Andrea Espinoza – La expresidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa aseguró que la cuarentena ha demostrado que las universidades venezolanas están “vacías, cerradas y cayéndose”.

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Sosa apuntó que la universidad para la sociedad “es una institución social, que está enmarcada en el avance para garantizar los derechos de todos” en el marco de la transición democrática y justicia transicional.

La abogada afirmó que la justicia “tiene el objetivo de recuperar la democracia para garantizar el derecho, lo que es la unión fundamental de toda una sociedad civil”, por ello “el deseo de libertad de las universidades y de los estudiantes es fundamental para una reorientación en el país”.

Sosa apuntó que “las universidades son el reflejo de un país y el pilar de la sociedad” por ello no debe verse como “un máquina para producir mano de obra, su objetivo no es económico pero en la universidad se gestan la soluciones que benefician a la nación”

Estima que “los universitarios son víctimas del régimen, la justicia transicional no se dará abasto para el nivel profundo de violencia que se vive (…) si logramos que los universidades o al menos los estudiantes se agrupen, que lleven el mensaje del cese de usurpación para así lograr la justicia transicional estaríamos dando un paso importante”

Durante el foro “Transición democrática y Justicia Transicional. Retos y desafíos: el rol de las universidades” de la plataforma Gritemos con Brío, Sosa incentivó a la creación de un espacio de encuentro con todas las autoridades universitarias para tratar las necesidades de los estudiantes.

La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cecilia Sosa, resaltó en entrevista para Alba Cecilia Mujica que la administración de Nicolás Maduro está realizando todas las acciones con el TSJ para “abordar el tema electoral para su propio beneficio para preparar unas elecciones a su medida”.

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Destacó que efectivamente se realizan negociaciones “bajo la mesa para fracturar a los diversos partidos políticos y negarle a los ciudadanos el derecho de tener un Consejo Nacional Electoral (CNE) legítimo”.

Cecilia Sosa, magistrada emérita, rechazó este jueves los ataques a la líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, quién fue golpeada el pasado miércoles, junto a diputados y líderes locales, mientras hacía un recorrido por la población de Upata en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.
Sosa expresó que el gobierno venezolano nuevamente demuestra su poca voluntad de diálogo y negociación.

Mencionó que es común observar en los voceros del Ejecutivo Nacional un doble discurso que limita cualquier tipo de entendimiento en medio de una crisis que amerita una salida urgente.

La magistrada aclaró que el hecho fortalece a los equipos de trabajo de Machado, “si la estrategia del régimen era asustar, no lo lograron, esto nos llena de más fuerza para seguir luchando por el país”, dijo.

Venezuela - Cecilia Sosa Gómez: atacaron a María Corina para sembrar miedo - VPItv

El Bloque Constitucional en conjunto con la Asociación Civil Somos Abogados y Paz Activa celebró este miércoles la primera jornada del ciclo de foros “Justicia para el Ciudadano” en las instalaciones de la Cámara de Industriales del estado Aragua.

El evento contó con la participación de los abogados Cecilia Sosa, Perkins Rocha, Milagros Betancourt y del sociólogo Luis Cedeño Villalba por parte de la Asociación Civil Paz Activa, quienes compartieron sus opiniones y propuestas acerca de la Reinsitucionalización del Sistema de Justicia en Venezuela y la Justicia transicional.

Cecilia Sosa, ex presidenta de la Corte Supremo de Justicia, estableció la necesidad de retomar la ética judicial en el sistema de justicia venezolano. “La justicia que queremos y necesita Venezuela es eficiente, erradica la política de sus decisiones y acaba con la corrupción”. Sosa estableció que “el ciudadano cuando se aproxima a la justicia lo hace por sus carencias, sin embargo con la convicción de que ésta no funciona debido a los vicios que tiene. Es tal el nivel de descomposición, que aún sin pisar un tribunal, el ciudadano sabe que no va a lograr nada”. También enfatizó que la transformación del sistema es imperante. “Sólo cuando tengamos tribunales que funcionen correctamente, se garantizarán los derechos contemplados en la Constitución”

En relación a la justicia de transición, Milagros Betancourt afirmó que “la mayoría de las experiencias internacionales parecidas al caso venezolano parten de las negociaciones y buenos oficios”. En este sentido, la abogada estableció que “los elementos esenciales de un proceso de justicia transicional comprenden el establecimiento de la verdad, la determinación de los culpables, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición”; añade que para poder lograr que los mecanismos funcionen se necesita la creación de una instancia que genere confianza en los ciudadanos.

