Una «jornada médica contra la pandemia»  fue realizada en las inmediaciones de la urbanización donde reside el presidente (E) Juan Guaidó, denunciado desde la Presidencia encargada como falsa y una excusa para conocer de «manera exclusiva» donde reside el mandatario.

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«La dictadura una vez más se aprovecha de la Emergencia Humanitaria para infundir temor. El objetivo de la actividad es obtener la ubicación exacta del presidente (E) Guaidó y de sus vecinos», denunciaron a través de sus redes sociales.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó hace un año que el régimen de Nicolás Maduro impidió la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela que se encontraba en el Cúcuta, Colombia. Pese a esto, aseguró que la «ayuda llegará a quienes padecen emergencia humanitaria compleja» .

«Ni hace un año ni ahora habrá obstáculo que detenga nuestra convicción de insistir todos los días, por todos los caminos (…) Y aunque la soberbia de la dictadura prolonga la agonía de millones, la ayuda llegará a los refugiados», expresó el mandatario.

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La noticia la dio a conocer  Guaidó a través de un video difundido en Twitter, donde se muestra un resumen de lo que ocurrió el pasado 24 febrero en la frontera colombo-venezolana.

 

 

El concejal de Primero Justicia Fernando Alban, llegó a Venezuela el pasado 5 de octubre, luego de un viaje a Nueva York, Estados Unidos, donde visitó a sus hijos y su esposa, quienes se encuentran en el exilio, y acompañó al diputado Julio Borges a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a denunciar la crisis humanitaria que vive Venezuela, sin pensar que eso le costaría la libertad y hasta la vida.

A su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado vargas, lo esperaban funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), policía política del Gobierno venezolano, quienes no dieron respuesta de su paradero hasta el sábado 6 de octubre, cuando el parlamentario Julio Borges alertó que Albán se encontraba detenido en la sede de Plaza Venezuela de este cuerpo de seguridad, conocida como «La Tumba», según Borges, esto habría sido una retaliación por la participación del Concejal en «importantes reuniones en la ONU».

Luego de conocerse su paradero, Albán fue presentado el domingo 7 de octubre en tribunales, asignándole en primera instancia el Tribunal Sexto de Control del área metropolitana de Caracas, para luego remitirlo al Tribunal Primero de Control, único con competencia en terrorismo, ya que se le asociaba al caso del magnicidio en grado de frustración, por el cual también están detenidos el parlamentario Juan Requesens y siete venezolanos más.

Esta presentación sería la última aparición del concejal, quien iniciaba entonces su ruta al fatal desenlace: la muerte que se anunciaba desde 10 pisos de altura en el edificio administrativo del Sebin.

Alrededor de las 3:00 p.m. del lunes 8 de octubre la noticia se regó como pólvora, «El concejal Fernando Albán, detenido en el Sebin, se suicidó», o al menos esa fue la versión oficial ofrecida por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol y el Fiscal Designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, quienes no se habían pronunciado sobre la detención de este ciudadano hasta su caída estrepitosa desde las alturas del centro donde estaba recluido.

Nestor reverol

Cabe destacar que la reacción de los funcionarios fue inmediata, sin investigar mayores detalles y aceptando lo que estaba a la vista, Reverol y Saab catalogaron la acción como suicidio, mientras que los compañeros, amigos, conocidos y familiares de Albán exigían una «respusta transparente» de lo que dentro de las instalaciones de la policía política habría ocurrido, pues su abogado, Joel García, destacaba que mientras el dirigente de Primero Justica caía de aquella ventana, los funcionarios solo decían que esperaban el traslado a los tribunales, donde se llevaría a cabo la audiencia del nuevo preso político.

La versión de suicidio fue desmentida por quienes alguna vez conocieron a Fernando y además por quien alguna vez estuvo en ese mismo lugar, el Sebin de Plaza Venezuela, «La Tumba», Rosmit Mantilla, quien a través de un video difundido en sus redes sociales señaló que «a ese lugar solo subes cuando ellos te llevan, jamás estás solo, y subes cuando te torturan», lo que insinúa que Albán fue víctima de torturas, tal vez las más crueles, tanto que lo llevaron a la muerte.

