Venezuela enfrenta desde el próximo martes 30 de junio una desfavorable posibilidad en cuanto a la disputa sobre el territorio del Esequibo, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realice una audiencia para analizar la demanda de Guyana, que exige que se valide la legalidad del Laudo Arbitral de París de 1899.

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Luego de más de 50 años de negociaciones fijadas en el Acuerdo de Ginebra para dirimir las diferencias sobre la región guayanesa, Venezuela y su país vecino no lograron ningún pacto y ahora la responsabilidad recae sobre la jurisdicción de la CIJ.

La petición guyanesa es que se reconozca definitivamente que la “zona en reclamación” les pertenece, tal como se sentenció el 3 de octubre de 1899, en una disputa que por ese entonces enfrentó a Estados Unidos y el Reino Unido, como representantes de las partes involucradas.

A juicio de diversos analistas, la audiencia que realizará la Corte no será beneficiosa para Venezuela. No solo por la exigencia de su contraparte, sino por la postura que ha decidido asumir la administración de Nicolás Maduro para defender el caso.

Un lugar vacío

La Corte Internacional de Justicia realizará una audiencia virtual el 30 de junio para escuchar el reclamo de Guyana sobre el territorio Esequibo. Foto: Archivob

Luego de postergar todas sus audiencias debido a la pandemia del covid-19, el pasado 29 de mayo de 2020 la Corte Internacional de Justicia anunció que la misma entre Guyana y Venezuela se realizaría el 30 de junio siguiente, como la única excepción en medio de otras disputas.

Las controversias entre Guatemala y Belice, Gambia y Myanmar y Kenia y Somalia, que también recaen sobre la Corte y posiblemente con mayor urgencia, se mantuvieron suspendidas, lo que generó la molestia de la representación venezolana.

El pasado 20 de junio, la Cancillería dirigida por Jorge Arreaza a nombre de Maduro respondió que Venezuela no acudiría al evento que se dará por videoconferencia desde La Haya, debido a que no está dispuesta a escuchar ninguna opción que intente validar el Laudo de 1899.

Además, el vocero de Exteriores afirmó que la forma, el tiempo y la instancia con que se realizará la audiencia “no se corresponde con una práctica aplicable con carácter general”.

“La acción unilateral de Guyana carece manifiestamente de fundamento legal para sostener la jurisdicción de la Corte, por lo que Venezuela decidió, en el ejercicio de su soberanía, no comparecer ante la Corte para dicho procedimiento”, señaló la Cancillería.

Pese a la queja, La Haya ratificó la realización del proceso, con la única presencia de la delegación guyanesa.

A consideración de distintos profesionales de la materia, la decisión venezolana de no asistir al evento representa una estrategia equivocada que da aún más ventaja a Guyana.

El territorio Esequibo en reclamación entre Guyana y Venezuela posee 159.500 km. Foto: Archivo

Así lo aseguró a VOA el profesor de estudios internacionales, Carlos Luna, quien opinó que Venezuela debería participar al menos para hacer su “descargo de argumentos”, con el fin de que la CIJ entienda su rechazo y que Guyana no se enfrente a un lugar vacío.

Con esa mirada coincide el experto Emilio Figueredo, quien calificó como un “error” la ausencia de la parte venezolana.

“Es un error no estar presente. La CIJ es árbitra de su propia competencia y si tú no argumentas, basta que argumente el otro, por lo que dejas un vacío que es contraproducente“, indicó el abogado e internacionalista Figueredo en entrevista exclusiva para VPItv.

El analista, quien fuera designado en 1987 como embajador especial de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, conoce a profundidad los detalles del enfrentamiento y entiende que, a estas alturas, el reclamo nacional tiene pocas opciones.

“El caso para Venezuela es complicado porque hemos hecho muchas acciones violatorias para lo que pudiera ser el mecanismo que pruebe la nulidad del Laudo”, comentó.

El Laudo de París fue señalado en 1962 como “nulo e írrito” por parte de la ONU tras un reclamo de los intereses venezolanos. En ese momento, el organismo multilateral accedió a ese calificativo porque encontró documentos que comprometieron la legalidad del fallo, así como vicios de nulidad en la decisión.

Desde entonces, el conflicto pasó a un mecanismo de conversaciones entre ambos países para lograr un “acuerdo práctico” que diera por terminada la discusión por los 159.500 km².

Por muchos años, el diálogo bilateral se dio bajo la mirada de Naciones Unidas con el método de los Buenos Oficios, promovido por Figueredo tras ser designado en el cargo por el Gobierno de Jaime Lusinchi.

