La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, lamentó que en Venezuela no se cumpla la Declaración Universal de 1948 y su ratificación por las Naciones Unidas en 2005.

Sobre las violaciones de Derechos Humanos, Solórzano señaló que se ha convertido “en un acto cotidiano y cualquiera de nosotros podría ser víctima. Se violan todos los DDHH al mismo tiempo. Hasta el que muere en un hospital por las condiciones o la falta de insumos, entra en las cifras de los asesinados por el régimen, esto es un crimen de Lesa Humanidad».

Además, recordó que “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a la población de otro estado cuando su gobierno comete los crímenes”. Por lo que pidió la ayuda a las instancias mundiales para la causa venezolana.

La comisión de Política Interior y la comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional aseguró que solo este lunes, 28 de septiembre, se han registrado 43 protestas civiles en el país, en 15 estados diferentes. Solo en el estado Nueva Esparta, hubo 25 detenciones arbitrarias, de los cuales tres fueron por tocar cacerola. También en el estado Sucre hubo varios pescadores heridos.

En rueda de prensa, la diputada Delsa Solórzano precisó que desde hace días se han reportado más de 250 concentraciones, donde 80% es para exigir la ausencia por servicios básicos y la escasez de combustible. A esto, la parlamentaria destacó la represión que han sufrido los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro.

En el estado Yaracuy, donde hubo manifestaciones desde el pasado viernes, hubo más de dos docenas de detenidos, de los cuales 15 fueron identificados por la Asamblea Nacional y cinco fueron puesto con privativa de libertad.

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En los estados Lara y Zulia se encuentran militarizadas y se reportó la presencia de la Guardia Nacional, Ejército, FAES y la policía municipal con armas de fuego. Para Solórzano, «la nación se cansó». Por está razón, las comisiones se encargarán de documentar todo tipo de agresión y represión para enviarlo a las instancias internacionales, ya que viola el artículo 68 de la Constitución venezolana.

Asimismo, la diputada aseguró que ha recibido información sobre que estos funcionarios de seguridad reciben dinero por cada detenido. «Sería pavoroso pensar que estos hechos ocurren por estos motivos fútiles», dijo.

Por otro lado, el diputado Freddy Valera señaló que la administración de Nicolás Maduro no es capaz de resolver los problemas de los venezolanos y su única respuesta es reprimir las manifestaciones. «Las personas que no son los detenidos en las movilizaciones, los persiguen hasta sus casas y sus residencias para detenerlos. Se les allanan», denunció. A su vez, aseguró que la salida de Venezuela será imponer un Gobierno de Emergencia Nacional propuesto por el presidente encargado, Juan Guaidó.

Para finalizar, Valera explicó que los audios filtrados de uno de los alcaldes de Yaracuy es la prueba de la respuesta partidista y política que hay en el país.

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció la condición en la que se encuentra el preso político Luis De La Sotta y otros militares.

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«Los crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo a diario en Venezuela», escribió Solórzano a través de Twitter.

Según la hermana de Luis De La Sotta, Molly De La Sotta, el capitán está siendo torturado por los cuerpos de seguridad leales a Maduro.

«Luis De La Sotta está siendo torturado, Está en sótano de la DGCIM, en una celda nauseabunda, con puerta de hierro blindada y cerrada. No tiene aire, está en un horno», resaltó De La Sotta.

Un grupo de embajadores de Venezuela designados por el Gobierno encargado en Centroamérica, acompañado por los diputados Delsa Solórzano y Rosmit Mantilla, presentó este miércoles el informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que responsabiliza a Nicolás Maduro por «crímenes de lesa humanidad».

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Los representantes del Gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, resumieron las más de 400 páginas presentadas la semana pasada, en donde se detallan casos de violaciones de derechos humanos contra presos políticos en el país.

Para Claudio Sandoval y Fabiola Zavarce, diplomáticos en Honduras y Panamá, respectivamente, el reporte de la ONU «marca un antes y un después» en la imagen de Nicolás Maduro internacionalmente.