 

Ahí comenzó la especulación de todos, estudiantes, activistas políticos, compañeros de partido, compañeros de trabajo, amigos, familiares, venezolanos, todos especulaban sobre las verdaderas causas de la muerte, y bajo esa premisa, el martes 9 de octubre diputados de la Asamblea Nacional catalogaron de homicidio lo ocurrido con Fernando Albán y le rindieron homenaje en un acto solemne en el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano, claramente afectados por la perdida de quien ahora se convertía en un «martir de la lucha por la democracia».

El ambiente de angustia, miedo y dolor se agudizó cuando al salir de la Asamblea Nacional, una tormenta azotó a la capital venezolana empapando a quienes seguían la carroza de Albán, tal como si el cielo se empeñara en esconder algunas lágrimas para mantener firme a quienes veían pasar aquella procesión.

Y así llegaron todos a la capilla de la Parroquia Universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre la lluvia y el llanto,  para seguir con el honor y duelo del Concejal. Así llegaron a la capilla para tratar de encontrar consuelo en la oración y prepararse para lo que será el último adiós que consternó a un país, por la naturaleza cruel y repentina de aquel fallecimiento.

 

Venezuela podría disminuir su producción de Barriles de Petróleo por Día (BDP) de 1 millón en 2018 a 700 mil bpd en 2019, así lo afirmó Lejla Villar, encargada de los pronósticos de corto plazo de los países de la Opep en la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA en inglés), según reseña el portal web La Patilla.

Villar describe la combinación de “problemas esctructurales” en Venezuela que la han conducido a a seguir bajando su proyección de producción cada mes en el Short-Term Energy Outlook de la EIA.

Villar describe la situación de la industria venezolana y asegura que empeora con el pasar del tiempo y el agravamiento de la crisis económica, política y social de esa nación.

“Observamos grandes pérdidas de la producción en 2017, y en ese momento pensamos ¿qué tan peor podría ser? pero ahora con la pérdida de las instalaciones de exportación en el Caribe, y con los números de junio, que son menores a los que inicialmente estimábamos, el piso de 700 mil barriles puede ser alcanzado fácilmente», destacó la vocera.

Asimismo, destacó que para el año 2018 «vemos un decrecimiento de 600 mil barriles diarios de producción, y probablemente unos 400 mil barriles diarios para el próximo año, completándose posiblemente en el último trimestre del 2019».

La encargada de pronósticos afirmó que los problemas de Venezuela «son tan profundos que incluso los aumentos en el precio del crudo no mejoran la situación de su industria».

En ese sentido, destacó que la  «escasez de los recursos que necesitan ha afectado sus operaciones diarias, por ejemplo, la comida que necesitan los trabajadores en sus sitios de trabajos, que los abandonan porque están demasiados hambrientos para trabajar, los robos masivos en las zonas de operaciones, que se llevan lo que pueden cargar, y luego no se pueden reponer los equipos robados (…) es una bola de nieve de problemas que se hace cada vez más grande».

 

Este viernes enfermeras del Hospital Miguel Pérez Carreño manifestaron en la Autopista Francisco Fajardo a la altura de la Yaguara en Caracas, como parte de la protesta continuada por las mejoras salariales y dotación de insumos, desde hace 26 días.

Al lugar llegó un equipo antimotín de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para mediar con los profesionales de la salud y controlar la situación.

La crisis hospitalaria que ha llevado a un estado crítico a los centros asistenciales el país, la escasez de insumos y los bajos sueldos, son las principales razones por las que el personal de enfermería y demás profesionales de la salud, además de los pacientes, se mantienen firmes en protesta en todo el país buscando respuestas por parte del Ejecutivo Nacional.

La discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de este jueves se centró en la denuncia de 53 países sobre los abusos y violaciones de los derechos fundamentales cometidos en Venezuela, al oponerse el país bolivariano a su debate.

Doce países americanos más todos los de la Unión Europea firmaron la declaración que denuncia la grave situación humanitaria que sufre el país andino y las profundas violaciones registradas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El documento lo firmaron Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú; los 28 países miembros de la Unión Europea; 8 europeos no comunitarios; y 5 asiáticos u oceánicos.

“Estamos muy preocupados por lo expuesto en el informe de la Oficina del Alto Comisionado que detalla asesinatos extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión del equilibrio de poderes”, reza la declaración.

