Por: Andrea Espinoza Martínez | Arco Minero

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Amazonas, Mauligmer Baloa aseguró que las políticas de la administración de Nicolás Maduro y su presunta colaboración con guerrilleros en territorio nacional, han afectado a los indígenas y al ambiente tras las prácticas ilegales en parques nacionales y reservas forestales.

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«Nos han desplazado de nuestras tierras y están dándole permisos a las empresas privadas para explotar nuestros minerales sin consultarnos», sentenció Baloa.

Mientras el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolivar, Americo De Grazia afirmó que «el Arco Minero crece como una mancha de aceite sobre nuestro territorio. Este territorio equivale a 500 mil kilómetros cuadrados y está ocupado por grupos terroristas, auspiciados por Maduro».

De Grazia aseveró que, debido a la crisis económica, la minería ilegal cada día es más frecuente y peligrosa, “en El Dorado, una bombona de gas pequeña cuesta 4 gramos de oro, un litro de gasolina cuesta 5 dólares», detalló.

El coordinador técnico del Plan País Ambiente, Antonio De Lisio alegó que “el Arco Minero produce oro de sangre», por ello propone “retornar a las actividades que le pueden dar vida a la economía fronteriza» y así ampliar la economía en estos estados mineros.

La Organización intercultural indígena Wainkirawa, ha creado un documento para repudiar las acciones en el Arco Minero y defender el río Socuy y el Orinoco.

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La comunidad indígena explicó que han quebrado la industria de hierro y la siderúrgica así como la dirigencia obrera y los que asumen posición de «autoridad» mantienen prisioneros sin juicio y sin posibilidad de defensa, una prueba de ellos se conocen como Rubén González y Rodney Álvarez.

Sobre los pueblos indígenas de Bolívar y Amazonas, no sólo no les fueron demarcados sus territorios, sino que les han despojado de ellos y entregados a corporaciones rusas, chinas y turcas para la más atroz explotación de sus yacimientos de oro, sin importar la destrucción del Orinoco.

A través del documento la Organización explicó que las Fuezas Armadas, cuya obligación es defender la soberanía nacional, es la misma responsable de los acuerdos con las corporaciones y de garantizar la seguridad de las explotaciones.

«Por si esto fuera poco, la corporativización del Estado también implica el advenimiento a los planes corporativos de fuerzas del crimen organizado (narcotráfico, extorsión, trata de personas), cuyo papel es ejecutar operaciones de terror sobre las poblaciones a desalojar de los espacios a ser explotados», indica el documento.

Wainkirawa puntializó que han tomado la decisión de gobernar los territorios y reivindicar una soberanía.

«Desde nuestra organización, golpeada como todas las nuestras, pero dispuesta a luchar aún, decimos que el camino es gobernar los territorios y reivindicar una soberanía que este estado, este gobierno y los gobiernos rentistas del mundo han decidido entregar sacrificándonos».

La actividad minera al sur de Venezuela, que comprende la extracción de oro, coltán y diamantes en el denominado Arco Minero del Orinoco, es un negocio que está «manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas», denunció este martes la ONG Transparencia Venezuela.

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Una investigación publicada por la organización no gubernamental revela como operan bandas delictivas y grupos irregulares en las zonas mineras del país, con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro y funcionarios de las Fuerzas Armadas a quienes «les reportan ganancia mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín».

El informe titulado «Oro Mortal» además expone que los grupos denominados «sindicatos mineros» poseen estructuras criminales lideradas por «pranes». Por su parte, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también se han hecho presentes de manera violenta en dichas actividades.

Tanto hombres como mujeres de los estados Bolívar y Amazonas se dedican con más frecuencia a la minería ilegal, enfrentándose a «altos niveles de violencia y muerte», así como la enfermedad del paludismo.

Asimismo, el negocio avalado por la administración chavista ocasiona grandes daños al ecosistema en 111.843 kilómetros cuadrados y afecta el desarrollo de pueblos indígenas que viven en estos sectores, en donde entre el 70% y 90% del oro extraído sale de Venezuela de forma ilegal.

Altos funcionarios del régimen y familiares cercanos al entorno presidencial estarían involucrados en estas operaciones, en las que se envían oro a países cercanos como Colombia o lejanos como Emiratos Árabes Unidos, según Transparencia Venezuela.

El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio indicó que la minería ilegal en Latinoamérica es más representativa que el narcotráfico, y que la reproducción de esta actividad en la región sudamericana se debe a la falta de autoridades, especialmente en Venezuela, Perú y Colombia.