«El régimen de Maduro asesina, detiene, tortura, desaparece y reprime personas de manera deliberada y como política de Estado. No se trata de hechos fortuitos, sino de una cadena de mando que va desde Maduro hasta el funcionario que comete el delito», consideró Sandoval, quien señaló que la administración chavista funciona como un «sistema criminal».

A su juicio, lo expuesto en el informe deja sin lugar cualquier tipo de solidaridad ideológica de otros gobiernos del mundo, que han sido neutrales en cuanto al reconocimiento de Maduro.

Fabiola Zavarce puntualizó, por su parte, que ahora «existen elementos probatorios e ineludibles» para escalar la presión política en Venezuela.

Con esa mirada coincidieron María Teresa Romero Cárdenas y María Faría, embajadoras en Guatemala y Costa Rica.

La legisladora Delsa Solórzano insistió en que «es claro que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad» y confesó que las denuncias que se han hecho públicas en el último mes quiebran «el alma».

Solórzano resaltó que agentes gubernamentales mantienen el poder y garantizan la impunidad en la nación para recibir beneficios económicos personales, lo que demuestra la complicidad en los crímenes.

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A su vez, el también diputado Rosmit Mantilla se encargó de contar los hechos sistemáticos de los que fue testigo durante su etapa como preso político en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante dos años.

Chantajes, extorsión, descargas eléctricas a los detenidos, torturas psicológicas y físicas, como colgar, vendar los ojos, y golpear a los reclusos fueron parte de las vivencias que recordó Mantilla.

De igual manera, el parlamentario contó que muchos presos son amenazados con acciones contra su familia, y varias veces supo de ciudadanos que eran ahogados en una bolsa que contenía excremento humano, a cambio de obtener falsos testimonios contra dirigentes políticos.

Sin embargo, Mantilla indicó que, luego del anuncio hecho por Juan Guaidó ante la ONU, solicitando la activación de un mecanismo de protección para los venezolanos, su testimonio hoy cobra «validez ante la comunidad internacional».

Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos en Venezuela afirmaron este domingo que el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (ONU) refleja la realidad que se vive en el país.

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Como respuesta a la reacción oficial de la administración de Nicolás Maduro, que el sábado desmeritó la elaboración del reporte publicado esta semana, los parlamentarios Delsa Solórzano y Rosmit Mantilla encabezaron el grupo que respaldó las denuncias.

Para la diputada Solórzano, «los cómplices de las torturas, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad» se burlaron de manera «muy grave» de las víctimas, al tratar de restar importancia a sus historias.

A su juicio, las declaraciones ofrecidas por Tarek William Saab y Jorge Arreaza fueron un intento por «desvirtuar y desmeritar» el informe de más de 400 páginas, donde se describen torturas y responsabilizan a altos funcionarios por permitir u ordenar que ocurrieran.

«El informe que hemos visto es histórico para nuestro país, es el libro negro de la dictadura de Maduro», insistió la legisladora, quien recordó que en la actualidad permanecen detenidas más de 300 personas, víctimas de torturas.

Torturas, descargas eléctricas y comida con excremento humano

Rosmit Mantilla, diputado que estuvo preso en El Helicoide entre los años 2014 y 2016, relató que durante su estadía en dicho centro de reclusión pudo constatar las violaciones de derechos humanos.

«Las torturas con descargas eléctricas son más comunes de lo que se cree en El Helicoide. Conocí un caso que la descarga eléctrica le explotó un dedo del pie«, dijo, agregando que supo de privados de libertad que eran obligados a alimentarse con comida mezclada con excremento humano.

Los golpes con bates envueltos en papel periódico también eran recurrentes en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según contó Mantilla.

El expreso político añadió que en ese lugar los funcionarios «extorsionan a las familias con supuestas boletas de libertad» y torturan psicológicamente a los presos, diciéndoles a donde van sus familiares, qué tipo de transporte usan y otros datos personales.

