Miembros de la organización no gubernamental (ONG) Defiende Venezuela se expresaron a favor de la medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los presos políticos Juan José Gámez y Óscar Adolfo Morales.

En una conferencia de prensa telemática, la abogada Ana Acosta manifestó que las medidas cautelares tiene gran importancia para aquellos que padecen de persecución política en Venezuela y es una herramienta para las familias de éstos.

La jurisconsulta también narró las duras condiciones de salud en que se encuentra Óscar Morales. «Por sus condiciones de reclusión, ha sido gravemente afectado en su bienestar y salud», dijo.

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Hizo hincapié en el caso de Gamez, desaparecido de manera forzosa que se desconoce su paradero. Desde el Ministerio Público y la Fiscalía no han dado información a sus familiares y defensa.

El también abogado, Harold Mirraño, expresó que la situación de salud de Gamez es delicada, ya que padece de artritis, por lo que «requiere tratamiento y cuidados bastante estrictos».

Precisó que Defiende Venezuela pidió una medida humanitaria de prisión domiciliaria por su estado de salud.

«La CIDH confirmó que sí existe un riesgo a la salud de Morales (…) hay un deterioro de salud que se alarga en el tiempo», puntualizó el defensor de DDHH.

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Informe de la misión independiente de la ONU

En la conferencia de prensa también se compartieron apreciaciones sobre el reciente informe realizado por la misión independiente de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Venezuela.

Para la abogada Acosta, el trabajo demuestra que en Venezuela hay violaciones de DDHH, principalmente al debido proceso, y es una respuesta a los familiares de los agredidos.

Por su parte, el coordinador de la ong, Simón Gómez, aseguró que el informe tiene una «enorme relevancia», porque «por primera vez un órgano independiente, especializado y profesional, atestigua y logra obtener hallazgos sobre lo que, durante años, se ha denunciado desde diferentes organizaciones y la sociedad civil»

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sufrido un roce los últimos días desde las gerencias del uruguayo Luis Almagro y el brasilero Paulo Abrao. Todo comenzó cuando este último envió la solicitud de renovación de contrato para su puesto, pero el líder de la OEA lo denegó. ¿Por qué?

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que observa y vela por los Derechos Humanos en todos los países del continente americano. A pesar que es parte de la OEA, sus decisiones y su control es totalmente autónomo. Así lo precisó, desde el 2016, el brasileño Paulo Abrao, quien preside la institución y se ha visto muy involucrado en crisis como la de Nicaragua en 2018, entre otras.

Conflicto

Por cuatro años, Abrao fue el presidente de la CIDH hasta el 15 de agosto. Todas las personas quienes conforman esta institución estuvieron de acuerdo en renovar su cargo por un periodo más, pero Luis Almagro, secretario general de la OEA, denegó esa solicitud por presuntas denuncias en contra del brasileño. La institución dedicada a los DDHH consideró que tal decisión viola la autonomía del ente y de sus votaciones internas.

Denuncias desconocidas

La respuesta de Almagro se basó en estas presuntas denuncias, de las cuales no se conoce el contenido. Asimismo, explicó que estuvieron en el limbo y no fueron recibidas por la Oficina del Inspector General de la OEA, por lo que el uruguayo lo consideró como un «duro golpe» sobre su credibilidad.

“La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la organización. No mientras sea Secretario General”, respondió a través de un comunicado.

Según la OEA, son más de 60 denuncias sobre acoso laboral y manipulación de concursos y contrataciones en contra de Abrao presentada a Neida Pérez, encargada del Ombudsperson de la OEA.

Opiniones

La alta comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos, Michelle Bachelet, instó al líder de la OEA y al brasileño ponerle fin a sus disputas, ya que ambas instituciones se encuentran en crisis. Además, le pidió a Almagro respetar la independencia de la Comisión.

“No debería tratarse de una cuestión de reputación personal, de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio. Esto debería ser sobre cómo trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva”, dijo a través de un comunicado.

Por otro lado, el gobierno de México también pidió al secretario de la OEA respetar las decisiones » de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazó “la militarización de fronteras, los discursos estigmatizantes y la criminalización de retorno por la pandemia de Covid-19” en Venezuela.

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Mediante su cuenta de Twitter, el organismo aseguró que “estas medidas tienden a promover la discriminación y agravar la vulnerabilidad de las personas desplazadas”.

“La CIDH expresa preocupación ante la información recibida sobre los lugares designados para cumplir con medidas de aislamiento en estados como Táchira, que presentan hacinamiento y no cuenta con agua potable constante ni alimentos suficientes ni adecuados”, informó el ente regional.

Así como la Asamblea Nacional alertó en semanas recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la falta de atención sanitaria al pueblo Warao en zonas urbanas y rurales de Venezuela.

La CIDH instó a la administración de Nicolás Maduro, quien ostenta la mayoría de poderes en el Estado, a brindar atención sanitaria al pueblo Warao, etnia indígena originaria venezolana. A través de la red social Twitter, expresaron que actualmente no cuentan con el debido acceso a alimentos, sus aguas han sido contaminadas por actividad minera ilegal, así como constante presencia de individuos extranjeros o foráneos en su denominado «territorio ancestral».

En medio de la pandemia por la covid-19, la CIDH considera prioritario que se evite el ingreso de foráneos a las tierras de los Waraos, los cuales podrían contagiar a personas de su etnia en medio del estado de vulnerabilidad en que se encuentran por desatención del Estado venezolano.

