Presuntos manejos irregulares de activos venezolanos, por parte del Gobierno encargado, están siendo investigados por diferentes organismos en Estados Unidos, tras la acusación de dos empresarios, desvelada en una amplia investigación el The Washington Post.

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En el trabajo se relata que los dos empresarios, de nombres Jorge Reyes y Pedro Antar, denunciaron en una trama de corrupción que alcanza los 40.000 millones de dólares de activos de Venezuela en el extranjero, y estarían implicados los ciudadanos Fernando Blasi y Javier Troconis, este último comisionado del Gobierno (E) para la Gestión y Recuperación de Activos.

Reyes aseguró al TWP que Guaidó los llamó en abril de 2019 para expresar interés en sus servicios, lo que estribó en «más de una docena de reuniones con altos miembros» del Gobierno interino.

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«Durante una reunión en diciembre de 2019 en el suburbio de Doral en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas ‘impactantes'», relata el trabajo.

Más de 20 entrevistas y una exhaustiva revisión de documentos, por parte del Post, revelan acuerdos propuestos al par de empresarios, que involucran a Troconis e incluyen «pagos grandes e inusuales» para el otorgamiento del contrato.

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Por su parte, Troconis se defendió de las acusaciones. «Este es un ataque contra todos nosotros (…) las pruebas son falsas», dijo en entrevista para TWP.

El funcionario expresó su interés en que con la investigación «salga toda la verdad» de los hechos.

Sobre esto, el embajador (E) de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, ya solicitó una investigación independiente a las autoridades de la nación norteamericana.

«No pongo mis manos en el fuego por nadie (…) creo que si hay pruebas, tenemos que investigar», afirmó el diplomático al respecto.

Sin contraloría, instituciones que hagan contrapeso a la gestión de Gobierno, y tampoco se conoce las cifras invertidas para los denominados programas de inversión social. El clamor ciudadano es uno: corrupción.

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En esta nueva entrega de ¿Qué Pasó Con?, conducido por Isnardo Bravo, especialistas comparten sus apreciaciones sobre la forma cómo la administración de Nicolás Maduro maneja los fondos del Estado y no dan cuenta del gasto público.

«El gasto público no se publica desde el 2010 (…) ni se ve un informe de la oficina central del Tesoro. Estamos en un país en que el Gobierno se robó los recursos públicos y no  nos dice cómo los utiliza», señaló Mercedes de Freitas, directora de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela.

La crisis multifactorial que padece Venezuela, la que muchos especialistas la achacan a la mala gestión de los gobiernos chavistas, el sociólogo Francisco Coello la califica como una «diseñada por el régimen» para lograr el control total.

«Hay una crisis diseñada (…) lo que estamos viviendo es una crisis que se ha diseñado para que lleguemos a este punto», explicó el especialista en conversación telemática.

El cantante canadiense The Weeknd acusó de corruptos a los Premios Grammy, este martes, luego de no lograr ninguna nominación a pesar de ser «uno de los favoritos».

«Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia…», escribió The Weeknd en sus redes sociales.

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El mensaje fue publicado luego que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara sus nominados a la 63 edición de los premios que serán realizados el 31 de enero.

La ausencia de Abel Makkonen Tesfaye en los Grammy sorprendió a la prensa musical y a sus fanáticos pues «After Hours», su último álbum, es considerado uno de los mejores proyectos del 2020.

The Weeknd

The Weeknd

Este sábado, el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, exigió nuevamente la liberación de los seis ejecutivos petroleros estadounidense conocido como CITGO-6, quienes fueron arrestados hace tres años en Venezuela por presuntos cargos de corrupción.

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Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, fueron convocados ese 21 de noviembre de 2017 a unas reuniones de negocios, momento en el que fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados y desde ese entonces, están situados en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela.

A través de un comunicado del Departamento de Estado, Pompeo ratificó el compromiso que existe por parte del gobierno estadounidense para llevar a casa a todos los ciudadanos de su así detenidos como rehenes en el extranjero.

«El gobierno de Estados Unidos ha pedido repetidamente la liberación incondicional del CITGO-6 y su regreso a Estados Unidos. Estos seis estadounidenses y sus familias ya han sufrido bastante; Es hora de que Maduro deje de lado la política y permita que estas familias se reúnan.», cita parte del documento.

Asimismo, detalló que el Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, el Representante Especial para Venezuela Elliott Abrams y su persona, continan en su misión de asegurar la liberación del CITGO-6.

«Haremos todo lo posible para lograr ese objetivo».

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, hizo una defensa, ante el Congreso de su nación, por las acusaciones de corrupción y sobornos de las cuales es objeto.

«Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis», dijo Vizcarra al manifestar su rechazo «enfático» y «categórico», indicó en su discurso en el Parlamento.

