Las representaciones de Colombia, Brasil y Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron una sesión extraordinaria para «deliberar» sobre el reciente informe de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que publicó la misión independiente de las Naciones Unidas (ONU).

Las misiones permanentes de los países mencionados piden que la sesión extraordinaria se realice este martes, 29 de septiembre, para analizar la «situación de las precarias instituciones venezolanas» de cara a las elecciones parlamentarias «sin garantías democráticas», organizadas por la administración de Nicolás Maduro.

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«Es urgente que el hemisferio aborde las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes identificados por la misión de la ONU. La OEA debe denunciar a ese régimen y advertir sobre la gravedad de legitimar las elecciones fraudulentas impuestas por una dictadura cruel, señalada por sus ataques contra la población civil», expresó Claudia Blum, canciller de Colombia.

En la sesión estarían presentes los integrantes de la misión independiente de la ONU, expertos de diferentes centros de estudio, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

OEA

Carlos Vecchio, embajador del Gobierno (E) de Venezuela en Estados Unidos, conversó, con el periodista Sergio Novelli, acerca del informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis en Venezuela.

El embajador aseguró que los delitos reflejados en el informe «se siguen cometiendo» debido a que la administración de Nicolás Maduro cumple con «un patrón sistemático y generalizado de opresión a la población».

«Por primera vez, gracias al informe de la ONU, se dice que Maduro y su cúpula tienen la responsabilidad directa en delitos de lesa humanidad», indicó Vecchio.

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El cambio se generará por tres razones

Con respecto a la situación de crisis humanitaria en Venezuela, el diplomático aseguró que el cambio en el país se generará por tres principales razones: «Presión internacional, presión de fuerzas políticas internas y la presión de protestas».

En ese mismo sentido, Vecchio se refirió a manifestaciones como las de Yaracuy, que, según el embajador, «reflejan el malestar que sigue existiendo en Venezuela por las faltas de servicios».

«Yo no creo que el venezolano se vaya a cansar de protestar y luchar por su libertad», afirmó el funcionario del gobierno encargado.

Con respecto al respaldo internacional, Vecchio recordó que se está trabajando «conforme a los tiempos de nuestros aliados», pero no descarta que la «aplicación progresiva» de mecanismos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) generen la presión necesaria para generar un cambio político en Venezuela.

«Se puede llegar, como ultima instancia, a una acción militar de fuerza para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad, pero aún se siguen agotando las vías diplomáticas», aseguró Vecchio.

Samuel Moncada, representante de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas (ONU), entregó un informe de derechos humanos en Venezuela, que tiene el título «La verdad de Venezuela contra la infamia».

Dicho trabajo, elaborado por los poderes del Estado y políticos leales a la administración socialista, busca «demostrar la falsedad» del informe elaborado por la misión independiente de la ONU, que relata las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.

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Asimismo, Moncada reiteró que una representación del gobierno en disputa de Maduro, ocupa una silla en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Representantes del Partido Popular (PP), en el Congreso de España, anunciaron tener los apoyos parlamentarios para aprobar una iniciativa de respaldo a la «oposición democrática» en Venezuela.

«Para el PP, llegar a ver una Venezuela libre es una prioridad (…) poniéndonos al lado de las víctimas, no de los verdugos», expresó, en un comunicado, el Grupo Parlamentario Popular (GPP), brazo del partido en el Legislativo.

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Piden a todos los diputados del congreso dejar a un lado las diferencias políticas y unificar su posición en contra de las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela.

Hasta los momentos, los únicos que se han opuesto a la iniciativa en el Congreso español son los representantes de Podemos y diputados pertenecientes a partidos independentistas catalanes.