“También estamos muy preocupados por el grave impacto de la crisis económica y social en los derechos a la alimentación y a la salud. El informe destaca un rápido incremento de la desnutrición, especialmente entre los niños”, añade.
El texto fue leído por un representante peruano que fue dos veces interrumpido por su homólogo venezolano, quien pidió que la lectura fuera suspendida arguyendo aspectos burocráticos de la pertinencia de sacar a relucir un país en un orden del día que no correspondía.

La posición venezolana fue apoyada por sendas intervenciones de Cuba, Bolivia y Egipto quienes denunciaron tanto aspectos de procedimiento como la politización del Consejo.

Perú respondió que el tema diez de la agenda -que era el marco en que se celebró la intervención- permite hablar de países donde se presuma que haya serias violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto precisen de asistencia técnica del Consejo.
Precisamente la declaración pide a Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria y a cooperar con los mecanismos de la Oficina del Alto Comisionado.

Dicha posición fue apoyada públicamente por Reino Unido y México quien recordaron “la grave situación de violaciones a los derechos humanos” en Venezuela.

El presidente del Consejo, el esloveno Vojislav Suc, fue el encargado de dirimir en la cuestión y dio la razón a Perú argumentando que el tema diez permitía la posibilidad de hacer referencia a países específicos si se creía que en ellos se cometían abusos.

El representante peruano prosiguió pero fue de nuevo interrumpido por el diplomático venezolano quien esta vez denunció que se citara en la alocución al informe del Alto Comisionado, que definió como “ilegal, arbitrario, sin mandato y sin fundamento”.

Tildó a los miembros del Consejo de tener “doble rasero” y de sentar “un precedente de enorme gravedad”.

En su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, el Alto Comisionado denunció cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.

Ante los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió una implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI).

Información de EFE

Este lunes médicos integrales de diferentes instituciones públicas del país protestaron exigiendo mejoras salariales al Gobierno venezolano, y convocaron a un paro indefinido para presionar al ejecutivo a dar respuesta a su solicitud.

Estos profesionales de la salud destacaron que quincenalmente solo reciben Bs. 1.300.000, lo que se hace insuficiente para cubrir los gastos básicos como transporte y alimentación.

El anuncio lo publicaron a través de la cuenta de la red social Twitter de Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, aunque no precisaron cuando tendrá lugar esta medida, ni el alcance de la misma.

Estos médicos integrales son los profesionales de la salud egresados del el programa de Medicina Integral Comunitaria. Este proyecto buscaba otorgar títulos de medicina de una manera más fácil para poder atender las necesidades de la población, ante la diáspora de profesionales de la salud desde hace más de 5 años.

 

 

En el mes de mayo el Observatorio de Conflictividad Social registró un total de 28 protestas diarias de ciudadanos exigiendo derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Esta cifra representa una disminución de 19% con respecto a mayo de 2017, cuando se documentaron 1.048 manifestaciones, con un promedio diario de 35.

Sin embargo, en el año 2017 Venezuela atravesaba una situación política y social particular, pues desde abril hasta julio se registró una ola de manifestaciones de ciudadanos exigiendo derechos políticos y sociales, que fue un record en la historia de Venezuela, en esos 4 meses se documentaron 6.729 acciones de calle.

De las 850 protestas documentadas en mayo, en 277 se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de protesta representó el 33% del total registrado.

Caracas fue el estado con mayor número de protestas, con un total de 137, seguido por el estado Miranda con un total de 89 protestas.

En tercer lugar se impuso el estado Mérida con 83 protestas, seguido de los estado Lara y Bolívar con 66 y 64 protestas respectivamente.

El ministro de salud, Luis López, calificó de «sin vergüenza» al activista por los derechos humanos y director de Codevida, Francisco Valencia, por  las reiteradas denuncias de crisis humanitaria que ha hecho, en defensa de los derechos de los trasplantados y demás enfermos crónicos.

López exigió que Valencia no se pronunciara sobre los casos de salud, «si está en el mundo político», esto durante su participación en un espacio radial.

Francisco Valencia ha participado en diversas convocatorias a las afueras del Ministerio de Salud y demás protestas contra la grave crisis que pone en riesgo la vida de estos pacientes.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), destacó que considera que sería un error expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con más de 30 años dedicados a la defensa de los derechos humanos, el abogado chilenoes una de las voces más autorizadas para analizar lo que ocurre en la región.

A propósito de la Asamblea General de la OEA, que se realiza entre hoy y mañana en Washington, Vivanco repasó los principales temas que allí se tratarán.

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