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En Venezuela la explotación del Arco Minero ha llevado a que grupos criminales, entre ellos la guerrilla colombiana y las Farc, sean responsables de esta actividad ilegal, según la ONG Crisis Group.

La subsecretaria de Estado adjunta para asuntos del Hemisferio Occidental, Carrie Filliepetti, indicó que 90% de la minería venezolana es ilegal.

«La extracción ilícita de estos recursos genera beneficios que ayudan a sostener el régimen ilegítimo de Maduro y deja a su paso un territorio sin ley, ingobernable y manejando por grupos armados», resaltó la funcionaria.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos (DDHH), Humberto Prado, alertó sobre un posible nuevo ataque de grupos armados y guerrilleros en contra de la comunidad indígena Parakupic, que están tomando el control del sector siete para la extracción del arco minero.

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Prado afirmó que esta información fue aportada por el capitán de la comunidad indígena mencionada, quien decidió hacer un llamado al resto de las comunidades indígenas que están en Venezuela, indicando que viven en estado de amenaza por lo que denunció esta situación.

El comisionado pidió respeto y protección a los derechos territoriales para poder asegurar la integridad y la vida de los indígenas que integran las comunidades.

Este miércoles, a través de las redes sociales, la Arquidiócesis de Caracas expresó su rotundo rechazo a los hechos ocurridos al sur del estado Bolívar.

Al menos 16 personas desaparecieron y otras seis resultaron heridas, en lo que fue una supuesta emboscada perpetrada por el grupo paramilitar colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no se han pronunciado por este atroz hecho. Sin embargo, el diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia informó sobre el hallazgo de siete cadáveres en la mina El Candado.

La Iglesia Católica exigió al Ejecutivo explicar porque existe la supuesta presencia del grupos paramilitares colombianos en la zona minera.

El diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia denunció este lunes, que al menos seis heridos y 16 fallecidos se registraron en lo que calificó como la «masacre de Bochinche» en Tumeremo, estado Bolívar.

El parlamentario detalló que la acción fue realizada por el grupo guerrillero ELN, en su paso por el Arco Minero. Asimismo, agregó que desde el Municipio Sifontes se reportó el traslado de refuerzos de más de 30 hombres fuertemente armados, de las minas de Waitó hacia Bochinche para hacerle frente al grupo paramilitar colombiano apostado en esa zona limítrofe.

De Grazia advirtió que «la historia se repite, regresa la comisión oficial sin resultados, sin respuestas, sin los cadaveres de la masacre ocurrida y perpetrada por el ELN en las minas de Los Candados vía Bochinche. Igual guion a la masacre del 2016».

El diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Flores se pronunció acerca de la crisis en el Arco Minero venezolano durante un Foro que tuvo como tema, el impacto ambiental por la explotación del área rica en recursos minerales.

El parlamento amazónico propuso defender la amazonia y denunciar la destrucción del Arco Minero del Orinoco con la explotación de minerales. «Tenemos el 20% del agua dulce del mundo y debemos cuidarla, sino pereceremos», aseguró.

Se estima que el Arco Minero cuenta con alrededor de 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

El diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Américo de Grazia, denunció una guerra en la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un jefe delincuencial (conocidos en Venezuela como «pran») que tiene por sobrenombre “Fausto”.

De Grazia explicó vía Twitter que el conflicto se debe principalmente por el control del oro en la zona del Arco Minero del Orinoco, uno de los lugares con la mayor reserva de este metal en todo el país.

El diputado también indicó que en el centro de reclusión hay una serie de protestas cívicas en contra del enfrentamiento que se desarrolla entre la FANB y el “El Bunquer de Fausto” donde, de acuerdo con De Grazia, hay presencia de helicópteros, detonaciones de bombas y disparos.

Fuente El Nacional

La diputada María Gabriela Hernández, quien presidió la subcomisión de Cambio Climático de la Asamblea Nacional, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Ambiente, no solo se contrapone a lo establecido en el Tratado de París sobre cambio climático, suscrito por el gobierno, sino que desampara aún más nuestras riquezas naturales, frente a los daños que ya está ocasionando la explotación de oro en el llamado Arco Minero.

Nnota de prensa 

En declaraciones a Prensa Unidad Venezuela, la parlamentaria recordó que Venezuela fue uno de los primeros países que suscribió el referido tratado, que entró en vigencia en noviembre de 2016, comprometiéndose con el resto de las naciones en los esfuerzos para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sus efectos sobre el cambio climático en el mundo.

