El comisionado del Gobierno (E) para Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, envió un mensaje a Carmen Meléndez, ministra de Interior de la administración de Maduro, tras ésta acusarlo de perpetrar un plan para desestabilizar el país, en asociación con Leopoldo López.

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Desde Estados Unidos, lugar donde opera luego de ser liberado de su condena judicial por motivaciones políticas, Simonovis señaló que el régimen es «quien está del lado de los criminales».

Recordó que a la administración socialista se le acusa de estar asociada con grupos terroristas internacionales, como lo son las disidencias de las FARC, las guerrillas del ELN y el grupo fundamentalista islamista Hezbolá.

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«Si usted está buscando criminales (…) lo que tiene que hacer, usted y sus compañeros, es pararse frente a un espejo», dijo el ex preso político a través de un video publicado en sus redes sociales.

Por último, renovó su mensaje que continuará, desde su cargo en la administración interina de Venezuela, investigando a las «empresas y personas que le dan oxigeno al régimen», para así documentar y entregar los «elementos necesarios» a los órganos de investigación «en el país que corresponda».

Simonovis

La Cancillería argentina fue informada sobre el cese de la prisión preventiva del argentino, Facundo Molares Shoenfel, por parte del actual gobierno boliviano, encabezado por Luis Arce.

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Molares Shoenfel, quien fue detenido en Bolivia desde noviembre de 2019, es señalado como ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y participó en las protestas en Montero (centro del país) que terminaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre del año pasado.

Tras haber contraído el COVD-19, su salud ha ido deteriorando.

Durante sus declaraciones ante la justicia, confesó que participó en el enfrentamiento en el que murieron dos personas. Sin embargo, el nuevo ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció que se iba a evaluar su caso por «los tratos crueles y degradantes que recibió durante los conflictos políticos y sociales de 2019».

El presidente de Colombia, Iván Duque prometió el pasado viernes que iba a acelerar la reincorporación de los exguerrilleros de las Fuerza Armada Revolucionarias de Colombia (FARC) que firmaron el acuerdo de paz.

«La Paz con Legalidad es un hecho y la vos a sacar adelante por el bien de este país», dijo Duque.

Actualmente, la exguerrilla es un partido de izquierda que tiene una pequeña representación legislativa.

La Cancillería de Colombia aplaudió la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU al aprobar por unanimidad de sus 15 miembros la Resolución 2545 de 2020 que extiende por un año más el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, así lo destacó el organismo en un comunicado.

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“Esta solicitud de prórroga es una muestra adicional de la voluntad indeclinable del Gobierno Nacional con la implementación del Acuerdo de 2016”, expresó la canciller Claudia Blum.

De igual manera, la representante de Relaciones Exteriores sostuvo que “la Resolución se constituye en un nuevo respaldo y voto de confianza de la comunidad internacional, y en particular del Consejo de Seguridad de la ONU, en la implementación de la política Paz con Legalidad. Seguiremos compartiendo con los países miembros del Consejo y con la comunidad internacional los avances en la implementación de esa política en sus distintos componentes, varios de ellos relacionados con los temas que hacen parte del mandato de la Misión de Verificación”.

La labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia inició en 2017 y desde esa época se ha enfocado en verificar los puntos 3.2. y 3.4 del Acuerdo de 2016 relacionados con la reincorporación social, económica y política de los ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro y un grupo de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejó más de 15 muertos durante la tarde de este sábado en la parroquia Urdaneta del municipio Páez del estado Apure.

Las víctimas mortales fueron cuatro militares venezolanos «dos efectivos de tropa profesional y dos subalternos no identificados», aseguró el periodista Javier Ignacio Mayorca, quien precisó que fueron trasladados al Hospital Militar de San Cristóbal del estado Táchira. Por el lado del grupo guerrillero no se ha confirmado la información aún por las autoridades.

A través de una minuta, también se pudo conocer que en el acto intervinieron varios cuerpos de seguridad con el fin de capturar a Ferley González, el jefe de Finanzas del Frente 10 de la FARC.

«Hay un ultimátum para desocupar El Amparo y Puerto Infante, luego de haber entregado territorio estos grupos tienen control”, dijo el director de Fundaredes, Javier Tarazona.

«Hoy hemos conocido de un enfrentamiento armado, teniendo su origen en las fricciones que se dan entre el ELN y las FARC, al incumplir acuerdo, hay un ultimátum para desocupar El Amparo y Puerto Infante, luego de haber entregado territorio estos grupos tienen control», explicó.

El ministro de Defensa de la administración de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró el domingo en horas de la tarde que «la FANB no descansará en combatir todo grupo armado que intente usar nuestro sagrado territorio para el narcotráfico y demás delitos transfronterizos pretendiendo perturbar la paz nacional, especialmente aquellos que provienen del degenerado proceso de violencia que vive Colombia».

El actual senador y exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Julián Gallo, reconoció el pasado viernes sobre la inclusión de niños soldados a las filas del grupo paramilitar durante los 50 años de conflicto armado en el país sudamericano.

