La pugna entre el Parlamento venezolano, por primera vez bajo control opositor, el Gobierno y el Poder Judicial siguió hoy alimentándose tras la solicitud de prórroga del decreto de emergencia nacional promulgado por el Ejecutivo para intentar sortear el descalabro económico nacional.
La unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se instaló este domingo para declararse en “sesión permanente” hasta que decida, en no más de ocho días, aceptar o rechazar la petición del presidente Nicolás Maduro de prorrogar la vigencia del decreto que promulgó en enero pasado y que entonces fue rechazado por la mayoría parlamentaria opositora.
Pese a la definición de “sesión permanente”, el cónclave parlamentario duró pocos minutos porque de inmediato entró en receso hasta el martes, a la espera de que el Gobierno explique por qué requiere que sea prorrogada la vigencia del decreto.
Dicho decreto tuvo que ser validado en febrero por el Tribunal Supremo de Justicia tras el rechazo que recibió de la mayoría de diputados opositores, quienes por mandato constitucional deben volver a pronunciarse, esta vez sobre su prórroga por otros 60 días.
El presidente del Parlamento, el líder opositor Henry Ramos Allup, dirigió en persona la breve sesión dominical del Legislativo, que solo sirvió para declarar la “sesión permanente” e informar que Maduro les solicitó aprobar la prórroga hasta mayo del decreto que en enero declaró el estado de excepción de emergencia económica.
Ramos Allup alertó que para que el Legislativo decida se requiere de explicaciones del Ejecutivo, por lo que citó al vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, para que el mismo martes informe las razones por las cuales debe mantenerse en vigor ese decreto.
El titular del Parlamento advirtió que la solicitud entraña “un contrasentido”, toda vez que si el decreto presidencial sigue en vigor, pese a ser rechazado por los diputados, es porque así lo decidió “inconstitucionalmente” el Tribunal Supremo de Justicia.
Por ello, dijo, “lo coherente” hubiese sido que Maduro le pidiera al mismo Supremo prorrogar su decreto, pero ya que optó por pedírselo a los diputados entonces será -evaluó- “porque ahora sí está dispuesto a informar” al respecto.
El Gobierno alegó en enero razones de “seguridad nacional” para requerir que los diputados recibieran las informaciones sin presencia de periodistas y, ante la negativa del Legislativo, Istúriz optó por citarlos a su despacho, lo que también fue rechazado.
Si Istúriz mantiene su negativa a asistir a la AN, “¿entonces para qué enviaron el decreto aquí? ¿Por qué no lo enviaron al Tribunal Supermo de Justicia?”, se preguntó hoy Ramos Allup.
“Lo que pasa -prosiguió- es que las cosas tienen su propia inercia y tuvieron que mandar el decreto aquí (a la AN pasando) por encima de la decisión absurda del TSJ (que lo validó) porque así está en la Constitución; es aquí donde se debe aprobar o negar tanto el decreto como la prórroga”, remarcó.
Ramos Allup también recordó que el Poder Judicial promulgó recientemente una sentencia que limita la comparecencia ante los diputados del vicepresidente y de los ministros de Maduro, por lo que estimó que no está claro que finalmente asistan a la AN.
Al respecto, el antecesor de Istúriz en la Vicepresidencia del Ejecutivo, el ahora diputado Elias Jaua, declaró hoy que los funcionarios del Ejecutivo “siempre están dispuestos a cooperar, a informar, a cumplir con lo establecido en la Constitución y en las leyes, pero no para ser parte de un circo”.
Tampoco, remarcó, “para ser parte de los negociados” de los bufetes privados de abogados desde donde, denunció, “salen ahora” las leyes, desde que la oposición tomó el control de la AN tras ganar holgadamente las elecciones parlamentarias de diciembre.
Desde entonces, reiteró Jaua, “han venido construyendo un ‘paquetazo neoliberal’ con legislaciones elaboradas por bufetes que representan a empresas privatizadoras, comercializadoras de oro, empresas de casas de cambio” y, además, supuestamente “relacionados” con funcionarios de la Dirección de Consultoría Jurídica de la AN.
“Gracias a la actuación oportuna” del Supremo de Justicia, añadió el diputado oficialista, el Gobierno de Maduro “sigue trabajando con el sector productivo honesto, con los trabajadores, con el pueblo” para “restituir plenamente el derecho a la alimentación y a las medicinas”, productos que escasean en los mercados venezolanos.
“El vicepresidente y los ministros explicarán en detalle y sabrán defender el derecho del pueblo venezolano a que el Gobierno actúe en función de su protección”, pero “no estamos dispuestos a que se arme un ‘show’” como aconteció en enero, advirtió Jaua.
