Diego Area, director asociado de Atlantic Council, aseguró que, lo que actualmente es visto como un modelo criminal, promovido desde Venezuela, se institucionalizó desde el año 2005 y su autor fue el expresidente Hugo Chávez, quien hizo uso de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa).

En un programa especial de Perspectivas, conducido por Gabriela Perozo, Area explicó que el régimen de Nicolás Maduro está representando por una alianza de «actores estatales y no estatales» que operan en convenio con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales.

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«Esto son 20 años de corrupción muy profunda. Ha permeado en la sociedad y es muy complejo entender quienes son los buenos, y quienes son los malos», puntualizó.

El consultor también señaló que Hugo Chávez fue «el gran promotor» de la relación entre Venezuela e Irán, lo que debe significar una alarma, para Estados Unidos y el mundo occidental.

Entrevista completa:

La organización de Iniciativa Democrática de España y las Américas, conformada por los exjefes de Estado y Gobierno, rechazaron este viernes los crímenes de lesa humanidad de la administración de Nicolás Maduro reflejados en el informe de la Misión Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A través de un comunicado, la institución catalogó como «asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes» los patrones que hubo en los 223 casos documentados en el informe y las 2.891 violaciones a los DDHH.

Asimismo, señalaron el trato que han tenido los presos políticos y militares y las torturas que sufrieron. » Al igual que la Misión, instamos a la Corte Penal Internacional a cumplir con sus deberes, frente a las víctimas, de justicia y reparación oportunas», dice el comunicado.

Quienes firmaron el comunicado fueron Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Barletta de Panamá, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Eduardo Frei de Chile, Vicente Fox de México, Felipe González de España, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Balladares de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Julio María Sanguinetti de Uruguay, Luis Guillermo Solís Rivera de Costa Rica, Álvaro Uribe de Colombia y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay.

El Congreso de diputados de España aprobó este jueves un acuerdo que condena a la administración de Nicolás Maduro por los crímenes de lesa de humanidad.

La iniciativa fue propuesta por el Partido Popular (PP), donde se aprobó con 29 votos a favor especificó que las razones de esto se debe a las violaciones de los derechos civiles y democráticos, pidiendo la autonomía de los partidos políticos para las próximas elecciones parlamentarias.

También, en el acuerdo, instaron a designar nuevos responsables en el Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional para así celebrar comicios. Ratifican al diputado Juan Gerardo Guaidó como líder del país.

Además, también instan al gobierno de España a tener negociaciones y cooperación con la presidencia encargada en materia democrática y sobre Derechos Humanos y de tener una respuesta contundente sobre las acusaciones del equipo de Maduro.

Dentro del acuerdo también esta el respaldo de las sanciones de la Unión Europea a integrantes de la administración de Maduro. Por último, también se le exige al gobierno de Pedro Sánchez promover la democracia mediante elecciones libres y transparentes en Venezuela.

El canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, anunció, este miércoles, que entregará, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe en el que se desmiente y rechaza el reporte presentado, la semana pasada, por la Misión Internacional de Verificación de Hechos de la propia ONU.

Ese texto, divulgado de forma anticipada el pasado miércoles y presentado, de manera formal, este 23 de septiembre, acusa a los órganos de seguridad leales a Nicolás Maduro de cometer crímenes que violan los derechos humanos.

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Ante esa realidad, Arreaza aseguró que «ninguna instancia de las Naciones Unidas ha votado por aprobar dicho texto». El funcionario de Maduro agregó que, desde el gobierno usurpador, no pueden «avalar un ataque de esta magnitud».

Por su parte, el fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, indicó que «la supuesta comisión que realizó el texto no dirigió, ni por cortesía, una comunicación al Ministerio Público».

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Nicolás Maduro, Maikel Moreno, aseguró este lunes que el informe independiente de la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es una «franca manipulación» y se ha hecho un «uso indebido del sistema internacional de Derechos Humanos».

Así lo anunció en una rueda de prensa transmitida por VTV, donde aseguró que el Grupo de Lima busca usar los DDHH como una herramienta política en contra de la administración de Nicolás Maduro.

«El informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en suposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio fundamental de la transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, dijo.

Diputados a la Asamblea Nacional reaccionaron este sábado a las declaraciones de la administración de Nicolás Maduro con respecto al informe de la Misión Independiente de Determinación de Hecho de las Naciones Unidas sobre Venezuela.

A través de una rueda de prensa, el canciller Jorge Arreaza y el fiscal general, Tarek William Saab, aseguraron que quienes lo emitieron son unos «mercenarios» y que tal escrito tiene una «metodología fuera de todo rigor», que obstaculiza todo intento de diálogo entre ellos y la presidencia encargada.

