La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Ligia Bolívar, advirtió que “el deterioro de la situación económica, social y política seguirá forzando a miles de compatriotas a abandonar el territorio” nacional, por lo que pidió a los organismos humanitarios internacionales “apoyar a los países de la región con soluciones duraderas, que protejan a las poblaciones más vulnerables”.
A su juicio, constituye un hecho de suma importancia el que “organismos como la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hayan pronunciado públicamente, exhortando a los países de la región a dictar medidas especiales que protejan a los miles de venezolanos que están cruzando diariamente las fronteras”.
La también socióloga y activista está convencida de que las declaraciones “no solo reflejan la alarma que ha generado esta situación en la opinión pública internacional, sino que confirman la gravedad de un fenómeno inédito en la historia venezolana”.
“Aunque las declaraciones no son de carácter vinculante, la ACNUR y la CIDH están admitiendo que en Venezuela hay una crisis que va más allá de lo político, que está afectando la capacidad de las personas para asegurar su subsistencia en el país. Sin decirlo, la directriz reconoce que los venezolanos se están enfrentando a una crisis humanitaria y que merecen protección internacional”, expresó.
Bolívar aseguró que “el CDH-UCAB tiene tres años advirtiendo que esto ocurriría”, luego de trabajar desde 1998 en la asistencia integral de inmigrantes y refugiados que venían al país, “y ver cómo la realidad en esta materia fue cambiando”.
“En los primeros 15 años, nuestra labor se orientó a la atención jurídica y psicológica de personas que venían a Venezuela como solicitantes de refugio (principalmente de Colombia), así como a la procura de políticas públicas para los migrantes y sus familias. Durante ese período Venezuela era un país receptor, pero desde hace tres años comenzamos a observar una inversión del flujo migratorio. Venezuela dejó de ser un país receptor, para convertirse en un país productor de migrantes, y eso nos hizo revisar nuestras estrategias y enfoques para atender esta nueva realidad”, explicó.
Estampida alarmante
Según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi), entre 2012 y 2017 más de 815 mil personas salieron del país, y 80% lo hizo en los últimos dos años de ese período. Además, 12 de cada 100 emigrantes venezolanos son de los sectores más pobres.
Por ello Bolívar echó mano de otros datos, para advertir que en los últimos cuatro años “el flujo migratorio nacional ha crecido de manera exponencial”.
“De acuerdo a Aikatarina Kitidi, portavoz de ACNUR, el número de venezolanos que buscan asilo en el mundo ha aumentado un 2000% desde 2014, al pasar de 4.040 casos en 2014 a más de 94.000 en 2017. Pero más allá de las cifras macro, hay datos que indican la magnitud del impacto de este fenómeno en los países vecinos: En Boa Vista, Brasil, 1 de cada 10 habitantes es venezolano; en Aruba, 5% de la población es venezolana, y en Perú, nada más en enero ingresaron diariamente 1000 venezolanos por la frontera ecuatoriana. Estas son cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR”, alertó.
La experta también consideró preocupante que entre los expatriados nacionales, cada vez haya más personas en la categoría de migrantes forzosos.
“A diferencia del migrante que lo hace por voluntad propia, el refugiado sale de manera forzosa y tiene un temor fundado de regresar al país porque puede sufrir daños irreparables a su vida o integridad física. En Venezuela tenemos una migración mixta que incluye personas que aspiran mejorar su nivel de vida, pero también personas que han sido perseguidas por motivos políticos, y personas que se sienten vulnerables a causa de las carencias de alimentos y medicamentos o tras haber sido víctimas de un secuestro, de un robo violento o del homicidio de un familiar. Hoy en día hay algo de migración voluntaria, pero hay mucho de migración forzada”, detalló.
Para la directora del CDH-UCAB, “el recrudecimiento de estas condiciones tiene serias repercusiones sobre los derechos humanos”, lo cual a su juicio pone en el ojo del huracán “a los sectores menos preparados para defenderse”.
“Por una parte, el hecho de que la población esté saliendo por la insatisfacción de necesidades básicas,deja al descubierto la denegación de derechos humanos por parte de las autoridades. Por otra, en la medida en que los países receptores no entiendan las dimensiones del problema y las necesidades de protección de los migrantes, pueden incurrir, por acción o por omisión, en violación a sus derechos, lo cual se refleja en discriminación, ausencia de medidas especiales para poblaciones más vulnerables como mujeres, niños o indígenas, entre otras”, advirtió.
