Sabrina Padrón, una madre venezolana que migró a Colombia, se encuentra en una disputa legal con su pareja, un policía colombiano, luego que una señora que cuidaba a las pequeñas las entregó a funcionarios de seguridad alegando que su madre las había abandonado. 

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Luego de una búsqueda para determinar el paradero de las pequeñas de seis y cuatro años, fueron encontradas en una fundación bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Según lo declarado durante una entrevista con el programa “Al Día con Sergio”, tanto Carlos Alonso Juárez, activista de los derechos humanos y Sabrina, aseguraron que este hecho ocurrió el pasado 25 de agosto, y hasta la fecha, todavía no ha recuperado a las niñas. 

Padrón se encuentra en proceso de juicio para mantener la custodia de sus hijas y poder verlas tras casi dos meses alejada de ellas. actualmente las pequeñas se encuentran en la vivienda del policía que era su pareja y no tiene derecho a verlas.

Una venezolana de 21 años, identificada como Lizbeth Araque Maldonado, fue hallada muerta dentro de una alcantarilla en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

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Según reseñó el diario colombiano “El Tiempo”, el causante del asesinato fue Rubén Darío Guzmán, un reciclador de Engativá que conoció a la víctima hace un año y posteriormente entablaron una relación amorosa. 

Guzmán reconoció que se vió con Araque en un par de ocasiones, cuando era acompañada por su hija de 1 año. Durante la amistad, el asesino le ofreció trabajo los días lunes, martes y jueves pero todo cambió el pasado 18 de agosto. 

Policía

Días antes, Rubén se trasladó a la casa de la venezolana, ubicada en Suba La Toscana, a llevarle un comedor que le iba a regalar. Allí se dio cuenta que ella no era soltera, que estaba casada y se fue del lugar sin decir nada.

El martes 18 de agosto la mujer y su hija regresaron con Guzmán, donde este le reclamó el motivo por el cual no le había revelado el matrimonio que tenía. Según su declaración, Arague le respondió que si no le parecía, con gusto se iba. La respuesta generó la molestia del homicida, donde le propinó unos disparos con su arma de fuego. 

El sujeto llevó el cuerpo de la venezolana al barrio Garcés Navas, a una media hora a pie de su vivienda. En ese punto decidió arrojar a la mujer en una alcantarilla, mientras que a la niña la abandonó cerca de la casa donde vive la familia migrante. 

Homicidio

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó este jueves las atribuciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por parte de uno de sus líderes «Uriel» en un audio filtrado, en que asumía los ataques en la ciudad de Bogotá el pasado 9 y 10 de septiembre.

“El ministerio rechaza con vehemencia las amenazas e incitaciones al terrorismo del autodenominado comandante ‘Uriel’, del frente de guerra occidental del ELN”, indicó.

Asimismo, afirmó que las fuerzas de seguridad públicas seguirán actuando bajo las órdenes de la Constitución y en contra del vandalismo y el terrorismo. En su mensaje a la nación, también rechazó la invitación de alias «Uriel» a la violencia contra los militares colombianos.

Luego que hace unas semanas se registraran unas violentas protestas en Bogotá por la agresión policial, los ciudadanos de esta ciudad volvieron a salir a las calles este lunes para rechazar las actuaciones del cuerpo de seguridad y la gestión de Iván Duque.

Fueron nueve los puntos de concentración en donde se reunieron las personas para manifestar su descontento hasta las cuatro de la tarde. Sin embargo, otras personas protestaron de manera violenta luego de la hora estipulada, dejando daños materiales.

Según el ministro de Defensa de ese país, Carlos Holmes Trujillo, los manifestantes ocasionaron daños en una entidad bancaria y en la plaza Bolívar de la ciudad de Bogotá.

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó, este domingo, las manifestaciones registradas, durante el fin de semana, en Bogotá, la capital de Colombia.

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Las protestas, que han terminado en violentos disturbios, comenzaron la semana pasada, tras la muerte de un abogado de 46 años, quien antes de perecer fue sometido brutalmente por dos agentes de la Policía Nacional.

Holmes Trujillo destacó que hay investigaciones en curso, que buscan determinar quiénes son los promotores de las acciones de calle. Esas pesquisas también buscan comprobar si oficiales de policía han hecho parte de las manifestaciones.

Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, informó que vándalos aprovecharon las protestas para perpetrar ataques con bombas molotov en varias zonas de Bogotá.

Esas arremetidas no sólo afectaron a los cuerpos de seguridad, sino que también perjudicaron a las familias cercanas a las zonas en las que se desarrollaron las revueltas.

Ana Karina García, presidenta de la ONG Juntos se Puede, detalló, en el programa “Al Día con Sergio”, que la situación de los venezolanos en la frontera entre Colombia y Venezuela es bastante “crítica”.

