La falta de recursos económicos y la crisis en Venezuela le impiden a Yulia Durán combatir una bacteria que día a día consume una de sus piernas.

Lea también: #RostrosDeLaCrisis | Madre pidió ayuda para su hijo con parálisis cerebral (+Vídeo)

«He perdido un poco el talón, necesito medicamentos y materiales quirúrgicos para realizarme las curas», expresó Durán en una entrevista al programa Rostros de las Crisis.

La paciente renal vive actualmente en condiciones vulnerables junto a sus dos hijos y se encuentra a la espera de una cirugía para recuperar su pie.

 

Dentro de todos los aspectos involucrados en la crisis venezolana, el de la alimentación podría ser considerado como el más grave. En su más reciente informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indicó que casi 9,3 millones de venezolanos padecen de inseguridad alimentaria y que 2,3 millones entran en la categoría de “inseguridad alimentaria severa”.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2020 concluyó que “el 74% de los hogares (venezolanos) tiene un grado de inseguridad alimentaria entre moderada y severa”. El sondeo indica además que “el consumo nacional promedio de proteínas es sólo el 34,3% del requerido».

Lea también: #EspecialVPItv | ¿Qué es la OFAC y cómo funcionan las sanciones en contra de Venezuela?

Con tales datos como telón de fondo es posible afirmar que los problemas alimenticios padecidos por la mayoría de los venezolanos podrían dejar una huella negativa en toda una generación de habitantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que “una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad”.

La comida cuesta más de lo que se gana

Gretty Blanco es manicurista, vive en La Candelaria, junto a su hija de 23 años, quien no se encuentra trabajando. Como gran parte de la población, vio sus ingresos afectados por la pandemia del Covid-19.

Gretty forma parte de aquellos venezolanos que “viven al día”. Por ese motivo, la cuarentena ordenada por Nicolás Maduro redujo considerablemente su entrada de dinero y su poder adquisitivo.

“Antes (…) podía hacer entre 10 dólares y 15 dólares diarios, trabajando cinco días a la semana. Desde que empezó la pandemia, si hago 20 dólares en toda la semana es mucho. Afortunadamente, nunca he dejado de comer bien, dentro de lo que cabe”, comenta la mujer.

Blanco recibe bolsas de comida, gracias al programa que adelanta la administración de Nicolás Maduro a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Clap). A pesar de ello, la manicurista está obligada a comprar carne de pollo y de res, artículos que no son distribuidos, de manera frecuente, por los Clap.

En Venezuela, un país en el que el salario mínimo integral es de 3,10 dólares (según el cambio oficial), la canasta alimentaria sólo en la ciudad de Caracas tiene un costo cercano a los 20 dólares.

Lo anterior corrobora lo expuesto por la Fundación Bengoa en su informe de 2012. Ese reporte concluyó que para el período 2005-2010 el consumo diario de calorías en Venezuela ya era menor al recomendado para el país.

Igual dictamen fue el de la Encovi 2020. Según los realizadores del estudio, “79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos”.

Promesas vacías 

A pesar de que el fallecido presidente Hugo Chávez prometió acabar con la pobreza y con los niños de la calle, en su primer discurso como primer mandatario en 1998, ambos males siguen presentes años después.

Por su parte -- y durante el año 2016 -- Nicolás Maduro (el heredero de Chávez) creó los Clap. Su objetivo, según dijo, era romper «los mecanismos de parasitismo de los bachaqueros, de la especulación y del robo al pueblo”, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria.

Sin embargo, tal y como ha demostrado una investigación conducida por autoridades estadounidenses, los Clap, lejos de acabar con el hambre en Venezuela, sirvieron de fachada para construir una red de corrupción que ha saqueado las arcas venezolanas y enriquecido a buena parte de los involucrados con la administración de Maduro.

Empleados del sector salud se congregaron este jueves a las afueras de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, para entregar un documento en el que exigen ayuda humanitaria para poder trabajar con las condiciones mínimas de seguridad.