«El informe de la ONU no ha hecho más que decir la verdad«, sentenció el diputado por el estado Táchira.

Por su parte, el ciudadano Vasco Da Costa, recientemente excarcelado por un indulto, opinó que hay más cosas que suceden en las cárceles y el reporte de la ONU no llega a cubrirlas.

Da Costa mencionó esto en referencia a la presunta existencia de «centros clandestinos de tortura» en el territorio nacional.

Asimismo, Molly De La Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, detalló su caso y reclamó que el detenido necesita una visita «urgente» al urólogo y la misma se le ha negado. «Exigimos su liberación inmediata, como lo indica el informe», puntualizó.

Por último, la hermana de Abraham Agostini, quien fue asesinado en El Junquito junto al oficial Óscar Pérez, respaldó estas denuncias contra la administración de Maduro.

«Toda nuestra familia está en el exilio por persecución», sentenció Zarai Agostini.

Delsa Solórzano, presidente del partido político Encuentro Ciudadano, reiteró su apoyo a la propuesta de unidad formulada, este miércoles, por el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó.

A través de sus redes sociales, Guaidó anunció que sostendrá contactos con dirigentes de las distintas organizaciones políticas y que, en los próximos 10 días,  planteará «un gran pacto unitario» que le permitirá, a la oposición democrática, enfrentar los comicios parlamentarios convocados por la administración de Nicolás Maduro.

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«A título personal y en nombre del partido Encuentro Ciudadano, nosotros hemos decidido asumir el llamado del presidente Guaidó», expresó la parlamentaria, quien consideró la propuesta del mandatario como parte de «una ruta para lograr la democracia del país».

Durante una entrevista ofrecida al programa matutino «Al Día Con Sergio», Solórzano indicó que, pese a que los partidos políticos tienen tendencias diferentes, es necesario actuar en bloque.

«Es claro que somos diferentes, que pensamos distinto (…) pero yo le voy a Venezuela y a la unidad», reiteró.

Delsa Solórzano, diputada y presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional (AN), compartió un video mediante su cuenta de Twitter para exigir medidas humanitarias para los presos políticos en Venezuela, en vista del «grave riesgo» de contagio de Covid-19.

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«Tenemos la certeza de que el covid-19 ha llegado hasta varias de las prisiones donde se encuentran los presos políticos venezolanos», indicó Solorzano.

De acuerdo el audiovisual, la fiscal n° 32 del Ministerio Público confirmó la presencia de casos positivos del nuevo coronavirus en los sótanos del Helicoide y la Dgcim, donde «están en riesgo, aproximadamente, 200 personas.

La comisión parlamentaria exige el acompañamiento de la comisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a los familiares de los presos políticos.

Tras el pacto firmado por los partidos políticos de la Unidad este domingo, los principales dirigentes políticos respaldaron la decisión de no acudir a las elecciones parlamentarias convocadas por el CNE para el próximo 6 de diciembre.

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Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y jefe del Poder Legislativo, afirmó que el rechazo de «la farsa» es mayo y nadie aceptará «las imposiciones de un régimen en agonía».

El mandatario interino consideró que esta convocatoria tendrá una condena similar a las recibidas por las elecciones en 2017 y 2018.

«Sabemos que no es suficiente rechazarla, es clave permanecer unidos ejerciendo la mayoría en medio de la emergencia y junto a la presión internacional poder acabar con la tragedia que generó la dictadura«, expresó Guaidó.

En esa misma línea, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, confirmó que dicha organización y otras 26 toldas no participará en los comicios.

Delsa Solórzano, Emilio Graterón, Freddy Guevara y Yon Goicoechea también expresaron de forma inmediata su aprobación de la medida, pues entienden que no hay condiciones para realizar un proceso electoral transparente.