Por su parte, Luis Cedeño Villalba, Director Ejecutivo de Paz Activa enfatizó que “en Venezuela no podemos hablar de justicia de vencedores y vencidos; para lograr la reconciliación se deben garantizar los derechos a todas las partes”

En la segunda parte del foro se conformaron mesas de trabajo con el objetivo de recoger propuestas e ideas de las diferentes organizaciones no gubernametales y factores de la sociedad civil que hacen vida en el estado Aragua.

 

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El Bloque Constitucional de Venezuela, pidió a la OEA que durante la Sesión Extraordinaria estipulada para este lunes propuso que se discuta el tema de la violación de derechos humanos como uno de los puntos principales de la reunión.

El Bloque, liderado por Cecilia Sosa y Román Duque, presentaron la solicitud a través de un documento que detalla las violaciones de los derechos humanos que han sufrido los venezolanos.

A continuación el texto completo

Bloque Constitucional de Venezuela

Caracas, 29 de abril de 2018

Excelentísimo

Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos Nosotros, CECILIA SOSA GÓMEZ y ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR, venezolanos, mayores de edad, casados, abogados, identificados en nuestro país con cédulas de identidad Nros. 2.935.735 y 2.455.372 respectivamente; actuando como miembros del Bloque Constitucional de Venezuela, organización creada con el objeto fundamental de preservar la vigencia y efectividad de la Constitución, y que se ha propuesto entre sus ejecutorias más inmediatas, la defensa de los derechos humanos vulnerados grosera y despiadadamente por el régimen que hoy domina nuestro país, hemos considerado insoslayable en esta oportunidad manifestar ante esta honorable Presidencia del Consejo Permanente, a fin de que esta información y planteamientos sean considerados en la Sesión Extraordinaria de dicho Consejo, a efectuarse en el día de mañana lunes 30 de abril del presente año, convocada por virtud de la solicitud presentada por las Misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, con el objeto de “abordar la problemática referida a la situación humanitaria que vive la población venezolana y su impacto en los países de la región”. Y, a tal efecto, observamos:

Primero: El alcance de la crisis humanitaria que vive nuestro país ha sido evaluada por diferentes organismos e instituciones nacionales y extranjeras de enormes y alarmantes proporciones, dado su exponencial y sostenido aumento, que de no ser detenido desembocará, irremediablemente, en una catástrofe humanitaria, la cual estamos en el deber de alertar y contribuir a impedir, para lo cual es indispensable la atención urgente que se preste a ella, tal como es el objeto de la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y de los mecanismos idóneos que asuma este cuerpo, que permita salvar miles de vidas.

La profundización de esta crisis cuenta con la insensatez y crueldad de un régimen que ha perdido todo respeto por los derechos humanos y ha quebrantado de forma soberbia y
criminal su obligación de proteger el derecho a la vida, la salud, la alimentación, entre muchos otros derechos de los ciudadanos que viven dentro de nuestro territorio, antes bien, ha violentado sistemáticamente esos sagrados derechos, insistiendo obstinadamente en la negativa de permitir la ayuda humanitaria internacional ofrecida por innumerables países y organizaciones so pretexto de que con ello se pretende intervenir en los asuntos internos de su gobierno y, aduciendo cínicamente la inexistencia de dicha crisis.

De la gravedad y aumento de la crisis humanitaria que vive nuestro país y que nos conmociona dentro y fuera de nuestro territorio, ya se han pronunciado las organizaciones
más importantes a nivel regional y global, por lo que consideramos de inestimable valor transcribir a continuación, parte de la información contenida en el “Informe presentado por Ex Rectores Universidad de los Andes y sectores de la Sociedad Civil Merideña”, al respecto:

“2. Que, en fecha 8 de agosto de 2.017, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela, … condenaron al gobierno venezolano por no autorizar el ingreso de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano…(omissis)…

