Primero Justicia sancionó a los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito, quienes son acusados de “limpiar la reputación” internacional de los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, ligados al régimen de Maduro y la presunta trama de lavado de dinero en el subsidio Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las acciones tomadas por el movimiento político son las siguientes:

  • Remover de su Comisión al Diputado Luis Parra
  • Remover de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional a los Diputados Conrado Pérez, quién ejerce funciones de Vicepresidente y José Brito
  • En el marco de nuestros estatutos, ratificamos que continuaremos la investigación por parte del Tribunal Disciplinario de nuestro partido para los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, con el objetivo de esclarecer estas denuncias y determinar responsabilidades en caso de que existan
  • Separar a estos diputados de nuestra fracción, y solicitar su enjuicimiento dentro de Primero Justicia, así como en tribunales e instituciones internacionales

Armando.info: Diputados a la AN se prestarían para limpiar reputación de personas vinculadas al régimen

En una misiva, ofrecieron sus disculpas al país y aseguraron que sus acciones buscan refrendar el “cambio profundo” de la nación. “Nos avergüenza que después de tantos años de trabajo destruyendo a esta mafia de corrupción, hayan diputados aprovechándose para enriquecerse con la protección de estas mafias”.

Asimismo, el partido Voluntad Popular, mejor conocido por ser liderado por el presidente encargado, Juan Guaidó, informó que los diputados a la Asamblea Nacional -y militantes de esta organización-, Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano serán sometido a una investigación para “determinar las responsabilidad de las personas involucradas en la acusación”.

Asimismo, aseguraron que estos políticos serán removidos de su cargo en la Comisión Permanente de Contraloría, a pesar que Superlano ya habría anunciado la separación de la organización este sábado en horas de la noche.

La Guardia de Finanza de Italia incautó 1.8 millones de euros en un apartamento de lujo – valorado en €4,8 millones- propiedad del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, y de su esposa, Camilla Fabri, en Roma.

Pero ¿quién es Camilla Fabri? Según los tabloides italianos, es una joven de 25 años aspirante a modelo y vendedora en una tienda de ropa en la ciudad de Milán. No obstante, a temprana edad se comprometió con Saab, empresario involucrado en la presunta corrupción de las ayudas sociales del Comité Local y Abastecimiento de Producción (CLAP) según el portal de investigación Armando.info, cuyo reporte obligó a los periodistas encargados del medio, huir del país al exilio.

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A pesar que los ingresos de la italiana eran de €1.800, las autoridades de la Unidad de Moneda de Finanzas se percataron de los movimientos bancarios de la joven: contrato de alquiler de €5.800, la compra de una Ranger Rover de €54.500 y un apartamento de casi cinco millones de euros.

Los fondos para realizar estos movimientos bancarios tienen su origen de una empresa británica llamada Kinlock Investment, compañía liderada por el novio de la hermana de Fabri, Lorenzo Antonelli. No obstante, las investigaciones arrojaron que el dinero provino de los sobornos que el régimen de Nicolás Maduro le hizo a Saab por los presuntos negocios sobre las ayudas sociales en Venezuela cuando esta pasaba una de las peores crisis alimentarias.

Una persona perdió la vida en un accidente registrado en la Autopista Regional del Centro (ARC), a la altura de Tazón sentido Caracas, Venezuela. El vehículo transportaba productos alimenticios de los comité locales de abastecimiento y producción (CLAP).

Hasta las 2pm de este lunes 4 de noviembre se reportaba lentitud en el tránsito, mientras funcionarios del cuerpo de Bomberos del Distrito Capital se encontraban en el lugar del volcamiento haciendo trabajos de limpieza, al igual que efectivos de la Guardia Nacional que custodiaban la carga para que personas no las robaran.

1300 trabajadores de la empaquetadora de cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) “Sucre Potencia” en la ciudad de Cumaná, protestan por segundo día consecutivo denunciando el retraso de sus salarios durante dos meses.

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Manifestaron que tampoco perciben las bolsas de CLAP correspondiente por sus jornadas laborales, asegurando que la mayoría de los trabajadores son personas de la tercera edad o mujeres embarazadas. Durante estos días de protestas no han recibido respuesta por parte de los directivos de la empresa o de algún organismo del Estado.

Trabajadores de la comercializadora “Sucre Potencia” en Cumaná mantienen cerrada la avenida Andrés Eloy en ambos sentidos como medida de protesta ante las condiciones laborales a los que son expuestos en esta planta. Asimismo, habitantes de Boca de Sabana se unieron a la concentración quienes desde hace meses no reciben las cajas de Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Nicolás Maduro de manejar los alimentos como un “arma política”, por lo que advirtió que al menos el 94 % de los venezolanos no tienen las medidas económicas para cumplir con las necesidades básicas para su alimentación.

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Pompeo expresó que el hambre que pasan los venezolanos se conoce como “La dieta de Maduro”. A través de la red social Twitter, el diplomático publicó un video en el cual se pueden ver las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y también como se ven obligados los ciudadanos a firmar para poder obtener una por familia sin importar la cantidad personas que la integren.

De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Civil Transparencia Venezuela, a través del Observatorio de Programas Sociales, se determinó que “la gran corrupción” en el país proviene de los programas que brinda la administración de Maduro, (Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Carnet de la Patria y Bonos Sociales).

El profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV), Carlos Aponte, indicó que los defectos en materia de diseño, seguimiento y evaluación que presentan esos tres programas son un fermento potencial para la corrupción.

Al realizar la exploración sobre los mencionados planes el Observatorio de Programas Sociales determinó que el llamado CLAP, Carnet de la Patria y Bonos Sociales, son iniciativas que incumplen con los requisitos elementales que establece la legislación venezolana para una aprobación presupuestaria lícita de los proyectos de acción pública.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Richard Arteaga, denunció que se necesitan 65 salarios mínimos para cubrir la actual canasta alimentaria que tiene por costo Bs. 2.625.000.

Consideró como “desesperante” la situación para los venezolanos en el oriente de país que ganan el sueldo base prescrito por la ley y aseguró que la ayuda social del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) no es suficiente para alimentar a los ciudadanos. Aseveró que en el estado Anzoátegui las personas solo se alimentan una vez al día de las tres que debería.

Anzoátegui - Aseguran que se necesitarían 65 salarios mínimos para cubrir canasta básica - VPItv

El dirigente del partido político Voluntad Popular (VP), Ismael León, denunció sobre las presuntas mafias que trae la distribución de las cajas del Comité Local de Abastecimiento de Producción (CLAP). “El CLAP es corrupción y está demostrado”, aseveró.

Caracas - Voluntad Popular denunció presuntas mafias en distribución de los CLAP - VPItv

A partir del próximo 1 de septiembre, el precio de la caja de Clap se incrementará a 150 bolívares soberanos, equivalentes a 15 millones de los viejos, lo que significa un aumento del 600% de su costo, que se ubicaba en 25 mil bolívares.

La información la dio a conocer Kendy Graterol, el responsable estadal de la mesa de alimentación en Nueva Esparta, quien destacó que la caja debería tener un valor de mil bolívares soberanos, pero que “contarán con un subsidio de 85% para garantizar que la población pueda acceder a los alimentos sin dificultades”.

La caja que contiene 16 productos de la cesta básica, fue implementada por el gobierno de Maduro desde el año 2014, como una estrategia para abordar la crisis de abastecimiento que vive la nación producto de las erradas políticas económicas.