Lea también: #EEUU | Fauci recomendó protección adicional contra el Covid-19

Yadira Rosales, bioanalista informó que “$1,3 es lo que están pagando a nivel público por nuestros servicios (…) No es posible que los trabajadores del sector salud en un país petrolero estén sometidos a estas desventajas”.

Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, informó que, “entre tantas fallas que tiene el sistema de salud en Venezuela”, un ejemplo importante es el del Oncológico “Luis Razetti”, donde “se danó el tomógrafo en diciembre de 2019 por una tontería y no lo han arreglado”.

Desde hace un par de años, las políticas de la administración de Nicolás Maduro han hecho que países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea hayan implementado sanciones en contra de instituciones o individuos involucrados en hechos delictivos o de corrupción, tal y como pasó el pasado 26 de marzo, cuando William Barr, fiscal general de Estados Unidos, presentó cargos de “narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero”, además de ofrecer una recompensa de $15 millones, en contra del líder heredero de la “Revolución Bolivariana” y otros miembros de su tren ejecutivo y ministerial.

Lea también: #EspecialVPItv | Mantener un carro en Venezuela, un reto para el bolsillo

A pesar de que esto se consideró como un gran “golpe en la mesa” y una medida de presión para la administración chavista a nivel político, Venezuela ha sido sometida a distintas sanciones económicas desde 2015, cuando aún gobernaba el presidente Barack Obama y Maduro entraba en su segundo año de mandato: fue la Orden Ejecutiva n° 13692 emitida el 8 de marzo, con la que se bloqueó “la entrada (a EEUU) y propiedades (en EEUU) a ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela” y se restringieron las visas a siete funcionarios venezolanos. Esto marcó un precedente legal para que EEUU considerara a Venezuela como una “amenaza para la estabilidad de la región” y daría pie para que la administración de Trump empezara a utilizar a la OFAC para presionar aún más al régimen.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es un despacho subordinado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se encarga de “administrar y hacer cumplir sanciones económicas y de intercambios basadas en políticas extranjeras y objetivos de seguridad nacional de EEUU, en contra de determinados países, regímenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellas personas involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos”, de acuerdo a lo encontrado en su página web.

La OFAC es la sucesora de la Oficina de Control de Fondos en el Extranjero (FFC, por sus siglas en inglés) que, según información oficial, “fue fundada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, luego de la invasión alemana a Noruega en 1940 (…) Con el propósito inicial de prevenir que los Nazis usaran los ahorros de divisas y valores de los países ocupados, y de esta manera evitar la repatriación forzada de fondos pertenecientes a los nacionales de esos países”. La OFAC fue constituida como la conocemos hoy día en diciembre de 1950, luego de que China ingresara a la Guerra de Corea.

El régimen venezolano, nuevo objetivo de la OFAC

De acuerdo al portal de la OFAC, 167  son las sanciones a entidades e individuos relacionados con la administración de Maduro,  en donde se pueden encontrar nombres importantes para el chavismo como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Tibisay Lucena, Iris Varela, Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Nestor Reverol, Ernesto Villegas, Vladimir Padrino López, Freddy Bernal, Nicolás Maduro, Adán Chávez, entre otros.

Con respecto a las instituciones, la OFAC ha sancionado a Globovisión, Seguros La Vitalicia, Banco Internacional de Desarrollo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, Conviasa, La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), entre otras.

Esto quiere decir, que todas la relaciones económicas, transacciones, o financiamiento que involucren a cualquier sancionado de la lista de están prohibidas y, en caso de incumplir esta normativa, la OFAC tiene la potestad de bloquear  estas transacciones y sancionar a cualquier persona que haga negocios con entres no permitidos.


José Toro Hardy, economista y experto en petróleo, indicó para La Voz de América (VOA) que estas sanciones representan un “cerco que cada vez es mayor, es como un nudo que se va apretando, cada vez le es más difícil para el régimen de Maduro tanto vender petróleo como comprar gasolina”.

Y es en esta circunstancia en la que los venezolanos sufren los embates de las sanciones que, aunque están dirigidas a presionar a un régimen corrupto, el hecho de que este sea un país monoproductor juega en contra de la economía, ya que más de 20 años de más discursos que hechos, dejaron a Venezuela en medio de la crisis más grave de toda su historia contemporánea, con industrias completas destruidas, por nombrar sólo un ejemplo.