Indicó que la norma ambiental atacada por el TSJ hace “un desarrollo legislativo” de la obligación que han asumido todos los países para la disminución de los gases invernadero, y para “la adaptación de las comunidades al fenómeno del cambio climático”.

“Es como una hipocresía hacia dentro y hacia el mundo, porque lo aprueba (el tratado) y cuando lo tratamos de desarrollar legislativamente para que tanto la disminución de los gases de efecto invernadero, como la adaptación, que son dos de los principales objetivos del Tratado de París, se implementen, sencillamente lo echan para atrás”, manifestó, al tiempo que recalcó que ese compromiso internacional suscrito por el gobierno ya es ley.

Manifestó que el fallo del máximo juzgado no solo contaría la política ambiental del propio gobierno, plasmada en el llamado Plan de la Patria en su quinto objetivo, sino que también estaría volteando la mirada a la hora de reconocer los daños que está produciendo en el llamado Arco Minero, con la intervención de 150 empresas trasnacionales, que representan a 35 países, en 111.843,70 kilómetros cuadrados al sur del país, extensión que alcanza el 12 por cierto de nuestro territorio.

“La devastación de nuestras riquezas naturales, el descuido, la desprotección que hay en los parques nacionales, en la infraestructura institucional para la protección de nuestras cuencas hidrográficas, de nuestros bosques, es prácticamente nula en nuestro país, más aún el tema del Arco Minero”, acotó.
Hernández argumentó que la sentencia de la instancia judicial dejó de lado intereses del país por un interés proselitista y partidista, que se traduce en el supuesto desacato de la Asamblea Nacional.

La parlamentaria también refirió que Inparques, que es la instancia del Estado que se encarga de la protección ambiental, está desmantelada “y no tiene la capacidad para hacerle frente a los incendios o a las actividades irregulares en los parques que van minando su existencia”.

Negocio vs ambiente

Precisó la diputada que la reforma ambiental aprobada por la Asamblea Nacional, que los magistrados de la más alta instancia del país declararon contraria a la Constitución, permite perseguir los delitos ambientales en cualquier momento, aunque hayan transcurrido años de su perpetración, pues los declara imprescriptibles.

No duda que la decisión busque favorecer a las empresas extranjeras que firmaron con el gobierno y que ya están actuando en el estado Bolívar, en una extensión que en su mayoría abarca parques nacionales que protegen las cuencas hidrográficas más importantes de Venezuela, “y que a su vez alimentan la estación de electricidad que nos abastece en un 60 por ciento en el país, que es El Guri”, advirtió.
“Lamentablemente el negocio alrededor de la explotación del oro es fuerte”, subrayó.

La diputada añadió que ya el año pasado se logró evidenciar que los ríos Orinoco y Caroní perdieron su caudal, por la extracción de piedras y arena, así como por la tala, situación que ya se venía registrado con una actividad que había sido considerada irregular, pero que “ahora está prácticamente legalizada”.
Dijo que las trasnacionales apostadas en las zonas protegidas están usando veneno.

“Están haciendo explotación aurífera a cielo abierto y para hacerla de ese forma se requiere de material contaminante de alto efecto, perjudicial para la vida humana y perjudicial para cualquier tipo de vida”, alertó la diputada, quien recordó que esta negociación la firmó el gobierno de Nicolás Maduro sin hacer estudio alguno del impacto ambiental.

Señaló que no se puede hacer contraloría social porque el área está militarizada y resaltó que pese a ello, existe un riesgo de seguridad nacional en la zona, pues las empresas trasnacionales han traído su propio personal para resguardar su inversión, “afectando la soberanía del país”.

Denuncia internacional

Frente al grado de indefensión en que se encuentran nuestras riquezas naturales, la diputada Hernández aseguró a Prensa Unidad Venezuela que el Parlamento comenzará a trabajar en un plan internacional de denuncia, a partir de la sentencia del TSJ.

“El tema de la mitigación y de la adaptación (al cambio climático) son dos objetivos que se establecieron, no solo en Venezuela. Son dos grandes objetivos del mundo, de la humanidad”, acotó.

Manifestó que se delinearán las actuaciones que se adelantarán a nivel internacional para poner de relieve la situación. Pidió al resto de las naciones que “pongan la vista sobre Venezuela” y que contribuyan al rescate de la institucionalidad “para que así podamos alinearnos a los objetivos mundiales de protección del ambiente”.