El presidente (E) Juan Guaidó anunció el depósito de ratificación de Venezuela en el «Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», mejor conocido como el «Protocolo de San Salvador», ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Para nosotros dar este paso es un logro tan importante (…) reivindicamos la lucha y la gesta del libertador», dijo al respecto el también líder del Parlamento.

Guaidó, en reunión con Luis Almagro, expresó su «determinación» a que se respeten los Derechos Humanos en Venezuela, por lo que era importante ratificar el Protocolo, suscrito el 27 de enero de 1989 en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Lea también: Foro encuentros por Venezuela: «La transición moderniza a la FAN y la convierte en garante de los DDHH«

«El protocolo es un tratado que viene a completar la convención americana para tratar de una manera mas amplia la protección de los derechos económicos sociales y culturales», expresó Luis Almagro en la reunión que se llevó a cabo vía telemática.

Agregó que Venezuela es un país que «con urgencia» necesita la aplicación del Protocolo ya que padece «la myor crisis económica, social y política de su historia», además de señalar a la administración de Nicolás Maduro como una «dictadura» que viola los Derechos Humanos.

Más: Acto de Grado: un sueño anulado por la pandemia

El Protocolo de San Salvador, el cual amplía la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de una sociedad, fue discutido y aprobado por la Asamblea Nacional (AN) -de mayoría del chavismo- en marzo de 2005, sin embargo nunca se cumplió con el deposito ante la Secretaría General de la OEA, requisito indispensable para la ratificación definitiva del protocolo.

Guaidó

Así como la Asamblea Nacional alertó en semanas recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la falta de atención sanitaria al pueblo Warao en zonas urbanas y rurales de Venezuela.

La CIDH instó a la administración de Nicolás Maduro, quien ostenta la mayoría de poderes en el Estado, a brindar atención sanitaria al pueblo Warao, etnia indígena originaria venezolana. A través de la red social Twitter, expresaron que actualmente no cuentan con el debido acceso a alimentos, sus aguas han sido contaminadas por actividad minera ilegal, así como constante presencia de individuos extranjeros o foráneos en su denominado «territorio ancestral».

En medio de la pandemia por la covid-19, la CIDH considera prioritario que se evite el ingreso de foráneos a las tierras de los Waraos, los cuales podrían contagiar a personas de su etnia en medio del estado de vulnerabilidad en que se encuentran por desatención del Estado venezolano.

Recomendado: Subsidiado y en dólares: mecanismos para compra de combustible en Venezuela

«La CIDH reitera las recomendaciones de la resolución 01/20, así como del Comunicado de prensa Nº. 103/20 para que los Estados adopten medidas específicas de protección para los pueblos indígenas, acordes con su cultura y respeto a sus territorio», recomendó la organización en uno de sus mensajes en plataformas digitales.

La Asamblea Nacional en sesión del pasado 12 de mayo debatió sobre la situación de los habitantes del pueblo Warao en la frontera de Venezuela con Brasil. La diputada Gladys Guapo expuso que debido a la covid-19 ya un grupo de indígenas ya habían perdido la vida.

Warao

A través de un comunicado de su ministerio de Exteriores, el régimen de Nicolás Maduro anunció que no permitirán el ingreso de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela el próximo 3 de febrero.

Jorge Arreaza aseguró que no han invitado a la CIDH porque «Venezuela no es miembro de la OEA», sin embargo, el país tiene una representación en el organismo: Gustavo Tarre Briceño, designado por el Gobierno (E).

Lea también: Organizaciones sin fines de lucro esperan visita de la CIDH a Venezuela

«Venezuela no es miembro de la OEA (…) no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada», reza el comunicado.

Aseguró que la administración que representa no otorga valor jurídico a las actuaciones de la OEA o la CIDH.

El abogado Carlos Trapani informó a través de su cuenta en la red social Twitter que otro adolescente falleció mientras esperaba un trasplante en el hospital J.M de los Ríos, esta sería la víctima número 18 por la falta de trasplantes en el país.

Lea también: 10 mil millones de dólares por exploración minera “moderna”: Asamblea Nacional presentó nueva Ley de Minas

Trapani resaltó que los familiares de estos jóvenes se encuentran a la espera de que se cumplan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que solicitan una participación inmediata de este organismo para resguardar la vida de estos niños.

La asociación civil sin fines de lucro Transparencia Venezuela, junto a una importante coalición de capítulos de Transparencia Internacional en las Américas, felicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la aprobación de la Resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos, por considerar que representa un gran avance doctrinario para la región.

Las organizaciones enviaron una comunicación a la CIDH en la que aseguran que la resolución promulgada el 2 de marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el marco del 167 periodo de sesiones del organismo, ayuda a visibilizar el evidente vínculo entre la corrupción y los derechos humanos.