“Cuando un gobierno se aparta de la comunidad internacional y actúa al margen irrespetando normas, se le hace más difícil. En el siglo XXI nadie está aislado, hay una interdependencia muy grande entre los países y las economías, y aún más cuando se habla del más global de todos los productos que hay en el comercio mundial como lo es el petróleo”, indicó Hardy para VOA.

A continuación, presentamos las que se podrían considerar las sanciones más relevantes hechas por la OFAC en contra de entes relacionados con la administración de Nicolás Maduro:

  • 2015: Barack Obama emite la Orden Ejecutiva n° 13692 en la que congeló los bienes y visas de siete funcionarios venezolanos, fundamentando legalmente además para que la OFAC pudiera sancionar a aquellas personas que contribuyeron con la erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa” en Venezuela. Los funcionarios afectados en aquel entonces fueron  Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padronm Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino 
  • 2017: El día posterior a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de julio, la OFAC vuelve a la ofensiva con una sanción para Nicolás Maduro, congelando todos sus activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. El 9 de agosto, el Departamento del Tesoro incautó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la ANC, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’ Amelio.

 

  • 2018: El presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva el 19 de marzo, con la que se impide que los ciudadanos estadounidenses y cualquier persona dentro del territorio de EEUU puedan hacer transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela, esto como respuesta al surgimiento del “Petro”. El 18 de mayo, el Departamento del Tesoro incluyó a Diosdado Cabello, José David Cabello (hermano de Diosdado), Marlenys Contreras de Cabello (esposa de Diosdado) y  al empresario Rafael Sarría, en la lista de sancionados. El 25 septiembre, la administración de Trump realizó una nueva ronda de sanciones personales en contra de funcionarios venezolanos, afectando a Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, José Omar Paredes y Edgar Sarria.
  • 2019: El 28 de enero, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro trabajaron en conjunto para cancelar las órdenes de compra de crudo a PDVSA y ceder el control de su filial CITGO (además de cuentas bancarias del estado venezolano) al Gobierno Encargado de Juan Guaidó. El 5 de abril, EEUU anunció sanciones en contra de 34 embarcaciones que PDVSA utilizaba para transportar petróleo venezolano a Cuba.

El canciller de la adminisitración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, denunció este miércoles «el ingreso furtivo en nuestra Zona Contigua, del buque de guerra estadounidense: USS PINCKNEY (DDG-91)».

Lea también: #Venezuela | Trabajadores de PDV Marina en Anzoátegui protestaron para exigir el pago de bonos alimenticios (+Video)

Arreaza catalogó este hecho como un «inexcusable acto de provocación que pretende menoscabar nuestra soberanía e integridad territorial», además de denunciar «las infames declaraciones difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos (…) En las cuales señala a Venezuela de ejercer un excesivo control sobre sus aguas jurisdiccionales».

«Las instituciones de Venezuela, y en especial su Fuerza Armada Nacional, harán respetar la sagrada soberanía e integridad territorial de Venezuela a toda costa conforme con las leyes internacionales», finaliza el comunicado compartido por Arreaza en su Twitter.

De acuerdo con lo informado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Otilio Rodríguez y Richard Rodríguez, periodistas del estado Sucre, fueron detenidos arbitrariamente este miércoles en Carúpano.

Lea también: Directivos de Copei en el Zulia renunciaron a sus cargos

Richard Rodríguez, director de Radiomanía 89.7 FM, «fue trasladado este 15 de julio del gimnasio vertical de Carúpano a un local cerca de la morgue del hospital, en represalia por un video sobre las condiciones en las que se encuentran pacientes con Covid-19 en el gimnasio», informó el SNTP. Rodríguez fue trasladado hasta el gimnasio «como paciente en observación (…) Al llegar, grabó las instalaciones y trasladado, con su esposa, a un lugar sin agua y sin vigilancia médica».