3. Que, en fecha 8 de febrero de 2.018, el Parlamento de la Unión Europea aprobó la Resolución No 2018/2559 (RSP), mediante la cual declaró que Venezuela se enfrenta a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes que está cobrando muchas vidas, que prácticamente dos millones de venezolanos han huido del país, que el gobierno venezolano sigue negándose a recibir ayuda humanitaria internacional y facilitar su reparto, …omissis… solicitó que se alcance inmediatamente un acuerdo sobre un plan de acceso de emergencia humanitaria para el país, pidió que se aplique rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, como los niños, y solicitó a la Unión Europea que ayude a los países vecinos, en particular a Colombia, a dar respuesta a la situación de los refugiados venezolanos…(omissis)…

4. Que, en fecha 9 de febrero de 2018, el grupo de Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó oficialmente a través de un Comunicado que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos”; que “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos y (de) medicamentos esenciales (y) la carestía de bienes de primera necesidad”; que las estadísticas muestran que “la desnutrición está afectando ya a 1.3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición”; que “la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales …”; que “El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país … colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”; que “la inflación alcanzó más del 2.400 por ciento en 2.017”; que, para finales del año 2017, “una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar”; …(omissis)…

6. Que, en fecha 7 de marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su Informe Anual ante el Consejo de Derechos Humanos (37o período de sesiones – 26 de febrero a 28 de marzo de 2018), en el cual declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización que “La situación de los derechos humanos en Venezuela es profundamente alarmante. La malnutrición ha aumentado dramáticamente en todo el país, afectando en particular a niños y ancianos …”, que estaba “profundamente preocupado por el creciente éxodo de venezolanos de su país, muchos de ellos en busca de acceso a alimentos y servicios básicos” …(omissis)…

7. Que, en fecha 31 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó el “Informe de país” sobre la “Situación de los derechos humanos en Venezuela”, informe según el cual la Comisión Interamericana observó que, además de la crisis política, “se presenta en la actualidad en Venezuela una grave crisis económica y social, caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumo médico, entre otros” y que “en abril de 2016 el 80% de la población enfrentaba escasez de alimentos. Esta situación ha provocado alarmantes índices de pobreza y de pobreza extrema …” (pp. 22 y 23 – parágrafo 29); que “… existen graves retrocesos en el acceso y disfrute de DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y ambientales], hasta el punto de no garantizarse contenidos esenciales de derechos tan vitales como la alimentación o la salud. En esa medida, la Comisión advierte que un Estado en el cual gran parte de su población esté privada de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial o de condiciones de vivienda básicas, está incumpliendo sus obligaciones relativas a DESCA” (p. 225 – parágrafo 413); que, para agosto de 2017, según la información al alcance de la Comisión Interamericana, el 68% de niños y niñas menores de cinco años en cuatro estados de Venezuela tenía déficit nutricional o estaba a punto de tenerlo (p. 229 – parágrafo 424); que “De acuerdo a las cifras brindadas por PROVEA y CodeVida, en la actualidad existiría un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional. Habría un colapso de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional, dado que el 50% de quirófanos estarían inactivos y el 80% de servicios de diagnóstico estarían inservibles, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales” (p. 235 – parágrafo 434); que “… tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento” (p. 235 – parágrafo 435); que “… resulta sumamente preocupante el aumento de epidemias como la malaria, el zika o la difteria … De acuerdo a la AN [Asamblea Nacional],
solo en el estado de Bolívar, se habrían registrado entre enero y octubre de 2017, 206 mil casos [de malaria]; cifra que podría duplicarse a nivel nacional y se agravaría debido a las dificultades para obtener un tratamiento adecuado” (p. 238 – parágrafo 442); y que “… la CIDH ha recibido información preocupante que indica que se condiciona el acceso a servicios de salud, a la tenencia de un documento que acredite el acuerdo con el partido oficial del Gobierno. En efecto, según declaraciones públicas del Vicepresidente de la República Tareck El Aissami del 7 de septiembre de 2017, para acceder de manera gratuita al Plan Nacional de Vacunación –que cuenta con 15.319 puntos de vacunación en todos los estados- debe presentarse el ‘carnet de la patria’. La información al alcance de la CIDH indica que los portadores de este documento serían personas cercanas o que concuerdan con el partido oficial del Gobierno Nacional … la CIDH condena la utilización de mecanismos de control de la ciudadanía para acceder a los servicios de salud y alimentación, que resulten discriminatorios con base en la opinión política” (p. 239 – parágrafo 444) 9; …(omissis)…