Los errores

Los errores de Venezuela en su intención por reclamar el Esequibo han sido “innumerables”, dijo el exembajador Emilio Figueredo

“Los errores en la disputa han sido muchísimos”, contó el diplomático, que enumeró los que considera más contraproducentes en la reclamación.

-No negar la validez del Laudo sino hasta la década del ’60 del siglo XX, dejando más de 50 años el control total para los guyaneses

-Bajo la administración de Juan Vicente Gómez, se procedió a una demarcación del mapa de Venezuela que favorecía la postura del Laudo

-Marcos Pérez Jiménez, durante su mandato en la década del ’50, abrió un viceconsulado de Venezuela en territorio Esequibo

-El expresidente Hugo Chávez Frías descalificó el Acuerdo de Ginebra y eliminó el patrullaje marítimo en la zona

Emilio Figueredo dijo que las estrategias fallidas han sido “innumerables”, pero además explicó que en la actualidad Venezuela tiene aliados cercanos que no favorecen su reclamación por el territorio.

Cuba siempre ha sido aliada de Guyana contra Venezuela“, recordó el experto, quien lamentó que si la CIJ fallara a favor de la contraparte, no habría “nada que hacer”.

“Si la CIJ reconoce que el Laudo de 1899 es válido, podemos ir, como decimos los venezolanos, a llorar al valle”, afirmó con tristeza el editor del portal Analítica, pues reconoce que este es un tema sensible para muchos ciudadanos.

“Si se pierde el reclamo, habrá un único culpable”

Armando Armas, presidente de la comisión permanente de política exterior del Parlamento, responsabiliza al chavismo por la situación del Esequibo

El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integridad de la Asamblea Nacional, Armando Armas, respondió a VPItv acerca del asunto y coincidió en que Cuba ha tenido un papel perjudicial en el reclamo venezolano.

“Desde muchos años atrás, en la Cancillería que manejaba Nicolás Maduro en los tiempos de Hugo Chávez, se desmanteló y se abandonó el reclamo histórico que Venezuela ha tenido por la zona con Guyana. Ellos mismos, a propósito, desmantelaron eso por tutelaje de Cuba“, aseguró el parlamentario.

Armas explicó que el régimen cubano y Guyana sostienen vínculos históricos, por lo que está convencido de que desde La Habana hubo “injerencia” para favorecer a su aliado.

A juicio del diputado por el estado Anzoátegui, la Cancillería venezolana no ha hecho todos los esfuerzos necesarios para hacer valer su postura, sino que más bien se ha debilitado.

“Nosotros entendemos que si se pierde en la CIJ el reclamo histórico que tenemos habrá un único culpable y es el régimen encabezado por Nicolás Maduro, tutelado desde La Habana”, sentenció Armas.

El legislador además dejó entrever que la actual gestión que dirige Miraflores podría tener intenciones abiertas de “entregar el territorio con negociaciones bajo la mesa”, por lo que rechazó cualquier acusación emitida sobre el tema contra el Parlamento.

Rechazo a la audiencia del CIJ

A pocas horas de que se celebre la audiencia, los posibles resultados preocupan a diversos sectores del país, representados en la organización no gubernamental ‘Mi Mapa’, que aboga por la inclusión del Esequibo en la geografía nacional.

Jorge Luis Fuguett, fundador y coordinador de la ONG, explicó a este medio que tiene más de 10 años luchando por el reclamo de Venezuela, llegando a tener vínculos con el oficialismo y la oposición en simultáneo.

Fuguett alerta que cuando se habla del territorio nacional se debe dejar de lado “el sesgo ideológico”, pues lo que podría ocurrir en los próximos días es “un tema de Estado”.

A diferencia del caso venezolano, el coordinador comentó que Guyana se une “como un solo bloque” al momento de defender su parte, más allá de la crisis política que vive dicha nación.

Jorge Luis Fuguett, fundador de la ONG Mi Mapa, en una visita al territorio Esequibo. Foto: Archivo

El pasado mes de marzo, el país vecino se sometió a un proceso de elecciones presidenciales que aún hasta esta fecha no tienen un claro ganador.

Los comicios que enfrentaron al oficialista David Granger y el opositor Irfaam Ali han desatado una crisis para definir al nuevo mandatario, pues en un primer momento se cantó fraude al anunciarse la victoria de Granger, luego los observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) dieron como ganador a su rival y el último informe electoral volvió a dar como vencedor al candidato gubernamental.

Pero más allá de esa controversia, Guyana no abandonó su reclamo en la justicia internacional contra Venezuela y espera recibir noticias positivas en días venideros.

Esa diferencia es clave para entender la forma de pensar en cada país, señaló el líder de la ONG Mi Mapa.