Por esta razón, la parlamentaria Delsa Solórzano aseguró a través de su cuenta en Twitter que sus declaraciones «pone en evidencia lo que señala el informe DDHH-ONU: cometen y amparan violaciones DDHH para seguir obteniendo beneficios económicos». Asimismo, hizo referencia a la cláusula 116 del texto emitido que especifica la necesidad de tener una investigación más profunda sobre la relación entre la corrupción y las violaciones de esta índole.

Por otro lado, el diputado Miguel Pizzarro -y también comisionado especial de la presidencia encargada para las Naciones Unidas y Ayuda Humanitaria- calificó como «vergüenza» el discurso de Arreaza y Saab. «Cuando los acusan de violadores de DDHH y su argumento es que es un informe producto de una guerra que solo existe en su cabeza es porque no tienen forma alguna de probar lo contrario», publicó en su cuenta de Twitter.

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«A Arreaza, que en cada oportunidad resalta los supuestos «logros» del régimen con la oficina de la ACNUDH, le recordamos las recomendaciones del informe de
@mbachelet que han sido incumplidas. Y que fue el mismo CDDHH el que dio el mandato a la FFM. No se puede ser doble moral», señaló Pizarro mientras indicaba que con Saab hay una «falla terrible», ya que este rechazó la conformación de la misión y su invitación el 2 de diciembre del 2019.

«Ambas declaraciones son una burla a las víctimas», dijo.

Por otro lado, el embajador en Colombia, Tomas Guanipa, aseguró que esto es solo otro intento más de la administración de Nicolás Maduro de desvirtuar el informe. “La dictadura en vocería de Arreaza usa la mentira para desvirtuar el Informe Independiente de Determinación de Hechos. Nicolás Maduro y su régimen han cometido crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos”, precisó.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que el informe de la «Misión Internacional de Determinación de Hechos» de la ONU, representa un «avance en la búsqueda de justicia» de las víctimas de Derechos Humanos en Venezuela.

«(El informe) corrobora la existencia de una política sistemática, de Estado, no solamente para violar  Derechos Humanos, sino para luego encubrir sus delitos», manifestó a través de un audiovisual, el defensor de los Derechos Humanos.

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Uzcátegui también explicó que en este esquema de violaciones se ven inmiscuidos diferentes instituciones del Estado: Presidencia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Justicia y la Fiscalía General. Incluyó a la Defensoría del Pueblo por «omitir y encubrir» los delitos.

Video completo:

A través de un petitorio, ciudadanos del estado Nueva Esparta solicitan la declaratoria de persona non grata contra Dante Rivas.

El 14 de junio de 2018, la administración de Nicolás Maduro designó a Rivas como «Protector» de Nueva Esparta, tras la elección de Alfredo Díaz como gobernador de la región insular.

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En la petición, los neoespartanos rechazan «la imposición de autoridades que no han sido electas» por la población y argumentan que los protectorados alteran «la naturaleza de los preceptos en la Constitución» de la República.

Dante Rivas

La Asamblea Nacional (AN) aprobó, por unanimidad, un Proyecto de Acuerdo para no participar en las elecciones parlamentarias convocadas por la administración de Nicolás Maduro.

El documento destaca que los parlamentarios permanecen en la «búsqueda de condiciones» para que los ciudadanos puedan acudir a elecciones «libres y transparentes».

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En el texto se exhorta, a todos los sectores de la sociedad venezolana, a apoyar las fuerzas políticas opositoras, que hacen vida dentro de la AN.

Durante el debate previo a la aprobación del Proyecto, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del poder Legislativo, llamó a que se consolide una «fuerza unitaria verdadera» para reconstruir a Venezuela.

Asamblea

El inspector jefe de Fronteras que se encontraba al frente del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, cuando sucedió el «Delcygate», fue designado como ministro de Interior de España por Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, el nombramiento no ha sido confirmado en el Boletín Oficial del gobierno español, según AFP.

La porta voz del Partido Popular en asuntos de Interior, Ana Vázquez, fue la primera en relacionar la designación de Cuesta con Delcy Rodríguez.

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El inspector estuvo al frente de la llegada del avión en donde viajó a España la representante de Maduro el pasado 19 de enero, lugar donde se encontró con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

A la número dos de la administración de Maduro se le prohibió la entrada al territorio Shengen, luego de ser sancionada por la Unión Europea, desde noviembre de 2017.

El «Delcygate» se originó desde la escala que realizó Rodríguez en Madrid durante un viaje rumbo a Turquía a mediados de enero.

Hasta la fecha no se conoce el motivo del acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez, presidente de España y el régimen de Maduro.