La presidencia encargada, liderada por Juan Guaidó,  ha sido parte de varios señalamientos. Desde las declaraciones de Humberto Calderón Berti sobre la auditoria que realizó por el caso del “Cucutazo” hasta el reportaje del portal de investigación, Armando.info, en que responsabilizan a diputados de la Asamblea Nacional de limpiar la reputación de empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro desde instancias judiciales internacionales.

“El alquiler de diputados”, así tituló este trabajo de investigación el portal Armando.info

A las 12 de la noche del primero de diciembre, el portal de investigación Armando.info publicó un reportaje sobre la vinculación del diputado José Eduardo Parra Rivero del partido político Primero Justicia con personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos, el empresario colombiano, Alex Saab, involucrado por participar en presuntos hechos de corrupción de las ayudas sociales de alimentos del Cómite Local de Asistencial y de Producción (CLAP), Álvaro Pulido y Carlos Rolando Lizcano Manrique, uno de los empleados de Saab y encargado de la empresa de comida Salva Foods.

El medio aseguró que a principios del 2018, estos diputados, la mayoría integrantes de la Comisión de Contraloría de la AN anticorrupción, estarían “tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP”, pero no fue hasta el 11 de noviembre que los parlamentarios Adolfo Superlano y José Brito fueran a la Fiscalía General de Colombia, en Bogotá, para entregar un documento que libra a Carlos Lizcano y a su empresa de cualquier vinculación de Saab, a pesar que el año pasado esta institución judicial acusó a Saab de evasión de impuestos. Asimismo, lo hicieron en el mes de septiembre pero ante el Departamento del Tesoro en Washigton.

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Freddy Superlano anunció la separación de su cargo

A las 9:30 pm del pasado 30 de noviembre, el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de la Contraloría de la Asamblea Nacional, dedicada a investigar las corrupciones del régimen, anunció la separación de su cargo hasta que finalicen las averiguaciones de su gestión debido a los “diferentes señalamientos” que ha recibido en su contra.

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“La credibilidad es lo más importante que tiene un ser humano. Por eso he tomado esta decisión como una señal clara de transparencia y compromiso con el país y la lucha contra la corrupción. Desde este mismo momento me pongo a la orden para aclarar todo lo que haya que aclarar”

No obstante, Armando.info afirmó que cuándo le preguntaron a Superlano sobre tal documentos él aseguró que la Comisión de la Controlaría no realiza “cartas de buena conducta” y que nunca firmó algún documento sobre Carlos Lizcano.

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La auditoria que realizó Humberto Calderón Berti

Humberto Calderón Berti, exrepresentante de Guaidó en Colombia, explicó que fueron las autoridades de ese país quienes lo alertaron de la malversación de recursos y doble facturación que hubo el 23 de febrero en la ciudad fronteriza de Cúcuta. “Estaban ocurriendo cosas indebidas. Había un mal manejo de esas cosas. (…) Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos de que hablaban de prostitutas y licor. De cosas indebidas. De mal manejo de los recursos.”, dijo en rueda de prensa el viernes a las 12 del mediodía luego que conociera la destitución de su cargo.

“A mí, como embajador, me correspondía hacer una auditoria”, aseguró el diplomático y explicó que el caso ha tardado tiempo para investigarse. Sin embargo, el equipo de la presidencia encargada se pronunció al respecto y aseveró que se encuentran a la espera de las investigaciones realizadas por la Fiscalía colombiana.

Y, a pesar que el experto en materia petrolera informó que las relaciones con Guaidó habían cesado desde hace meses, este respondió en su recorrido por la ciudad de La Guaira que se sentía agradecido por la ayuda de Calderón Berti.

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A la espera de los pronunciamientos de Guaidó

A dos horas del lanzamiento del reportaje de Armando.info, el presidente encargado, Juan Guaidó, a las 1:56 am de este primero de diciembre, aseguró que los últimos acontecimientos que han ocurrido son “una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamentos y claros intereses internacionales”.