Las organizaciones destacaron de la Resolución 1/18 la consideración de la corrupción como el abuso o desviación del poder que desplaza el interés público por un beneficio privado y debilita las instituciones de control administrativo.

Además, con relación a las resoluciones específicas de la CIDH, aseguraron que las mismas se encuentran en consonancia con la doctrina internacional en materia de lucha contra la corrupción y se configuran como directrices que requieren urgente acogida e implementación por parte de los Estados, vista la realidad de la región en cuanto al tema.

– Telegram.me/vpitv. Para más información, visita nuestro canal en Youtube: VPItv y mantente informado. ¡Conéctate ya!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tildó de «graves» los hechos de violencia ocurridos el 5 de julio en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en el contexto de los eventos conmemorativos de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia.

Por esta razón, condenó «categóricamente» lo sucedido y advirtió con preocupación que hechos similares han ocurrido previamente.

En el contexto de violencia que vive el país, la Comisión ha recibido información sobre grupos civiles armados que serían responsables de hechos violentos que han resultado en graves lesiones y muerte de manifestantes y transeúntes, incluyendo niñas, niños y adolescentes.

La CIDH alertó a las autoridades que no es suficiente condenar los hechos violentos, sino que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenirlas, además de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables, una vez que estas ocurren.

Como consecuencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges se vio impedido de asistir a la audiencia de la CIDH de la cual él era uno de los solicitantes. La audiencia, sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, tuvo lugar el 6 de julio en el marco del 163° Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH en Lima, Perú.

La Comisión urgió al Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reiteró su llamado a la búsqueda de una salida democrática para la crisis, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos, a fin de restablecer la paz para el pueblo de Venezuela.

Los hechos

De acuerdo a la información pública disponible, la Cidh en una nota de prensa relató que personas rodearon el parlamento para gritar consignas y realizar un «plantón» para evitar que los diputados, trabajadores y visitantes salieran.

Posteriormente, irrumpieron con violencia al interior del edificio con objetos contundentes, como palos, tubos, cabillas de hierro y piedras. Además, utilizaron armas de fuego y lanzaron artefactos explosivos.   De este hecho resultaron heridos cinco diputados, una diputada de ellas mujer; además de las lesiones sufridas por aproximadamente siete funcionarios del Palacio Legislativo, comunicadores sociales y periodistas, y por lo menos tres personas que participaban en la incursión violenta. Algunos de los presentes reportaron el robo de pertenencias personales, además de las amenazas proferidas a quienes documentaban y difundían el desarrollo de lo sucedido.

Tales grupos permanecieron en los alrededores del edificio, impidiendo por varias horas la salida de representantes de la Asamblea Nacional, periodistas, y trabajadores del Poder Legislativo Federal. De acuerdo con lo anunciado por el Defensor del Pueblo, ello se extendió hasta cerca de las 8 de la noche, cuando habría culminado la mediación gestionada por la Defensoría. El 6 de julio, el Ministerio Público anunció el inicio de las investigaciones correspondientes.

Con información de nota de prensa

EFE.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “deploró” este martes las “medidas represivas” adoptadas en Venezuela frente a las protestas opositoras y la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH, un organismo de la OEA, también “condenó el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas” durante las protestas.

En un comunicado, la Comisión instó a Venezuela a cumplir con sus “obligaciones internacionales” y a “facilitar las manifestaciones y protestas garantizando la vida e integridad” de los manifestantes, así como urgió a “garantizar” que las investigaciones sean “efectivas, serias e independientes”.

Asimismo, la CIDH mostró “profunda preocupación” por el “estado de incomunicación” en el que permaneció el político preso Leopoldo López durante más de un mes y “condenó la falta de información clara y precisa sobre su situación y su lugar de detención”.

Finalmente, este organismo con sede en Washington “deploró” también la decisión “sin precedentes” adoptada Venezuela de abandonar la OEA y advirtió que está “evaluando” sus “implicaciones” legales y jurídicas.

“En cualquier circunstancia, dado que el proceso de denuncia requiere dos años para tomar efecto, el Estado venezolano continúa actualmente obligado a respetar sus obligaciones internacionales”, añadió la Comisión.

Las protestas que empezaron a principios de abril han dejado al menos 37 muertos y más de 700 heridos. EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará los decretos migratorios de Trump, la crisis político-social en Venezuela y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en las audiencias públicas que celebrará entre mañana y el 22 de marzo en su sede de Washington.

Otros temas destacados de su 161 periodo de sesiones serán los cambios normativos en inmigración de Argentina, la situación de la libertad de expresión en Nicaragua, así como las denuncias de violencia y tortura en las cárceles brasileñas.

Las audiencias públicas de la CIDH, que se celebran varias veces al año en función del presupuesto, son la principal herramienta de la Organización de Estados Americanos (OEA) para visualizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en la región.

