La Asamblea Nacional aprobó el reglamento de la «Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela», estatuto que rige todos los fondos que ha recuperado el Gobierno encargado que son relativos a corrupción u otros actos en marcos internacionales.

El reglamento regula principios relativos a la elaboración, ejecución y control de presupuestos, contenidos en la Ley. Además, se dispuso crear un Consejo de Administración que sería el organismo que asumiría las funciones de la Oficina Nacional del Tesoro.

Este Consejo se encargará de dirigir, evaluar, procesar, y aprobar, conforme a las disposiciones legales vigentes, las solicitudes de realización de pagos formuladas por las autoridades ordenadoras de compromisos y pagos.

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En el reglamento también quedó establecido que los pagos aprobados por el Consejo de Administración se realizarán bajos los preceptos del convenio de asistencia técnica establecidos con la Organización de Estados Americanos (OEA), previa autorización del contralor (E) de la República.

Reglamento definió como se conforma el Consejo

El Consejo de Administración estará conformado por cinco miembros designados por la Presidencia encargada, tendrá a un coordinador y tomará decisiones por mayoría de sus integrantes en cada una de las reuniones.

En la sesión presupuestaria el reglamento se refiere a la distribución del recurso de 80 millones de dólares aprobados por la Asamblea Nacional en la Ley Especial, de los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

  • 45% para gastos sociales con atención prioritaria para emergencias humanitaria referida a riesgos vitales.
  • 6% destinados para seguridad y defensa de la democracia.
  • 7% para el fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho a la información y la lucha contra la censura fueron.
  • 11% para el fortalecimiento de las relaciones internacionales y el servicio exterior.
  • 17% para la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus integrantes.
  • 3% para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría y el Poder Judicial.
  • 11% para los costos de implementación de este presupuesto especial.

El diputado Adolfo Superlano acusó al dirigente de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, de querer arremeter contra el expresidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, a propósito del escándalo que este último protagonizó durante la entrada de la ayuda humanitaria al país el pasado 23 de febrero. Agregó que el presidente encargado, Juan Guaidó, habría impedido esto debido a que no habrían indicios de culpabilidad contra este parlamentario.

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Aseveró que los recientes señalamientos contra la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se trata de una campaña de desprestigio contra el expresidente de esta comisión.

«Leopoldo López y su familia solicitaron la cabeza de Freddy Superlano por los sucesos de Cúcuta, pero Guaidó lo protegió porque no había ningún tipo de investigación. Es necesario hablar de esto para entender lo que pasa en esta oportunidad, ya que se trata de una campaña de desprestigio contra un miembro de Voluntad Popular. Esta vez decidieron involucrar a toda la Comisión de Contraloria», dijo Superlano.

El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, desmintió que haya pedido a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, que se cerraran las investigaciones referentes al mal manejo de fondos destinados a la ayuda humanitaria en Colombia.

«Ante la desinformación y las noticias falsas, aclaro que como presidente de la Comisión de Contraloría mantengo mi foco en continuar las investigaciones y denuncias que estamos realizando contra el mayor desfalco que se ha hecho en la historia reciente», manifestó Superlano en sus redes sociales.

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Agregó que este tipo de informaciones son resultado de laboratorios de noticias falsas o ‘fake news’ y culpó al régimen de Nicolás Maduro en divulgar dichas noticias para desvirtuar y «mantener en zozobra» a la población en Venezuela.

El exalcalde del municipio Sucre de Miranda, Carlos Ocaríz respondió las acusaciones en las que se le señalan de haber cometido actos de corrupción durante su gestión, “Duela a quien le duela hicimos una gestión creativa, distinta, popular; de resultados no palabras. Sembramos el Municipio de gimnasios, campos con gramas artificial, miles de obras con la comunidad, entregamos propiedad y planes sociales con la gente”, escribió a través de su cuenta en la red social twitter.

Recalcó que durante en su estadía en la alcaldía, el Tribunal Supremo de Justicia supervisó la recolección de desechos y que la Alcaldía le envió informes detallados de todo el proceso, igualmente, recordó que siempre denunció ante los organismos pertinentes las situaciones irregulares que se pudieran presentar en el Municipio.

“El TSJ supervisó por 2 años de forma directa la recolección de desechos, y les enviábamos informes detallados periódicamente. Siempre denunciamos ante los organismos competentes cualquier irregularidad en nuestro Municipio” sentenció.

Añadió que se le realizaron más de doscientas auditorías provenientes de la Contralorías Municipal, auditorías internas, y Contraloría Nacional. Afirma que “cumplimos a cabalidad con lo establecido en la Ley”. Por último, agregó que “la ONG Transparencia Internacional reconoció nuestra labor en varias oportunidades”

Este lunes, el actual alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, denunció ante la Contraloría General de la República a Ocariz, «por la realización de actos, hechos y omisiones en el ejercicio de su cargo durante el período 2014-2017», que afectaron el patrimonio de la jurisdicción, donde además estarían involucrados al menos 18 directores y presidentes de institutos municipales.

