Habitantes del municipio Torres, en el estado Lara, trancaron la estación de servicio, ubicada en la carretera Panamericana por la falta de combustible.

Ante la ausencia de los servicios básicos, los residentes de las urbanizaciones privadas al este de Barquisimeto hicieron un pancartazo, para exigir sus derechos.

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En otros sectores, como Quibor, «la gente le perdió el miedo a la pandemia para protestar (…) Con tapabocas, guantes y conservando su distancia, los larenses reclaman sus derechos», contó este martes la corresponsal de VPItv, Andreína Ramos al periodista Sergio Novelli.

 

La cantidad de combustible que llevaba el avión que trasladaba al Chapecoense en noviembre del 2016 era insuficiente, lo que generó el trágico accidente que se cobró la vida de 71 personas, la mayoría de ellos futbolistas del plantel, según determinó este viernes el informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil).

«La aeronave se abasteció con 1.636 kilos de combustible en Santa Cruz para completar 9.300 kilos. Esta cantidad era insuficiente para completar el vuelo entre Santa Cruz, Bolivia, y Rionegro, Colombia. La cantidad mínima del combustible debía ser 11.603», dijo el jefe del grupo de investigación de accidentes de Aerocivil, coronel Miguel Camacho.

El accidente se produjo el 28 de noviembre del 2016, a pocos kilómetros del aeropuerto en el que iban a aterrizar, en Medellín, donde el equipo jugaría la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional.

De acuerdo al informe final, presentado un año y cinco meses después de la tragedia, la aerolínea Lamia no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos por las autoridades internacionales, y además planeó el vuelo sin escalas.

Camacho aseguró que la empresa y la tripulación estaba conscientes de que no tenían la gasolina suficiente para completar el vuelo, y aún así no tomaron la decisión de aterrizar en otro aeropuerto. «El avión pudo haber despegado con el combustible totalmente limitado, de manera que insistimos que era obligatoria una escala intermedia», explicó.

Tras la investigación fueron señalados como responsables diversas autoridades de Colombia, Bolivia, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, pero sobre todo la empresa Lamia, que según el informe «tenía problemas de organización, una compleja situación económica y dificultades en su gestión de seguridad operacional».

«No cumplía las políticas de combustible. Efectivamente tenía una política escrita, hacia eco la empresa en sus manuales de los estándares internacionales sobre combustible, pero no los cumplía», agregó.