La agenda de este periodo es de 40 audiencias, unas sobre problemáticas de derechos humanos en 16 países y otras generales sobre la situación de un colectivo en toda la región.

Uno de los asuntos que más preocupan este año es el aumento del acoso y los asesinatos a defensores de derechos humanos, especialmente de los que se dedican a temas medioambientales.

Por eso se han convocado cinco audiencias sobre su situación en Honduras, Panamá, Colombia, Guatemala y, una última, general de toda América.

Entre las novedades, destaca la primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en la región y otra acerca de la situación de las personas intersexuales, las que tienen menos visibilidad dentro del grupo LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).

Si otros años eran Venezuela, México o Colombia los países con las audiencias más mediáticas, en esta ocasión Estados Unidos se suma a este grupo con una audiencia convocada de oficio, a iniciativa de la CIDH, sobre las medidas migratorias de Trump.

El martes, día 21, la Comisión preguntará a los representantes del Gobierno estadounidense -que aún no se sabe quienes serán- sobre sus inquietudes acerca de la nueva política de deportaciones, de seguridad en la frontera, de visados y de asilo.

“Tenemos que escuchar al Estado, todos tenemos dudas sobre cómo funciona todo”, indicó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la presentación de las audiencias el pasado jueves en la sede de Washington con un grupo de periodistas, entre ellos Efe.

Esa sesión también abordará la orden ejecutiva de Trump para acelerar la revisión y aprobación ambiental de proyectos de infraestructura, una iniciativa que inquieta a la CIDH.

La preocupación por Trump no restará protagonismo a Venezuela, que sigue siendo “un tema prioritario de atención para la CIDH”, según aseguró Abrão.

El Estado venezolano ha pedido una audiencia para informar sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad del país, mientras que la sociedad civil ha solicitado otras dos sobre “persecución política” y acceso a la justicia.

México será el país con más sesiones, cuatro, en las que se abordará la independencia del sistema judicial, la situación de derechos humanos de los solicitantes de asilo y refugiados, y el derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos.

Una de las audiencias la ha convocado la CIDH para evaluar el funcionamiento del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa que acordó con México el año pasado, después de que el Gobierno decidiera no prorrogar el mandato del grupo de expertos independientes de la Comisión que investigaba el suceso.

Por el momento, la CIDH no está satisfecha con las respuestas de México sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Ayotzinapa en Iguala (Guerrero) en 2014.

La Comisión también celebrará audiencias sobre el acuerdo de paz en Colombia, ante la “preocupación de organizaciones de la sociedad civil con el escenario de impunidad”.

El secretario ejecutivo evitó decir si la Comisión comparte esa preocupación y se limitó a “afirmar los estándares del organismo de que las graves violaciones de derechos humanos no pueden generar situaciones de impunidad”.

La CIDH abordará también la violencia sexual contra las adolescentes en Bolivia, la trata de niños en Perú y la situación de los afrodescendientes en Cuba. EFE

Nota de La Patilla

Andrés Fornerino / Luisa Panagua.- «En Venezuela existe un sistema de encarcelamiento político sistemático», señaló el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización Foro Penal Venezolano (FPV). Además, señaló que desde el mes de mayo del año 2016, cuando inició el proceso de diálogo, aumentó la cantidad de presos por razones políticas.

«Hay 107 presos políticos y recientemente se ha dejado en libertad a 3 de ellos», destacó Romero.

Sobre las órdenes de libertad que emitió el Poder Judicial a través de diferentes tribunales de control a favor de algunos presos políticos, Romero, manifestó: «El Sebin (Servicio de Inteligencia) actúa en conformidad del Ejecutivo sin tener en cuenta las órdenes de excarcelación», por lo que considera que no se realiza el debido proceso y se viola el derecho de los ciudadanos.

El «Rehén político» norteamericano

En otro tema, El FPV estudia el caso de un ciudadano norteamericano de religión mormona llamado Joshua Holt a quien calificaron de «rehén político», debido a la condena pública recibida por parte del primer mandatario Nicolás Maduro sin siquiera presentarse un juicio ante al acusado.

«Este caso ocurrio hace 7 meses en Ciudad Caribia cuando se encontraba en el país para casarse con una ciudadana nacionalizada y se le detuvo por presunta posesión de armamento de guerra», reiteró el representante del Foro Penal.

joshuaagente

El ciudadano estadounidense, Joshua Holt, fue detenido hace más de 7 meses por una OLP en Ciudad Caribia, donde vivía su esposa, Tamara Candelo, acusados de posesión ilegal de armas. Hasta la fecha, continúa detenido sin juicio y sin atención médica.

La defensora de Holt en Venezuela, abogada Jeanette Prieto Cordero, detalló que este fue sometido a tratos inhumanos y degradantes en las cárceles del Sebin, y que al realizar la denuncia ante los organismos respectivos, se le impidió ver a su defendido.