Los diputados regionales al Consejo Legislativo del estado Miranda, Carlos Arias, Flavia Martineau y Milagros Valera rechazaron las denuncias de Yahir Muñoz, procurador del estado Miranda, realizadas en la Contraloría General de la República, en contra del ex gobernador de esta entidad, Henrique Capriles, por considerarlas parte de una estrategia de retaliación política. Los legisladores aseveraron que “el gobierno más corrupto de la historia del país nunca lo han investigado, el Contralor debería hacer esa investigación”.

Muñoz lleva a cabo un sistemático acoso mediante las instituciones del régimen como son el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, la Fiscalía General de la República y la Contraloría, por presunto peculado durante la gestión de Capriles.

En este orden los diputados regionales enfatizaron en la falsedad de estas denuncias montadas con expedientes forjados, “Se trata de revanchismo político, el pueblo de Miranda está claro en la transparencia de la gestión de Henrique Capriles y de su equipo”.

“El pueblo de Miranda respalda siempre a Capriles y el oficialismo no conforme con robarse las pasadas elecciones regionales en Miranda, ahora planea forjar falsas acusaciones en contra del ex gobernador”.
“Exhortamos al gobierno regional de Miranda y al oficialismo a dejar el acoso político y dedicarse a mejorar la vida de los mirandinos, debido a que esta entidad está abandonada por la actual gestión”.

Lorena Bornacelly.- El concejal Gerardo Rincón indicó que el ente contralor de la capital del Táchira estaría convocando a concursos para cargos fijos mientras que le adeuda aumentos salariales y el bono de alimentación a la nómina actual. 

En este sentido, precisó el edil que la normativa a nivel nacional establece que cada Contraloría municipal debe trabajar con el personal mínimo de altos funcionarios y en San Cristóbal esto no se cumple. «Tenemos 10 altos funcionarios y ninguno va a trabajar, eso es un delito. La Contraloría tiene deudas de más de seis millones de bolívares y convocando a concursos para cargos fijos tan solo se está extendiendo la nómina, es decir, aumentando la deuda con los trabajadores» indicó Rincón. 

Explicó que así como la Contraloría, los institutos autónomos y las dependencias de la alcaldía mantienen deudas con sus trabajadores como consecuencia de la falta de recursos otorgados por el gobierno nacional.

Consideró que el estado de las calles de San Cristóbal, sin asfalto, con desechos sin recoger y con el ornato sin mantenimiento,  es el reflejo del mal pago y la crisis en la municipalidad. 

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) condena la arbitraria decisión de inhabilitación que dictó la Contraloría General de la República en perjuicio de Enzo Scarano, exalcalde del municipio San Diego, del estado Carabobo.

Decisión de la Contraloría impide al funcionario ejercer cargos públicos por los próximos 15 años, de acuerdo con el oficio que el titular del citado órgano ejecutor, Manuel Galindo, remitió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a los efectos de notificación al ente comicial y de que se impida a Scarano postularse a cargos de elección popular.

Cabe destacar que es la segunda vez que el también dirigente de la tolda Cuentas Claras es impuesto de tal disposición, toda vez que en 2015 no pudo aspirar como postulado de la MUD a las parlamentarias por el circuito 3 de la entidad carabobeña, pese a ser escogido en las primarias precedentes.

La Unidad condena el arbitrario lineamiento impartido en perjuicio de Enzo Scarano por constituir una demostración evidente de la “judicialización de la política” en Venezuela, en detrimento de los preceptos que consagra la Constitución de la República; al mismo tiempo que advierte sobre la probable adopción de sanciones similares contra otros dirigentes de la Unidad.

Mesa de la Unidad Democrática

 Caracas, 06 de marzo de 2017

Con información de nota de prensa

EFE.- El gobernador del céntrico estado Miranda y dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, dijo hoy (12 de enero de 2017) que fue multado por la Contraloría por cometer supuestos delitos administrativos y señaló que con esta medida se busca allanar el camino para inhabilitarlo.

«Fuimos multados, nos declararon responsabilidad administrativa y ahora lo que viene, el siguiente paso, es un recurso de reconsideración» por parte de la defensa, dijo Capriles en rueda de prensa horas después de que la Contraloría General de Venezuela informara de su «responsabilidad» en las supuestas irregularidades.

«Nosotros cumplimos todas nuestras formalidades porque estamos haciendo nuestro expediente», explicó el gobernador que aseguró que la multa es «inaceptable» al tiempo que indicó que se trata del pago de 45 000 bolívares (unos USD 70) por funcionario multado.

Capriles informó el martes pasado de este proceso administrativo en su contra y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes.