La crisis política nos afecta mucho. Lo más factible es que se mantenga el status quo hasta poder solventar los asuntos internos nuestros y luego podamos retomar conversaciones bilaterales”, deseó Furguett, quien pidió que se vuelva a pasar al Acuerdo de Ginebra.

Estos activistas creen que la audiencia de la Corte no debe ser aceptada por parte de Venezuela, por lo que elevarán su desacuerdo a través de redes sociales.

El lunes 29 de junio será una jornada agitada para la ONG, que participará en un foro virtual con una comisión mixta del Parlamento para explicar a profundidad la situación, mientras que a las 3:00 pm hora local llevará adelante una campaña en Twitter en rechazo a la demanda guyanesa.

Bajo el lema #EsequiboEsVenezuela, la organización pedirá directamente a la CIJ que deje sin efecto el proceso de audiencia.

Mientras tanto, desde Guyana crece la ilusión en dar por finalizada la disputa por un territorio que ya administra desde hace más de un siglo, pero que además podría generar dividendos económicos que los favorezcan inequívocamente.

Desde 2015, la compañía Exxon Mobil ha realizado exploraciones en la zona reclamada, hallando múltiples yacimientos en las costas. De seguir avanzando en esa dirección, Guyana podría dar con el descubrimiento de numerosos recursos en petróleo y oro.

Cuba empezó a volver a la normalidad este jueves luego de tres meses de confinamiento. Sin embargo, esta medida no incluye a La Habana ni a la provincia vecina de Matanza, ya que ahí la situación sigue siendo crítica.

Hasta los momentos, la isla cuenta con 2.295 casos confirmados de Covid-19 y 85 fallecidos.

Según las autoridades, no hay fechas fijadas para seguir el sistema de desescalada porque va a depender de los avances epidemiológicos. Solo en la tercera fase de desconfinamiento se podrá abrir las fronteras.

La delegación de 36 médicos cubanos enviados a Italia para ayudar a combatir la pandemia de covid-19 regresó la noche de este lunes a su país natal, en el que fueron recibidos como “héroes” por sus labores en uno de los países más azotados por el virus en Europa.

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Tras pasar dos meses en territorio italiano, los especialistas sanitarios regresaron a casa en una ceremonia transmitida por la televisión cubana y en medio de una gran fiesta, como si se tratara de un equipo deportivo, según reseñó AFP.

Además de los doctores, 15 enfermeras que integraban la misión también volvieron de la región de Lombardía, a la que partieron a finales del mes de marzo.

Esta misión internacional fue calificada por Cuba como exitosa, mientras que países como Estados Unidos y Brasil mantienen las críticas contra el programa por haber registrado irregularidades en las formas de vida de los enviados, así como injusticias en las tasas salariales.

Distintas organizaciones, gremios y sociedad civil denunciaron este martes sobre los intentos del régimen cubano de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y exigieron a la Alta Comisionada de esta institución visita la isla para evidenciar las violaciones que existen en este territorio.

El pedido fue a carta abierta con el fin de crear alianzas con la organización internacional y que la representante del organnismo, Michelle Bachelet, pueda exigirle al gobierno cubano cumplir con su propia legalidad y ratificación con los pactos internacionales. Sin embargo, esta aseguró a través de un correo eléctronico a El Nuevo Herald que solo puede visitar un país si las autoridades gubernamentales la invitan.

“El Alto Comisionado decide sobre la pertinencia de la visita con base en una variedad de criterios, incluida la disponibilidad de la agenda, la garantía de ciertas condiciones mínimas durante la visita, el posible impacto de la visita al país”, indicó. No obstante, los firmantes de la carta insistieron que no solo el Estado cubano viola los únicos vínculos con la institución, sino que también lo hacen con su propia Carta Magna.

“En Cuba mandan los decretos, no gobiernan ni la Constitución ni la ley. Y de estos decretos son víctimas artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y ciudadanos en general”, dijeron y volvieron a reiterar su pedido de una visita similar a la que hizo Bachelet en Venezuela.

La hotelera estadounidense Marriott, que opera en La Habana, Cuba a través de Four Points Sheraton, informó este viernes que dejará de funcionar en la isla a finales de agosto, por prohibiciones de la administración de Donald Trump.

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“El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó a Marriott International que debemos cerrar nuestra operación del Four Points Sheraton en La Habana, Cuba, antes del 31 de agosto, y que no se nos permitirá abrir otros hoteles en Cuba que hayan estado en preparación”, dijo una portavoz de la compañía.

La información se da a conocer un año después de que Estados Unidos prohibió los viajes de crucero desde su territorio hacia la isla. Marriott ingresó al mercado cubano en 2016 “con el permiso del gobierno estadounidense”, en el marco del histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama.

A través de su último informe sobre la situación política en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció sobre la falta de participación de la oposición cubana en el país, por lo que consideraron que están en “especial riesgo”.