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«La CIDH reitera las recomendaciones de la resolución 01/20, así como del Comunicado de prensa Nº. 103/20 para que los Estados adopten medidas específicas de protección para los pueblos indígenas, acordes con su cultura y respeto a sus territorio», recomendó la organización en uno de sus mensajes en plataformas digitales.

La Asamblea Nacional en sesión del pasado 12 de mayo debatió sobre la situación de los habitantes del pueblo Warao en la frontera de Venezuela con Brasil. La diputada Gladys Guapo expuso que debido a la covid-19 ya un grupo de indígenas ya habían perdido la vida.

Warao

A una semana del suceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, al mismo tiempo que lamentó los actos violentos registrados en las protestas ocurridas en Estados Unidos.

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Tras acceder a toda la información vinculada a la muerte de Floyd, la CIDH llamó al Estado norteamericano a «continuar con las investigaciones de manera exhaustiva, imparcial, efectiva y pronta» para que los responsables sean castigados.

Sin embargo, la Comisión consideró que los hechos violentos que se han dado en ciudades como Minneapolis, Atlanta y Nueva York que han derivado en saqueos e incendios empañan el sentido de las protestas.

En ese contexto, instó al Gobierno de los Estados Unidos a establecer averiguaciones sobre todos los delitos que se hayan producido en días recientes para que se sancione de forma coherente a quienes los hayan cometido. Igualmente, pidió que el uso de la fuerza sea «estrictamente regulado».

Costa Rica es la primera nación de Centroamérica en aceptar el matrimonio igualitario, tras ser aprobado por la Sala Constitucional y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La noticia fue recibida con una transmisión televisiva por redes sociales. Además, varias parejas estaban organizadas para contraer nupcias desde los primeros minutos en que entrara en vigor el derecho para la comunidad LGBTI.

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«Dignidad, es la conquista de nuestra dignidad», dice Marco Castillo, un abogado y activista de los derechos de la comunidad LGBT, quien ve en el primer minuto de este 26 de mayo un momento histórico. reseña BBC Mundo.

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Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, comentó que este nuevo cambio hará una «transformación social y cultural significativa» que le permitirá a miles de ciudadanos casarse ante un abogado.

La nación caribeña recibió una respuesta este 26 mayo por la Sala Constitucional tras esta una decisión de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en enero de 2018 determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las heterosexuales.

Costa Rica es el octavo país de América Central es obtener el derecho al matrimonio igualitario y el número 29 en todo el mundo.

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El comisionado para Derechos Humanos de la Presidencia (E), Humberto Prado, confirmó que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente visita a la frontera colombo-venezolana, confirma la violación de DDHH en Venezuela.

Prado explicó que en el informe se hace mención al deterioro de las instituciones del Estado venezolanas y la violación a la Constitución debido a que no existe separación de poderes. Asimismo, alertó que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es el órgano usado por la administración de Maduro para hacer una «persecución continua y sostenida» a la disidencia política y oposición.

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El comisionado agregó que el documento de la CIDH será enviado a la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para DDHH, Michelle Bachelet, así como a diferentes mecanismos en el mundo que se encargan de velar y defender derechos políticos, civiles, sociales y culturales.

Comisionado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este sábado a través si cuenta en la red social Twitter los hechos violentos ocurridos este viernes en el centro penitenciario Los Llanos de Guanare, estado Portuguesa.

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«CIDH expresa preocupación por hechos violentos ocurridos el #1Mayo en la cárcel de Los Llanos, en el estado Portuguesa. Según informa sociedad civil, habrían por lo menos 44 personas privadas de libertad muertas y 13 heridas de gravedad», expresó el organismo.

La organización Espacio Público y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron el informe 2019 de las violaciones a la libertad de expresión que se realizaron en Venezuela, en la que resaltaron los 468 casos registrados en todo el territorio nacional por parte de las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro.

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“En dos décadas la acción del Estado se ha encargado de violar los derechos de las personas, especialmente de diversos medios de comunicación (…) El informe muestra varias detenciones arbitrarias contra periodistas por parte de la policía, además de forzarlos a borrar materiales periodísticos para no contar la realidad del país”, expresó Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.

El informe también resaltó que 110 medios de comunicación en todo el país se vieron afectados por estos atropellos, muchos de ellos dejando sus operaciones diarias.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió este martes que se restituya el orden constitucional en Venezuela a través de su informe anual.

Además, también indicó que desde el año 2019 se han vulnerado los Derechos Humanos por la crisis social, económica y política. «Es evidente la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela por cuenta de la alta concentración de poder por parte de la rama Ejecutiva y la inexistencia de un sistema real de pesos y contrapesos”, asegura la organización.

En el informe, la CIDH evidenció como se le limita el poder a la Asamblea Nacional y se le atribuye a la Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, señalaron que la administración de Maduro no toma decisiones que puedan sobrellevar la situación de vulnerabilidad de los venezolanos.

La CIDH pidió que se restableciera el orden constitucional para que existiera un equilibrio de poderes para una democracia, sin discriminación y con la participación ciudadana. A su vez, puntualizaron la necesidad de un estado de excepción a las situaciones de extrema gravedad.

También pidieron frenar con las detenciones ilegales a políticos y cumplir con todas las garantías necesarias, sobre todo en la libre protesta, como protección a los periodistas.

“Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en Internet, electrónicos o similares, incluyendo sistemas de apoyo como PSI o motores de búsqueda. Estas limitaciones son admisibles solo en la medida en que sean compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión”, expresó la CIDH.