algunos casos, como el de Juan Pablo Pernalete, el oficio especificó que el informe busca alimentar artificialmente un expediente ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de desestabilizar al país.
Ante esto, Elvira y José Gregorio Pernalete, padres del joven venezolano Juan Pablo Pernalete, asesinado durante las protestas sociales de 2017 contra Nicolás Maduro, manifestaron su descontento con el informe porque entienden que, tanto la administración de Maduro como Acnudh, tratan el caso “como uno aislado del ataque sistemático al que fue sometida la población civil”.
El informe publicado por la alta comisionada en días recientes, reseñó que bajo la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, la población y las disidencias políticas siguen sufriendo abusos y torturas.
Además, denunció en uno de sus apartados el irrespeto a la libertad de expresión luego que al menos cinco emisoras de radio y canales de televisión fuesen clausurados, caso específico el de este canal, VPItv, que fue citado en dicho en informe.
Este lunes, ante el consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bachelet expresó que su oficina documentó 97 incidentes contra personas defensoras de los derechos humanos. En la alocución se hizo mención a la detención de Javier Tarazona y dos miembros más de la organización FundaRedes, y solicitó “el acceso urgente de abogados defensores de su elección”.