La institución democrática aseguró que esta falta de participación política y elecciones libres también afectan a la libertad de expresión en el país caribeño. “La Comisión expresa su preocupación por el alto número de testimonios e información pública que denuncia detenciones arbitrarias contra activistas y opositores como una práctica en la isla”, señala el comunicado.

Además, indica que no existe una disposición para la separación de poderes y se registra una limitación a los derechos políticos, que estarían siendo controlados por un “ejercicio autoritario del poder, en el que los disidentes políticos o quienes sean percibidos como tales, encuentran constantes restricciones a sus derechos”.

A su vez, el comunicado que está respaldado por la Organización de Estados Americanos asegura que Cuba sigue siendo un país “que no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Pues, desde 1985 se encuentra en la lista negra de las naciones que violan los derechos humanos.

El FBI informó sobre la captura de un grupo de personas provenientes de Cuba, Venezuela, Honduras y Haití, en Miami y otras ciudades de Estados Unidos que presuntamente recibieron dinero para realizar acciones vandálicas en las protestas que se han registrado por más de ocho días tras la muerte del afroamericano George Floyd.

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“Definitivamente hay individuos asociados con Venezuela que pagaron viajes a personas a varias ciudades de Estados Unidos para promover el caos”, expresó uno de los investigadores estadounidenses al portal Primer Informe.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Miami, la cual está realizando el proceso pertinente para determinar si los encargados de realizar los pagos para estos disturbios están ligados con funcionarios venezolanos y cubanos.

El Comisionado de Miami-Dade, Joe Martínez, destacó durante una rueda de prensa que “muchas de las personas que participaron en las protestas en la ciudad se sentían heridos, pero cuando empiezas a quemar a romper propiedades, a tirarle piedras a los policías, es un crimen”.

El gobierno de los Estados Unidos sancionó a siete empresas turísticas y financieras de Cuba, las cuales no podrán realizar negocios con compañías estadounidenses, así lo anunció este miércoles el Departamento de Estado de ese país.

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“Estas siete subentidades benefician desproporcionadamente a la dectadura de Castro, régimen que utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y así financiar su interferencia en Venezuela, a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba”, señaló el Departamento de estado en un comunicado.

Según las autoridades estadounidenses, entre las entidades sancionadas “se encuentra una institución financiera controlada por el ejército, tres hoteles de propiedad militar, dos centros de buceo y un parque marino para turistas”.

Además, resaltaron que gran parte de sector turismo en Cuba “está operada por los militares del régimen castrista”.

Por su parte, el secretario de estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó a través de su cuenta en twitter que “Hoy añadimos siete nuevas subentidades a la lista de restricciones de Cuba. Continuaremos deteniendo el flujo de dinero de los bolsillos de los que oprimen al pueblo cubano: 61 años de opresión y dictadura son suficientes”.

Desde el mes de octubre del 2019, al menos 96 balseros cubanos han sido detenidos por las autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos. Según el medio Radio Televisión Martí, esto representa una disminución al 2018.

De los 96 balseros, 481 cubanos fueron detenidos, incluyendo en temporada de pandemia de Covid-19.

“Continuamos las operaciones en medio de la pandemia y nos mantenemos vigilantes a los intentos de migrantes que tratan de ingresar ilegalmente al territorio de EEUU en frágiles embarcaciones, sin el equipo adecuado, poniendo sus vidas en riesgo”, dijo la Guardia Costera en marco de los acuerdos entre la administración de Barack Obama y Raúl Castro.

El gobierno cubano no ha pagado a sus médicos radicado en Argelia, a pesar que este país cancela 70 millones a La Habana por sus servicios. Por esta razón, al menos 900 doctores se encuentran afectados por la morosidad del gabinete de Miguel Díaz-Canel.

Varios expertos en la salud le aseguraron a El Nuevo Herald que, a pesar de ser la principal fuente de ingresos de La Habana, están “comiendo” lo que dan los hospitales del país africano. “Cuba dice que no tiene dinero para pagarnos”, dijo una doctora en anonimato.

La administración de Miguel Díaz-Canel se queda con mayor parte del dinero, pues solo le paga a los médicos 900$, de los cuales 350 van dirigidos a sus cuentas en la isla. “Vivimos hacinados, varios en un mismo lugar. Las condiciones son malas, la seguridad peor. Esto lo hacemos por nuestras familias”, se quejaron.

No sería la primera vez que esto ocurre. Documentos revelaron que Brasil pagaba al menos cuatro mil dólares por cada médico y estos solo recibian mil dólares por honorarios. Además, Cuba se quedaba con una parte del dinero hasta que no se cumpliera el tiempo del contrato.