Además, explicó que el norteamericano a sufrido de varias crisis de salud por problemas renales, intestinales, dentales y respiratorios. Pero no se le ha permitido asistir ante un profesional médico ni que este lo atienda en su encarcelamiento.

«Solo una vez llevaron a Joshua Holt al Hospital Militar por una crisis respiratoria, y no lo atendieron por no ser militar», explicó Prieto.

De hecho El Foro Penal solicitará en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el estadounidense “Hay violación al derecho a la defensa, al debido proceso, y estamos pidiendo medidas cautelares para que al menos se abra el tribunal porque está cerrado”, dijo este miércoles Alfredo Romero, Director Ejecutivo de FPV.

La organización no gubernamental (ONG) también extenderá dicha solicitud a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Presiones del Sebin sobre jueves

Finalmente, los abogados de esta organización estudian el caso de la jueza que renunció a su cargo al ser presuntamente obligada por el Sebin a privar de libertad a reporteros gráficos por el uso de un dron en las manifestación del pasado 18 de febrero en el Distribuidor de Altamira.

El FPV pide a la Fiscalía  General de la República y a la Defensoría del Pueblo que se pronuncien en relación al aumento de la represión en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución N° 475-15 exhortó al gobierno de Nicolás Maduro que garantice la integridad física y el respeto a los derechos políticos de los activistas de Voluntad Popular. La consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta, señaló que la medida cautelar dictada por la CIDH implica que se reconoce que existe una persecución en contra de los activistas de la tolda naranja.

Nota de prensa 

“La medida cautelar implica que la CIDH después de estudiar las denuncias hechas por Voluntad Popular ha concluido que existe una grave situación que pone en riesgo los derechos humanos de los activistas de la tolda naranja y que podría causar daños irreparables a los involucrados. Le medida protege principalmente a Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Gross, a quienes se les debe garantizar la vida, su integridad física y sus derechos políticos. También se protege con la medida cautelar a Theresly Malavé, defensora de los derechos humanos, y a varios de los presos políticos que mantiene ahora el partido”.

Acosta destacó que la Comisión otorgó estas medidas de protección, puesto que determinó que los beneficiarios son perseguidos por ser activistas o defender los derechos de algún miembro de Voluntad Popular. Por esta razón, argumentó que las medidas cautelares dictadas por la CIDH se extienden a otros dirigentes de la tolda naranja.

La abogada expresó: “Es muy importante destacar que la resolución de la CIDH reconoce que esta persecución y hostigamiento tiene como fin obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos por ser activistas de Voluntad Popular. Por eso es que exige al Estado Venezolano que garantice el ejercicio de los derechos políticos de todos los activistas de Voluntad Popular».

«También es muy importante recordar que esta solicitud se hizo como organización política debido al ataque sistemático contra sus miembros, y si bien las medidas cautelares se dieron de manera individualizada, la CIDH se las otorgó por ser miembros de Voluntad Popular. Esto es un respaldo histórico, muy importante por ser un apoyo al sistema democrático” acotó Acosta.

Por su parte, María Huerta, Héctor Fuentes y Bernardo Pulido, juristas de la tolda naranja responsables de la solicitud de protección que se hizo a la CIDH en septiembre del 2015, destacaron que representa un precedente histórico en el hemisferio y representa el reconocimiento internacional de la persecución política que existe en contra de la oposición venezolana y en particular en contra de Voluntad Popular, así como se destaca el talante democrático de la institución.

“Hay que tener en mente que la CIDH jamás emitiría una medida cautelar para proteger a un grupo terrorista o criminal como ha querido mantener el régimen. La CIDH es dentro del sistema interamericano el máximo órgano encargado de velar porque los estados miembros cumplan con todos los tratados de derechos humanos como el Pacto de San José y es una institución que siempre ha tratado de mantenerse muy neutral y alejada del espectro político. Por primera vez dictó una medida de protección para dirigentes de un partido político, a la vez que reconoce como perseguidos políticos a activistas de Voluntad Popular”, destacó Fuentes.

“Desde el punto de vista jurídico hay que insistir en que para el Estado Venezolano es necesario obedecer estas medidas cautelares que son de obligatorio cumplimiento, de carácter completamente vinculante. Hemos demostrado que existe una situación de persecución política en contra de los activistas de Voluntad Popular, una situación que el Estado debe poner fin. La resolución de la CIDH es entonces finalmente un reconocimiento a la labor de Voluntad Popular y un apoyo al papel del partido político como pilar del estado democrático de derecho. No es casualidad que la CIDH otorgara estas medidas cautelares en medio de una nueva arremetida del régimen, con detenciones arbitrarias como la del diputado Gilber Caro o el concejal Roniel Farías”, explicó María Huerta