“La gobernadora de Cojedes, Erika Farías, está precalificado delitos cuando eso es competencia del Ministerio Público una vez que se presente a los detenidos, y es competencia del tribunal admitir o no esa precalificación”.
La denuncia la hizo este martes la abogada Elenis Rodríguez desde San Carlos, la capital de dicho estado, a la cual acudió en compañía de su homólogo Carlos Aponte, para asistir legalmente a los representantes del partido Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, detenidos el pasado fin de semana por la Guardia Nacional Bolivariana cuando se aprestaban a colaborar con las jornadas de validación de firmas para el referendo revocatorio.
“La mandataria regional se ha tomado la tarea de formular argumentos, de hacer señalamientos sobre delitos supuestamente que deberían ser imputados, actuando de manera irresponsable porque ni siquiera lo ha hecho el tribunal de guardia que va a conocer la causa – el 2do de control de la entidad -, a cargo de la jueza María Merchán. En lugar de eso, debería ocuparse de Cojedes, un estado en franco deterioro”, dijo la profesional del Derecho, quien es miembro de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci).
La vocera manifestó que aún no se ha tenido acceso al expediente. “A ellos se les viola flagrantemente su derecho de ser asistidos y de hablar con sus abogados y, ahora cuando ya se cumple el lapso legal de 48 horas, no han sido todavía presentados”, insistió.
“La gobernadora está emitiendo juicio de valor y eso lo vamos a señalar en la audiencia, y lo hace al estilo de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todos los que integran este Ejecutivo, quienes envían mensajes subliminales al Ministerio Público y a los jueces de la República, y eso debe cesar para que se actúe solo conforme a la Constitución y las leyes”,
enfatizó.
La activista de los Derechos Humanos ofreció las declaraciones luego de desplazarse al Destacamento 321 de la GNB – lugar donde fueron confinados los jóvenes tras su arresto -, donde no logró contactarlos; y en momentos en que los delegados opositores eran conducidos a cumplir con las diligencias previas al acto tribunalicio en sí, relativas a la medicatura forense, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
“Nos han dicho los funcionarios que la audiencia se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde – no pudo efectuarse en la mañana por el racionamiento eléctrico -. Hasta que no le demos lectura a las actas policiales no podemos decir de qué se trata y cuáles son los delitos que les imputan”, aclaró.
Finalmente, sobre supuestos interrogatorios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), precisó que no podría certificarlo hasta conversar sus clientes.
Con Información de Nota de Prensa.