Asimismo, negó que esto se tratara de una práctica sistemática ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el ente encargado para tratar estos temas desde que se creó en el 2016. «Esa situación de los niños no nos hace sentirnos contentos ni orgullosos”, dijo.

Gallo fue uno de los exmiembros de la FARC que fue llamado a una sesión para averiguar sobre el reclutamiento forzado, a pesar que varios exintegrantes de la guerra negaron este hecho. Pero la JEP lo calificó como una falta grave y no como un delito. «Era una guerrilla eminentemente de jóvenes al finalizar el conflicto (…) en las estructuras de mando era gente relativamente joven, 30 o 40 años, con una experiencia de formación de 15, 20 o más años”, aseguró.

Las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron disculpas públicas a las miles de personas que, directa o indirectamente, se vieron afectadas por los secuestros perpetrados por la exguerrilla.

«El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos», dijo la dirigencia de las FARC, mediante un comunicado.

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A través de su cuenta en Twitter, las FARC, que como partido político adoptó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, reiteró su compromiso para «rendir cuentas» ante la justicia colombiana.

«Este lastre (…) hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros», agregó la dirigencia del ex movimiento insurgente.

Por su parte, el ex presidente Juan Manuel Santos, promotor del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla, calificó el gesto de las FARC como un «buen paso».

“Reconocer el secuestro y pedir perdón (…) es un muy buen paso en la dirección correcta. Verdad y reconocimiento son condiciones necesarias para la reconciliación”, expresó el otrora gobernante, en su cuenta de Twitter.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró, este jueves, que la administración de Nicolás Maduro pretende comprar misiles de mediano y largo alcance, a través de la República Islámica de Irán.

El mandatario agregó que efectivos de la Guardia Nacional venezolana entregan armas, procedentes de Rusia y Bielorrusia, a grupos irregulares que hacen vida en la frontera colombo-venezolana.

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El jefe de Estado neogranadino acusó a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Maduro, de estar a la cabeza de estas operaciones.

Finalmente, Duque reiteró que disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) permanecen refugiados en suelo venezolano, con la venia de Nicolás Maduro.

Duque

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Américo de Grazia, alertó que el Arco Minero, una zona de extracción de metales preciosos al sur del Orinoco, en el estado Bolívar, es un «cóctel de violencia».

Para el legislador, el área es el escenario en el que opera una trama de corrupción y de explotación ilegal de recursos naturales.

«Hay un entramado criminal demasiado complejo (…) un cóctel de violencia nunca antes registrado en nuestra zona», dijo el asambleísta, durante una rueda de prensa virtual.

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De Grazia explicó que, desde el Gobierno (E), se ha informado de la situación a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea (UE).

El objetivo de los reportes es evitar la compra del «oro de sangre» que se extrae del Arco y que se intenta comercializar en el exterior.

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El parlamentario agregó que, al sur del Orinoco, existe un entramado militar, de terrorismo y de guerrillas, que participa en la extracción de los minerales que ahí se encuentran.

Américo de Grazia mencionó a disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al grupo chií libanés Hizbulá y a la organización suní palestina Hamás.

Arco

Durante la 76° Asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvo una participación especial donde fijó su posición con respecto a la transición de gobierno en Venezuela. «Las diferencias internas dentro de la oposición déjenlas para después y pónganse de acuerdo en lo fundamental, porque de otra forma nunca van a poder negociar exitosamente una transición como a Venezuela le conviene», recomendó.

Además, el exmandatario explicó que para que se llegué a lograr una transición en el país se necesita «mucha paciencia, mucho liderazgo y requiere también de mucha generosidad».

Por otro lado, Santos explicó que uno de los costos y errores que hubo durante el proceso de paz del 2017 fue la impunidad. «Siempre habrá gente insatisfecha (…) En caso colombiano, fue la primera vez que se aplicaba el Estatuto de Roma y negociamos bajo su parámetro de poner a las víctimas en el centro de la solución del conflicto», contó mientras relataba que la justicia transaccional es «difícil» de asimilar para quienes están acostumbrado a una «justicia cognitiva».

«Hacer populismo con esa impunidad es muy fácil, pero es inevitable. ¿Cómo es posible que Uribe este preso y Timochenko este libre y la FARC en el Congreso? Son cosas totalmente distintas, pero producto de un acuerdo de paz. El hecho que ellos estén en el Congreso es un precio muy pequeño frente de los costos de haber continuado una guerra con la guerrilla más vieja del continente», señaló.

Asimismo, hizo referencia con el evento de consulta pública del Plebiscito del 2016 y reconoció que fue un error de su parte realizarlo. «Lo hice para aplacar los ánimos, porque los opositores del proceso empezaron a inventarse sobre qué tipo de acuerdo íbamos a hacer, qué íbamos a entregar el país al comunismo, que íbamos a nacionalizar todas las propiedades privadas, todo este tipo de cuentos. Yo dije que íbamos someter esto para que el pueblo colombiano tome la última palabra (…) La gente votó con miedo».

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