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«Muchos venezolanos vivían del día a día, ya que en Colombia las habitaciones se pagan diarias. Esto obligó a muchos a dirigirse a la frontera», señaló la activista.

García pidió, a los migrantes venezolanos, «quedarse en las ciudades (colombianas), donde hay albergues, que no están tan congestionados».

La máxima dirigente de Juntos Se Puede indicó que su organización trabaja con agrupaciones internacionales y con la Embajada de Venezuela en Colombia para apoyar a los venezolanos con la entrega de alimentos y otro tipo de procesos como su documentación.

El director encargado de la Policía colombiana, general Gustavo Moreno, pidió perdón en nombre de la organización, tras el fallecimiento del abogado colombiano Javier Ordóñez a manos de funcionarios de seguridad en Bogotá.

«En nombre de todos los policías de Colombia, pedimos a la familia del señor Javier Humberto Ordóñez, perdón, perdón por esas acciones que en este momento son objeto de investigación pero que de acuerdo a lo que se viene manejando, a lo que todos vimos en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia», expresó este viernes el oficial.

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El hombre, de 43 años, murió cuando dos policías le colocaron pistolas electrochoques en su cuerpo, mientras el pedía varias veces que «por favor, por favor» lo dejaran.

El hecho quedó grabado en un video, el cual se volvió viral en las redes y causó protestas en contra de lo ocurrido en la capital colombiana.

La violencia no ha parado en las calles de Bogotá. Por segunda noche consecutiva, la capital colombiana fue escenario de intensos disturbios.

Las acciones de calle, ocasionadas por la muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años que fue sometido por agentes de la Policía Nacional, han dejado un balance de 403 heridos, entre civiles y miembros de los cuerpos de seguridad.

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Sin embargo, el dato que ha generado más indignación es el de los fallecidos. Hasta 10 personas han perdido la vida, en medio de las revueltas.

Siete de las víctimas fatales eran jóvenes de entre 17 y 27 años. Todos murieron, entre miércoles y jueves, en Bogotá.

Mientras tanto, en la vecina Soacha, las autoridades reportaron el deceso de otros tres individuos.

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Durante las refriegas, los manifestantes han arremetido contra los Comandos de Acción Inmediata (CAI), módulos policiales que han sido vandalizados y atacados con piedras y objetos contundentes.

Ante los incidentes, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido serenidad. «Quiero hacer un llamado a la calma», escribió Duque, mediante su cuenta en Twitter.

En ese mensaje, el gobernante exhortó a los ciudadanos a confiar «en las instituciones (del Estado) para que, con celeridad, las autoridades esclarezcan los hechos».

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Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció el arresto de activistas, que intentaban documentar posibles violaciones a las garantías fundamentales, durante las protestas.

«En cumplimiento de nuestro mandato estamos haciendo seguimiento a los casos de los defensores y defensoras de DDHH detenidos en Bogotá y Villavicencio», escribió el organismo de Naciones Unidas en redes sociales.

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó los disturbios que se registraron, entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, en la capitalina ciudad de Bogotá.

Los incidentes vandálicos iniciaron tras la muerte de Javier Ordóñez, un ciudadano de 46 años de edad, que fue sometido por dos efectivos de la Policía Nacional.

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«El Gobierno Nacional continuará prestando la colaboración necesaria para que avance la investigación y se individualicen las responsabilidades», dijo Holmes Trujillo, este jueves.

El ministro reiteró que no se admitirá que ciudadanos pretendan estigmatizar a la Policía Nacional. A juicio del funcionario, incidentes puntuales «no pueden conducir al señalamiento general».

Al menos cinco personas murieron, entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, en medio de las protestas registradas en Bogotá, la capital de Colombia.

Los distubios fueron provocados por la muerte de Javier Humberto Ordoñez Bermúdez, un ciudadano de 44 años, que fue sometido por dos agentes de la Policía de Bogotá, por la aparente ingesta de alcohol en la calle.

El incidente fue registrado, en video, por testigos del suceso. Los oficiales involucrados fueron separados de sus cargos.

Ordóñez Bermúdez falleció en una clínica bogotana, tras el supuesto episodio de brutalidad policial.

El deceso generó intensas protestas en contra de la policía. La situación escaló hasta convertirse en severos disturbios.

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Las acciones de calle estuvieron signadas por cruentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Según la Policía Nacional de Colombia, 39 comandos fueron atacados (27 vandalizados y 12 incendiados), 21 policías sufrieron lesiones y cinco vehículos policiales fueron destruidos.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el inicio de un proceso penal, en contra de los funcionarios que habrían actuado de forma irregular.

El ministro también informó que se reforzará la fuerza policial bogotana, con 1.600 agentes. En el control de las manifestaciones también intervendrán 300 soldados del Ejército colombiano.

El Gobierno de Colombia ha ofrecido una recompensa de hasta 13.400 dólares por información que lleve a la captura de los involucrados en la muerte de las cinco personas.