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En el pleno del Legislativo, el mandatario explicó que solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de dos obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), aunque esos casos ya han sido investigados previamente por el Ministerio Público, lo cual no debe tomarse como argumento para ser destituido vía juicio político.

Franklin Pacheco, quien ejerció como parte del personal de enfermería del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) en el estado Trujillo durante 20 años, fue despedido luego de elevar una denuncia por irregularidades.

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En octubre de 2019 fue destituido de su cargo, por haber reclamado y protestado por un desvió de insumos que realizaron en el hospital Dr. Motezuma Ginnari de Valera. Junto a él, fueron destituidos otros 26 trabajadores.

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«Vimos un camión, que supuestamente era del hospital central, que estaba sacando una serie de medicamentos costosos. Procedimos a pedirle la identificación (…) no tenían ningún tipo de identificación», narra Brito en el reportaje realizado por la periodista Mayra Linares.

El comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, Javier Troconis, aseguró que el consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) miente al asegurar que desde el Gobierno encargado se estableció un acuerdo para la «rescatar» los bienes de Venezuela en los países de Petrocaribe (14).

En reunión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), explicó que el primer contacto con representantes del consorcio ocurrió el 7 de diciembre de 2019, y tuvo un encuentro con éstos el 2 de enero de 2020.

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Troconis explicó que para llevar adelante el acuerdo, era necesario que cumplieran con una serie de requisitos, los cuales, tiempo después, desde la oficina de su Comisión se enteraron no cumplían.

«Inmediatamente procedí a reunirme con ellos a expresarles que no podíamos establecer negocios (…) si ellos consideran que yo les pedí dinero a cambio, por qué no levantaron la denuncia ante los organismos pertinentes», expresó.

Precisó que en su contra habían denuncias de corrupción, fraude y mal manejo de activos ante la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) organización regulatoria encargada de gobernar y gestionar la actividad entre inversores en Estados Unidos.

Sin embargo, mencionó que les entregó un documento llamado «buena pro», con el cual la firma ha buscado avanzar en el contrato que aún no ha sido suscrito.

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«Se atribuyeron la representación del Estado venezolano, sin que se le haya otorgado la concesión, solo una buena pro (…) yo les informé que el contrato se les otorgaría solamente si cumplían con todos los requisitos», recalcó.

Al ser preguntado por la diputada Elimar Díaz sobre las condiciones para entregar dicho documento a CRA, precisó que fue una exigencia de ellos para la entrega de toda la documentación legal y confidencial, y la carta solo expresa «el interés» en entablar relaciones.

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«Ellos exigieron que para entregarnos documentación legal de ellos, solicitaron un acuerdo de confidencialidad», puntualizó el comisionado.

Recalcó que «nunca ha recibido ni tenido comunicación» con la periodista Patricia Poleo, que fue quien desveló toda la supuesta trama de corrupción.

«Percibo mucho amarillismo, buscar dañar mi imagen. Si a usted le roban un carro, pues usted va y pone la denuncia al organismo competente», reprochó Troconis por la forma en que se ha manejado la denuncia en diferentes medios de comunicación.

En las redes sociales ha circulado un video donde aparece el presidente de Guinea, Alpha Condé, golpeando al ministro de Salud de ese país, aparentemente por haber desviado los fondos destinados para la lucha contra la Covid-19.

De igual forma varios medios de comunicación de ese país, han asegurado que Condé destituyó al titular de ese Ministerio por el mismo hecho.

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Alpha Condé aspira a ser elegido nuevamente como primer mandatario de Guinea, en el proceso electoral del 18 de octubre.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Nicolás Maduro solicitó la extradicción de Rafael Ramírez, ex director de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y ministro de Petróleo entre los años 2002 y 2014.

El órgano judicial informó que, con la medida, se pretende conseguir que Ramírez sea sometido a un proceso penal en Venezuela, por los supuestos delitos de «peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)».

En la sentencia número 55-2020, el TSJ le garantiza a Italia (país al que fue remitido el pedido de extradición) que Rafael Ramírez «será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos antes mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución».

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En diciembre de 2014, tras discrepancias con Nicolás Maduro, Ramírez fue destituido de su cargo como representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Cuatro años después, en 2018, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), emitió una orden de captura contra el ex «hombre fuerte» de Pdvsa, por presuntos hechos de corrupción.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció una recompensa de 5 millones de dólares por la captura o información para tal fin de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a la administración de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, Pompeo, ademas de anunciar la recompensa, comunicó nuevas sanciones contra Moreno y su esposa, la modelo Debora Menicucci, por estar envueltos en una «significativa corrupción» y por presuntamente haber recibido soborno para «influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela».

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«Maikel José Moreno Pérez, un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Al designarlo públicamente hoy, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción», se manifestó Pompeo a través de su cuenta personal en Twitter.

Foto: AFP

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