9. Que, en fecha 18 de enero de 2018, Human Rights Watch hizo público su Informe Mundial 2018, según el cual, “Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias, ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles de venezolanos están huyendo del país”,

10. Que, en fecha 21 de febrero de 2.018, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), desarrollada por tres de las Universidades más acreditadas de Venezuela (Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello), reportó que, en 2.017, la pobreza a nivel de ingreso alcanzó al 87% de la población, y que el 61,2% de ella seencuentra en condiciones de pobreza extrema 12; que el 89,4% de los hogares considera que el ingreso familiar no es suficiente para adquirir alimentos; que 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria; y que 6 de cada 10 venezolanos ha perdido aproximadamente 11 kilos de peso en el último año por hambre.

11. Que, en fecha 27 de febrero de 2018, CodeVida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida) y Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), dos ONG’s independientes, presentaron un Informe conjunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual recogieron “graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud en Venezuela, unido a violaciones similares en otros derechos económicos y sociales que incluyen la alimentación, produciendo una emergencia humanitaria compleja con una alarmante escala de muertes, daño y sufrimiento humano para la cual no existen capacidades de respuesta interna como consecuencia del quiebre del Estado …”, y concluyen que en Venezuela hay una “privación deliberada y extrema de acceso a medicamentos y [de] atención a la salud (incluyendo diagnóstico, atención y tratamientos)” que está “excluyendo a cerca de 5 millones de personas”, así como “Muertes y daños irreversibles e irreparables a la vida e integridad física y mental de las personas a causa de la privación [prolongada] de medios adecuados de salud …”, y que hay un “Aumento exponencial de riesgos para la salud por epidemias interrelacionadas y extendidas a varios estados del país y las cuales siguen en ascenso sin control alguno”, así como “Desamparo de las instituciones … migración forzada … negación a la protección internacional …” 13;

12. Que, en fecha 5 de marzo de 2.018, se difundió en medios locales el Informe que sobre Recientes Tendencias Migratorias en América del Sur publicó la Oficina Internacional de Migraciones en fecha 27 de febrero de 2.018, Informe según el cual, en el caso de Colombia, el número de migrantes venezolanos ascendió de 48.714 en 2015 a 470.000 en octubre de 2017, es decir, creció 11 veces; en el caso de Ecuador, de 8.901 en 2.015 a 39.519 en 2.017; en el caso de Chile, de 8.001 en 2.015 a 119.051 en 2.017, es decir, creció 15 veces; en el caso de Argentina, de 12.856 en 2.105 a 41.492 en 2.017, y así sucesivamente. Estas cifras, apoyadas únicamente en fuentes oficiales disponibles (estadísticas, registros migratorios), no incluyeron a los refugiados ni a la migración irregular ni a los solicitantes venezolanos de asilo. Estos últimos, según datos de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, igualmente publicados en medios locales, alcanzaron a 100.000 hasta el año 2.017. A la luz del Informe en referencia, el reportaje periodístico destaca que la migración de venezolanos hacia países suramericanos se incrementó, entre 2.015 y 2017, en 895% 14;

13. Que, en su edición del 19 de enero de 2.018, el Diario El Tiempo (Bogotá, Colombia) informó que “El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseguró finalizando el 2017 que en el país se encontraban más de 550.000 venezolanos. Esto significó un aumento cercano al 62% respecto al mismo informe presentado a mediados del año pasado” 15;

14. Que, en su edición del 27 de febrero de 2018, el Diario El Nacional (Caracas, Venezuela) informó que la señora Kelly Clements, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había alertado sobre el incremento preocupante de solicitudes de asilo de venezolanos refugiados en los países de América Central 16; …(omissis)…

16. Que, en el “Informe de país”, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en fecha 31 de diciembre de 2017 sobre la “Situación de los derechos humanos en Venezuela”,…(omissis)…y que un “gran número de personas … se han visto forzadas a migrar a otros países de la región en los últimos años por múltiples causas, entre las que destacan la migración forzada como mecanismo de supervivencia como consecuencia de la grave crisis situación (sic) que afecta al país, en particular a los efectos (sic) que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos … y la violencia e inseguridad …” (p. 26 – parágrafo 40)

