En Venezuela, la escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra los defensores de Derechos Humanos está en aumento.
Se trata de una política de estado adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro para amedrentar a aquellos he han venido documentando los Crímenes de Lesa Humanidad que investiga la Corte Penal Internacional.
Ante estos hechos conversamos con Clara Ramírez, quien la directora de FUNDAREDES; Beatriz “Bibi” Borges, directora Ejecutiva CEPAZ y Marino Alvarado, Investigador PROVEA, sobre lo riesgoso que es ejercer su función en el país y sobre el caso de José Javier Tarazona quien cumplió 8 meses en prisión.
Ramírez comienza destacando que, aunque los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios fueron excarcelados, ambos no gozan de libertad plena, pues debe acudir cada ocho días a presentarse al tribunal contra terrorismo del área metropolitana de Caracas.
Mientras que Javier Tarazona aún permanece detenido en la sede del Helicoide, donde ha sido sometido a “torturas”, mencionó.
#Perspectivas con @gabyperozo | Clara Ramírez, directora de Fundaredes: "Sin lugar a duda, el tema de esta detención arbitraría de Javier Tarazona es un mensaje. Es la materialización efectiva de las amenazas" #3Mar
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— VPItv (@VPITV) March 3, 2022
Ella hace un recuentro de cómo se llevó a cabo la detención de este último. Señala que comenzaron a recibir amenazas por parte del gobierno desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021, para un total de 11. “Y el 2 de julio se concretaron dichas amenazas, pues desaparecieron por más de 30 horas a Javier Tarazona”.
Continúa explicando que “el tema de esta detención arbitraría de Javier Tarazona es un mensaje. Es la materialización efectiva de las amenazas“, concreta.
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