Otilio Rodríguez, director de la web Carupanizate.com, permanece detenido en el comando de la Guardia Nacional en Carúpano desde las 4:00 PM de este miércoles, aproximadamente, y «estaría siendo investigado por mensajes emitidos a través de la emisora Pura Candela 93.3 FM».

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2020 (Encovi), el 19% de los 9.932 hogares venezolanos encuestados reportó que alguno de sus integrantes migró entre 2014 y 2019 y, de este total, 10% reportó que tres o más miembros de la familia se fueron del país; el 20%, dos integrantes; y un 70%, solo uno.

Lea también: Provea: “La OLP cumple cinco años de excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares”

Anitza Freitez, coordinadora de la Encovi, explicó en la presentación de los resultados que «sigue siendo muy joven la población que se está yendo del país (…) Básicamente entre 15 y 29 años”. Con respecto al nivel educativo, hay más migrantes con niveles de escolaridad más bajos (66% con escolaridad media o primaria), sin embargo, uno de cada tres (un 34%) alcanza el nivel de técnico superior o con enseñanza universitaria.

Sobre las razones de su partida, el estudio reslató un incremento en las personas que dejaron el país para buscar o porque consiguió trabajo (82,8%). En términos generales, el estudio reveló que en los últimos tres años salieron del país 2,3 millones de venezolanos.

La Organización de Naciones Unidas, estima que actualmente hay más de cinco millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), elaboró un informe sobre la Operación Liberación del Pueblo (OLP), a cinco años de su lanzamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro, «que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares».

Lea también: #Venezuela | Flexibilización parcial comenzó este lunes en el estado Falcón, Venezuela

Para la organización, la OLP se basó en el discurso oficial que promovía la «mano dura», lo que propició que funcionarios militares y policiales cometieran cientos de abusos en contra de habitantes de zonas populares. Entre 2015 y 2017, según cifras del Ministerio Público, 505 personas fueron asesinadas por funcionarios de seguridad.

«Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales», indica parte del informe.

 

Puede leer el informe completo aquí.

El Episcopado Venezolano indicó que la situación actual se debe asumir «con una percepción de esperanza a la espera del momento del reencuentro».

En la CXIV Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano, realizada este martes 7 de julio desde la Diócesis de la ciudad de San Cristóbal, el Monseñor José Luis Azuaje, expresó que la «palabra clave» en tiempos tan difíciles es que somos «frágiles», y que todos los obstáculos que se impongan ante la esperanza, «la respuesta es la fe».

Lea también: 110ma Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano se instala con mensaje a la juventud

Aseguró que los ciudadanos tienen mucho que aportar en la situación actual, tomando en cuenta la «dignidad humana».

En respuesta al escenario crítico que enfrentan los más desfavorecidos tras la falta de alimentos y las necesidades que se han intensificado para ellos ante la llegada del covid-19 al territorio, agradeció la labor realizada por Caritas Venezuela durante los últimos meses.

«No estamos solos», manifestó recordando que «la fe y el apoyarse en el Señor», nos permite estar en movimiento.

En una rueda de prensa, el titular de Ministerio Público de la administración de Maduro, Tarek William Saab, solicitó órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes a varios miembros del gobierno (E) de Juan Guaidó, por «participar en este tema criminal donde se pretende apropiar del oro de la República Bolivariana de Venezuela».

Lea también: #Venezuela | Ricardo Villasmil: “La justicia británica le abrió nuevas puertas a Juan Guaidó”

Como respuesta al reconocimiento del gobierno de Inglaterra a la gestión de Guaidó y su postestad sobre las reservas de oro venezolano en ese país, Saab informó sobre la solicitud ordenes de aprehensión y congelamiento de bienes a Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius, Manuel Rodrígez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suárez (Junta Directiva ad Hoc del Banco Central de Venezuela); José Gregorio Hernández, Irene Loreto y Geraldine Afiuni (miembros de la Oficina Especial del Procurador); y a Vanesa Newman, Julio Borges y Carlos Vecchio, «quienes son responsables, junto a la élite terrorista de Voluntad Popular, de negociar el territorio del Esequibo a cambio del apoyo de Inglaterra», según Saab.

«A todas estas personas nombradas anteriormente, se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir», informó Saab.