Segundo: La compilación de todas las estadísticas recogidas en el referido Documento relacionadas con la crisis humanitaria y la inmigración galopante que se ha producido en nuestro país, se han incrementado exponencialmente en los últimos días. De ello dan cuenta las innumerables protestas de enfermos ocurridas tan sólo en el presente mes que llegan a más de 18 a nivel nacional, cuyo aumento se prevé que serán cada día de mayores proporciones, ante lo cual la respuesta del régimen es la represión y el silencio.

La situación es tan grave, que se han creado organizaciones no gubernamentales, como Médicos Unidos por Venezuela que luchan en compañía de enfermeras, bio-analistas,
farmacéuticos, personal de salud y pacientes para la defensa del derecho a la salud. Específicamente, el día miércoles 18 de abril más de 400 personas con condiciones de salud crónica: VIH/Sida, cáncer, trasplantes de órganos, enfermedades raras, hemofilia, parkinson, se concentraron frente a la sede principal del Ministerio de Salud, en el centro de Caracas, para exigir una respuesta inmediata ante la grave falla de distribución de tratamientos indispensables para la vida de las 300.000 personas con estos diagnósticos. Los reportes son espeluznantes, de personas con trasplante renal que tienen 7 meses sin sus inmunosupresores, con dolencias cardíacas que fallecen por no conseguir los medicamentos necesarios, niños con cáncer que salen a las calles con pancartas rogándole a las autoridades encargadas de la salud por sus medicinas, y a los pocos días se conoce de su muerte.

El 18 de abril de este año Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana Contra El Sida (Accsi) y Francisco Valencia director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) fueron recibidos por el Viceministro de Redes Colectivas, Yassin Alemán y la Jefa del Programa Nacional de Sida, Deisy Matos, quienes reconocieron que no tienen la capacidad para aliviar la emergencia humanitaria.

Ante este panorama desolador para la salud y alimentación de los venezolanos, que anuncia una crisis aun de mayores proporciones, queda evidenciado que el aumento sostenido de todas estas carencias y penurias en la población, se consolida como la causa del incremento igualmente exponencial de la migración de los venezolanos. Es precisamente éste el impacto más preocupante para la región: el traslado sostenido de nuestra crisis a través de la inmigración de nuestros connacionales que huyen desesperadamente en busca de su subsistencia, en busca de la vida o de la manera de producir algún dinero para aliviar las penas de los que quedan en el país, especialmente enfermos, niños y ancianos.

Tercero: Es evidente entonces que se requiere asumir con carácter de urgencia los mecanismos de atacar la crisis humanitaria y que se dispongan las acciones más idóneas para aliviarla y solventarla, de lo contrario el impacto que se seguirá sintiendo especialmente en los países de la región en cuanto a la inmigración, se elevará en proporciones inimaginables, con la pérdida de vidas humanas, la propagación de enfermedades de difícil erradicación, convirtiéndose, como creemos que ya se ha convertido, en una problemática de toda la región; y, de allí, su inminente atención pues sus proporciones rebasan ya los paliativos que cada país, especialmente los fronterizos,
ha proporcionado.

La Alerta se ha encendido, queda asumir que en la Sesión convocada se tomen las decisiones que correspondan, para apoyar que pueblo de la República Bolivariana de Venezuela pueda paulatinamente recuperar la garantía del ejercicio de sus derechos más elementales, y así parar la migración forzada a que están siendo sometidos nuestros compatriotas; es por ello que solicitamos como venezolanos que no dejen que su mirada se desvíe y que la dirijan sin pausa, con urgencia hacia una población y un territorio que clama por su benevolencia y confía hoy en su compromiso de defender la vida y la dignidad de nuestro gentilicio venezolano.

Reciba Usted la expresión de nuestro más profundo respeto.

Coordinación Nacional del Bloque Constitucional

a declaración del abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro declarada este lunes por la Asamblea Nacional, “es una acción más política que de efecto jurídico” según las consideraciones de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa Gómez.