La violación de Derechos Humanos y libertades fundamentales y el reciente informe Encovi que demuestra la condición social de la población venezolana fue tema de discusión en el foro «Venezuela sin Derechos», en el que participaron intelectuales, políticos, diplomáticos y periodistas de América Latina.

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, expresó que desde el Parlamento y la Presidencia (E) se han recopilado los casos de violaciones de DDHH que han sido llevados ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«Las víctimas no pueden ser solo números, son ciudadanos a los cuales se les están violando sus Derechos Humanos», alertó Solórzano.

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También hizo hincapié en las cifras de pobreza extrema en el país. «Hoy Venezuela está al nivel de cualquier país empobrecido de África (…) más de 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar nuestras fronteras para buscar calidad de vida en otros lugares», puntualizó.

Luis Pedro España y resultados de la Encovi

El sociólogo e investigador Luis Pedro España, apoyado en los resultados de la Encovi 2019-2020, señaló que la canasta básica alimentaria en Venezuela es de las más costosas en la región y que el 80% de los ciudadanos no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación.

España, quien ingresó al foro retrasado debido a fuertes problemas de conexión a internet (comunes en Venezuela), objetó que si bien en la Encovi se señala una mejora en el tema de la vivienda, se debe a otros datos negativos: «Aparece una mejora en el tema de la vivienda, pero es a partir de una noticia muy mala. No se debe a más construcción de viviendas, sino a la migración».

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Alertó que los niveles de pobreza en Venezuela son más altos que naciones de bajos recursos en América Latina. «Cada vez nos vamos a parecer a países del Norte de África que fueron abollantes en otros tiempos, pero producto de las guerras y catástrofe políticas se deterioraron», detalló.

Al ser preguntado por Kike Frías para VPItv sobre el alcance de la llamada ‘dolarización de facto’ en la población, explicó que ha sido una consecuencia del aumento de la desigualdad.

Derechos

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), en el Parlamento se aprobaron varios acuerdos y discusiones para proyectos de ley sobre diferentes problemáticas que atraviesa Venezuela a la fecha.

Ley contra la Tortura

Se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Aprobatoria al “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, a fin de establecer supervisiones periódicas a los centros de reclusión, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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La diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano afirmó que la condena a la tortura, que representa una violación a los Derechos Humanos, debe pasar a formar parte de la legislación interna venezolana.

«Esto es un hecho histórico porque representa una muestra de lo que debe ser el jefe de un Estado que está muy claro y consciente, para lo primero que hay que hacer, que es cumplir la ley y lo segundo respetar los derechos de cada uno de los venezolanos», expresó Solórzano.

Rechazo a declaraciones de Padrino López

De «deplorable» y «posición dictatorial» fueron calificadas las recientes declaraciones de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la administración de Maduro. En la Asamblea se concluyó que sus palabras y posición política son violatorias a la Constitución en su artículo 328.

«La soberanía de la Nación está secuestrada y el dictador ha bloqueado las soluciones electorales con el respaldo de la cúpula militar», declaró al respecto el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

La Cámara Legislativa aprobó un Acuerdo que afirma que el general Padrino López «se aparta de los valores republicanos y el mandato constitucional de servir exclusivamente a la Nación».

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Parque Nacional Canaima en emergencia ambiental

Fue aprobado un Acuerdo donde se establece declarar al Parque Nacional Canaima como territorio en estado de «gravísima emergencia ambiental», a consecuencia del desarrollo minero causado por la aplicación de las políticas extractivistas decretadas por la administración de Maduro.

«Canaima es testigo excepcional de la perversidad y criminalidad del régimen de Maduro, su política extractiva, corrupta y destructiva en marcada en el Arco Minero del Orinoco y sus 111 mil kilómetros cuadrados, no fueron suficientes y ha sido expandida con todo su caos, horror y muerte a nuestros parques nacionales y de forma peligrosa al Parque Nacional Canaima», expresó la presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, diputada María Gabriela Hernández.

Acuerdos