El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga como desaparición forzada el caso de los 250 venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La medida, según informó Univision Noticias, afectó a migrantes como Franco José Caraballo, cuyo paradero es desconocido desde el 15 de marzo tras su expulsión desde Texas. Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, envió el 11 de junio una carta al abogado de inmigración Martin Rosenow —representante legal de Caraballo— para informar que el caso está bajo revisión.
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Según apuntó Univisión, la última vez que la familia tuvo contacto con el venezolano fue el 14 de marzo, cuando llamó a su esposa llorando para advertirle: “Lo iban a deportar a Venezuela. No tenía idea de que lo iban a enviar a El Salvador”. Rosenow relató que explicó a los familiares que el migrante posiblemente sería trasladado a otro centro de detención del ICE. Sin embargo, al día siguiente, al buscar su ubicación en el sistema digital de la agencia, no encontraron registros.
Esa desaparición de datos coincidió con el despegue de los vuelos hacia territorio salvadoreño. “Cuando yo me entero de que lo habían montado en un avión el viernes, yo dije: ‘No puede ser que lo estén deportando, porque él todavía tiene su proceso pendiente y no puede ser deportado legalmente sin tener una orden de deportación’”, aseguró el abogado a Univision Noticias.
El gobierno estadounidense pidió cerrar el caso de asilo de Caraballo a finales de abril bajo el argumento de que ya no estaba presente en el país, y el juez aceptó. Rosenow apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero todavía no ha recibido respuesta. Según la organización Together and Free, más de una docena de solicitudes de protección fueron desestimadas tras peticiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Denuncian trato inhumano y falta de información sobre su paradero
El Grupo de Trabajo de la ONU confirmó que, durante su última sesión celebrada entre abril y mayo en Tailandia, revisaron 125 denuncias de desapariciones forzadas, incluidas las vinculadas a El Salvador. Además, un informe sobre las “deportaciones ilegales desde Estados Unidos” fue entregado a ese país. Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni salvadoreñas han respondido sobre el paradero de Caraballo, aunque una lista publicada por CBS News el 20 de marzo sugiere que habría sido enviado al Cecot.
Dos días después de su traslado, el gobierno presentó la planilla I-213 en la corte de inmigración, donde alegó que, por sus tatuajes, Caraballo fue identificado como miembro activo del Tren de Aragua, organización señalada como terrorista por Trump al inicio de su segundo mandato. Sin embargo, Rosenow afirma que su cliente no tuvo oportunidad de defenderse ni “rebatir esas acusaciones. Tampoco pudo oponerse a su expulsión a El Salvador”.
Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se incurre en este delito cuando una persona es detenida por agentes estatales o con su respaldo, y luego se oculta su paradero, privándola de protección legal. “Están sufriendo una forma penal injusta, inusual, casi que una tortura”, sentenció Rosenow, quien aún espera tener noticias de su defendido.
