Tras un intenso debate de más de dos horas en la Asamblea Nacional, los parlamentarios decidieron remitir el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación a la comisión permanente de política interior.
La primera en intervenir fue la diputada Delsa Solórzano, quien habló del 4 de febrero y dijo que “no podemos seguir con un país dividido”.
Solórzano recordó la Amnistía otorgada a los golpistas de 1999 solicitada por las esposas de Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas.
“Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis (…) El futuro se construye desde la paz y la reconciliación“, agregó.
Sin embargo, la parlamentaria Nora Delgado (Miranda/PSUV) despotricó de esta legislación, al asegurar que “solo responde a intereses de un pequeño grupo burgués”.
Ante este planteamiento, el diputado Hernán Alemán (Zulia/MUD) afirmó que a pesar de los alegatos de Delgado esta es una ley que es una que el pueblo pide a gritos, argumento que fue mantenido su homólogo Richard Blanco (Distrito Capital/MUD).
La discusión se tornó aún más acalorada con el papel de las barras de ambos lados, tras la intervención de la parlamentaria Ilenia Medina (Distrito Capital/PPT) quien exigió a la bancada de la Unidad que esta ley no sea aprobada.
La diputada Yajaira Forero (Anzoátegui/MUD), quien es esposa el excomisario Lázaro Forero, explicó que al TSJ le corresponde valorar si la amnistía está dentro de los límites que establece la Constitución y en ese caso la comisión examinó lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Magna.
En tal sentido, aseveró que “ninguno de los presos políticos fueron acusados dentro del caso por delitos graves con DDHH, ni delitos de lesa humanidad”.
El diputado Edwin Rojas le siguió e insistió ante el Parlamento y reiteró que a su juicio la Ley de Amnistía no beneficia a Leopoldo López y Manuel Rosales.
Por otra parte, el diputado Williams Dávila (Mérida/MUD) inició su intervención con la solicitud de decretar urgencia parlamentaria para aprobar Proyecto de Ley de Amnistía y aludió que “busca revalorizar el derecho a la vida”.
La amnistía no es más que la eliminación de la responsabilidad penal de un delito y concierne directamente al Poder Legislativo. El jefe de Estado dijo que está dispuesto a vetar uno de los proyectos bandera de la oposición en el Parlamento, pese a que el artículo 187 de la Constitución establece que la AN es el ente al que le corresponde decretar amnistías.
El proyecto legislativo se presenta ante al hemiciclo de manos de la comisión especial designada para su estudio, todo en base a las propuestas hechas por el Foro Penal Venezolano y un grupo de abogados expertos en materia de derechos humanos.
La AN recibió cuatro propuestas que se unificaron en un solo proyecto para su presentación final, según adelantó Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD el pasado martes.
Gonzalo Hiomiob Santomé, director del Foro Penal y equipo redactor del proyecto, dijo que la ley beneficiaría “muchísimos” casos. Recalcó que están integrados los casos emblemáticos de los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y los inhabilitados por la Contraloría General de la República.
En entrevista con La Verdad, refirió que el instrumento legal toma en cuenta a todos los apresados durante las protestas recientes en el país. Agregó que que tan solo en materia penal, el proyecto considera entre cinco y seis mil casos, esto sin tomar en cuenta los relacionados a persecución laboral y administrativa.
Apuntó que únicamente con el paro cívico nacional de 2002 evalúan la situación de un promedio de 20 mil trabajadores que fueron despedidos de Petróleos de Venezuela.
Himiob dijo que quienes quedan exentos del beneficio de la amnistía, son aquellos incursos en delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, actos de genocidio y personas condenadas.