La jurista sostiene que no es coherente utilizar el Derecho para luchar contra un gobierno no democrático y más cuando desde el parlamento se ha dicho a la población y al mundo que en Venezuela no hay democracia.

Sosa señaló que en el contenido de la declaración no se produjo el llamado al poder electoral para convocar a comicios presidenciales.

“No creo que la Asamblea esté convencida que porque decretó la falta absoluta, de hecho esa se va a producir, y la razón por la cual yo puedo sostener eso, es porque si la Asamblea hubiese estado convencida de que su decisión se iba a ejecutar, hubieran notificado al Consejo Nacional Electoral diciéndole procédase a la convocatoria en 30 días para elecciones presidenciales y tenga la bondad el presidente ejecutivo, llámese como se llame, preséntese a la Asamblea Nacional para juramentarse como Presidente para que se mantenga en el cargo durante los 30 días hasta que se produzca la elección del nuevo presidente”.

Cecilia Sosa enfatizó que el tema del abandono del cargo de acuerdo a la constitución de 1999, es una causa de falta absoluta del presidente de la república y que solamente la Asamblea Nacional tiene competencia para generar esa declaratoria.

Explicó que la responsabilidad de un presidente es garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los venezolanos. “Expresamente, no es algo que se interprete, esa es su función primordial, garantizar mediante políticas públicas la garantía de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, todo el cúmulo de derecho personales, civiles, patrimoniales, económicos”.

Cómo propuesta para salir de la crisis considera que este 2017 es el año de la organización de la sociedad civil, inclusive los que no están viviendo en Venezuela. Recalcó que la soberanía reside en el pueblo, y que a través de ella se podría convocar elecciones generales sin pasar por el árbitro electoral..

“El poder lo tenemos nosotros, y digo nosotros por identificar al ciudadano que tiene derechos, y que por mucho que estemos dentro de un sistema que ha caído en una dictadura, en una represión, en un punto único, en una situación de descontrol, de falta de conducción política del país, el ciudadano va a tener que tomar cartas en el asunto, más allá de lo que una organización de partidos como la MUD puede hacer”.

Resaltó que la organización ciudadana tiene que encontrar un objetivo que movilice tal como se hizo para el referendo revocatorio, que a su juicio, fue “enfriado por la oposición”, y no asumido o rechazado por el gobierno.

“El momento en que entra la santa sede a la necesidad de un diálogo, fue lo que origina en definitiva esa especie de enfriamiento de la movilización social, nosotros tenemos que encontrar como ciudadanos un objetivo político y no hay duda que el objetivo está en un cambio”. Expresó

La Ex presidente de la antigua Corte Suprema recalcó que con el poder que tiene la ciudadanía es perfectamente factible que los venezolanos se organicen sin pasar por el Consejo Nacional Electoral.

“Yo creo que de repente podemos consultarnos si queremos unas elecciones generales dentro de los próximos tres o seis meses, en el momento de que ese sí de la consulta se realice”.

Explicó que dentro de la exposición de motivos para llevar a cabo esta propuesta es que “el poder constituyente del pueblo nunca cesa, y ese poder constituyente que fue capaz de hacer una consulta y preguntarle a la gente si quería o no querían una asamblea Nacional Constituyente, es el mismo poder que tendríamos hoy para preguntarnos si queremos o no queremos unas elecciones generales, aun cuando la constitución expresamente no consagre esas elecciones generales”.

Sobre el poder judicial señaló que “la cúspide” está llena de una cantidad de personas que difícilmente llenan los requisitos para ser magistrados, que no hay concursos para jueces, y que todos los jueces están puestos a dedo. Manifestó que el peor ejemplo, “es que el Tribunal Supremo depende de las instrucciones del Presidente de la República”.

Por último, expresó que todos aquellos que haya ocupado cargos dentro de los diferentes poderes de la nación que hayan cometido delitos, o que les compruebe la perpetración de hechos punibles, tienen que ser juzgados y ser sancionados como corresponde de acuerdo a la ley.  Se refirió en especial a aquellos Magistrados “que piden que les paguen por sentencia”.

Recordó que la constitución de 1999 estableció que los temas de corrupción no prescriben.

Nota de La Patilla

Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina

@CeciliaSosaG:Declaración del "abandono del cargo" es una acción más política que de efecto jurídico