Este 28 de marzo se cumplen 1.000 días desde que el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, fuese detenido y acusado por los supuestos delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.
#1000DíasTrasLasRejas | Hoy se cumplen 1000 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona, defensor de DDHH y director de FundaRedes.
El Estado venezolano viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de… pic.twitter.com/t6mUYJ0Vct
— FundaREDES (@FundaREDES_) March 28, 2024
Tarazona fue aprehendido junto a su hermano Rafael y al abogado Juan de Dios García el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar.
Su hermano y García fueron liberados bajo régimen de presentación el 26 de octubre de 2021, pero a Tarazona no se la ha permitido beneficio alguno, incluso se esperaba que fuese excarcelado en diciembre de 2023 como parte del trato con el gobierno de los Estados Unidos por el canje del colombiano condenado a prisión por lavado de dinero, Alex Saab y en el que salieron a la calle seis sindicalistas presos por protestar, el presidente de Súmate, Roberto Abdul y el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez.
Fundaredes denunció que desde el momento de su detención, Tarazona ha estado sometido a retardos procesales por parte de la justicia madurista, presuntas torturas y enfrentado enfermedades como ansiedad, hipertensión y hasta covid-19, el cual nunca fue tratado y desembocó en una patología respiratoria.
Tarazona fue preso después de referirse al conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure durante marzo de 2021, el cual dejó muertos de lado y lado, al menos 3 mil personas desplazadas y múltiples denuncias de abusos a la sociedad civil por parte de los soldados venezolanos.
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la la Unión Europea han solicitado la excarcelación del activista.