El gobernador indicó que hoy le envió «a todo el cuerpo diplomático» la información sobre todo este proceso en su contra «para que informen a sus gobiernos» de una situación que califica de ilegal e inconstitucional.

«Si yo cometí una irregularidad, reitero, mándenme a los tribunales, mándenme a Fiscalía, porque aquí no hay daño patrimonial», insistió este jueves.

El abogado del líder opositor, Rafael Chavero, dijo en la misma rueda de prensa que la decisión de multar a Capriles y a otro grupo de funcionarios de la Gobernación de Miranda fue anunciada hoy por representantes de la Contraloría de forma «oral» y que aún hay que esperar que sea publicada en los próximos cinco días hábiles.

Una vez que se haga pública esta penalización, la defensa ejercerá «los recursos pertinentes» para que se reconsidere este castigo pues, a juicio de Capriles y de su defensa, las irregularidades administrativas que le imputan «no existieron».

«Lo grave de hoy en esta decisión es que declararon la responsabilidad administrativa del gobernador y de varios funcionarios de la Gobernación del estado Miranda», explicó el abogado lo que significa que «en cualquier momento lo pueden inhabilitar» por cinco u ocho años. Agregó que Venezuela tiene «una de las peores leyes de contraloría que hay en la faz de la tierra» que le permiten al contralor «decidir libremente, discrecionalmente, inhabilitar funcionarios».

Según Chavero este proceso es una «manipulación jurídica» que tiene como fin «fabricar una responsabilidad administrativa» para mantener al gobernador contra la pared y bajo la amenaza de la inhabilitación sin que previamente se realice un proceso judicial.

Más temprano, el contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo que Capriles tiene «responsabilidad» en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más y anunció que «cuando se tome la decisión definitiva en este caso» se dirá públicamente el castigo que recaerá sobre los investigados.

Capriles explicó ayer que las supuestas irregularidades tienen que ver con la reconducción del presupuesto, «dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña», un contrato televisivo, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios, y otros por el «ejercicio económico financiero en 2011.EFE

El  gobernador de Miranda, Henrique Capriles, fue citado para este jueves 12 de enero a la Contraloría General de la República por un caso que tendría que ver con la declaración jurada de bienes del 2015, según lo dicho por el propio dirigente político que denuncia una persecución en su contra.

A las 11 de la mañana fue necesario reforzar la seguridad policial en los alrededores del ente público debido a la presencia de colectivos que amenazaban a la prensa y a los seguidores que esperaban al líder opositor.

En un confuso enfrentamiento, dos personas resultaron heridas.

No obstante, Capriles había anunciado en la víspera que no sabía si acudiría personalmente o enviaría a sus abogados. Finalmente no acudió y explicó sus razones: “No me voy a prestar para un circo privado. Si el circo lo quieren hacer que lo vea todo el país. El circo que hicieron encerrados en una sala donde espacio es dirigido por la hermana del frustrado, el eterno despechado por Miranda, Elias Jaua Milano”.

En representación de la defensa acudió su abogado, Rafael Chavero.

Para Capriles ya la suerte está echada y advierte que lo quieren inhabilitar por la vía administrativa. Por ello retó a las autoridades llevarlo a un tribunal de juicio para presentar su defensa.

Yo sé cuál es la decisión. Quieren sacarme del camino, yo los reto a que me lleven a la Fiscalía, a los tribunales, pero usan el arma administrativa para tratar de acabar con mi carrera”.

Además repudió la agresión a las personas que pretendieron estar en la audiencia pública de la Contraloría y responsabilizó a la Guardia Nacional de los heridos.

Nota de NTN24

 

Luisa Panagua.- Los diputados Héctor Rodríguez y Víctor Clark iniciaron acciones ante instituciones del Estado con el objetivo de bloquear a la Asamblea Nacional (AN) quien, según su criterio, continúa en desacato al desobedecer las diversas sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió en contra del Parlamento.

Rodríguez, introdujo un recurso ante el máximo tribunal con el objetivo de que este poder declare ilegal e inconstitucional a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Julio Borges.

Al salir del TSJ, Rodríguez, sostuvo nuevamente que, como jefes de las bancadas, se reunió varias veces con Borges y que este se habría comprometido a desmarcarse de la línea de su antecesor, diputado Henry Ramos Allup. «Siempre hablé con Borges y siempre estuvo en desacuerdo con lo que se hacia en la AN. Sin embargo ayer vimos un discurso mala copia de Ramos Allup», afirmó.

«Si la oposición no corrige sus errores, los venezolanos necesitaremos una nueva Asamblea», afirmó.

Por su parte, el parlamentario Víctor Clark se dirigió a la Contraloría para solicitar una investigación en contra de la Asamblea  por «usurpar funciones legislativas» y por el presunto uso de recursos públicos mientras se mantiene el desacato del Parlamento.

Para Clark, con la nueva Asamblea se ratificó «que buscan dar un golpe de Estado».