Anunció que este domingo, en horas de la tarde, dará más información al respecto. Se prevé que sea a partir de las tres de las tarde que las redes de Intercable Venezuela y Movistar restablezcan su señal, debido a que actualmente se encuentran en mantenimiento por la reparación de los cables marítimos.

Presentamos el reportaje íntegro, publicado por Armando.info.

¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin

Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las
importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido.
Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja una defensa activa del principal programa social y foco de
corrupción del Gobierno de Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta historia.

Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración Trump junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), procesado en Florida por Lavado de Dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo, hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones.

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Eso fue así hasta ahora.

Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de
ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia.

Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papales como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017  con la bendición de Nicolás Maduro.

Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.

Invocan a Guaidó para ganar indulgencias

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, se refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP

La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, hace 48 años, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la subdirección de gestión documental de la Fiscalía colombiana con el número
20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente,
Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de
2018. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este
máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes
porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al
servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.

Acumulando millas

La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados en el extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano.

A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales
de septiembre. Para el momento de cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las
oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir
también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones
financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2018 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre Lizcano, el empresario, y el diputado
Luis Parra, han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este
de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la
solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones
para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna
prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este
reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera  (N.d.R.: Rafael Ramírez)”.

Ramal dorado
Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado Parra, que representa a Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura proforma a nombre de Salva Foods Fze, esta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del negocio de los CLAP, por casi 500.000 euros. El concepto de la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.

El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de nuestro país”.

Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje.

Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.

Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también asegurarse una forma de pago difícil de rastrear por las importaciones efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela.

El origen de un ‘modus operandi’
La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San Felipe para Salva Foods Fze arroja una pista adicional acerca de la trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición. Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano. El asunto no parece casual.

Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga. El 17 de abril los cuatro debieron regresar desde Madrid a Caracas en un vuelo de Air Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te pregunte de dónde sacas el dinero para mantenerte, para viajar y para hacer las cosas que estás haciendo, quién te paga para andar investigando, yo creo que está cruzando unas líneas”, respondió PArra al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de Primicias24, ni los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga atendieron la petición de entrevista.

En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París, Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en Bogotá para volar por la línea Air France. Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios. Fuentes cercanas a los diputados agregan, además, que por esos días habrían viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de Liechtenstein, para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab. En algunas de esas jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario búlgaro Dnevnik.Bg, a partir de una minuta enviada desde la cancillería búlgara a un diputado del partido socialista de ese país, reseñó en junio la visita hecha por parlamentarios el 12 de abril, aunque sin detalles de las peticiones de los funcionarios venezolanos a autoridades de ese país.

Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid, para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como ex Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre otros cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela. “Vive como un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…) Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”, declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra Rafael Ramírez, ya reincorporado a la Comisión de Contraloría.

En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela, representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante, Pirela se apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa denuncia contra Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente, llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión; si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza. De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.

Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio autoimpuesto desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese momento vicepresidente de la comisión, declaró a los medios de comunicación que asumía la “voz de los compañeros de la Comisión de Contraloría”.Desde entonces, Conrado Pérez ha fungido en la práctica como presidente de facto de esa instancia del parlamento.

Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018 y filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las que los parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a Lizcano, sino al mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también contiene la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano. Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para este reportaje, Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.

La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que en su financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla no era solo entre diputados. En un encuentro digital con los corresponsales extranjeros en septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia y hablando desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa, muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no investiga”.

Semanas después y durante meses empezaron a publicarse en Primicias24.com, el portal de Carlos Herrera, artículos en defensa de Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano y propietaria de las Tiendas CLAP. Las publicaciones llegaban a comparar la supuesta robustez de Salva Foods con Empresas Polar, la principal corporación privada de Venezuela en categorías de productos alimentarios y bebidas. “Salva Foods es una empresa que se creó en el año 2015 con el objetivo de poder comercializar alimentos a gran escala. No es una empresa de maletín, cuenta con alrededor de 6.500 empleados y está entre las empresas más grandes del país debido a que también cuentan con una gran administración logística”, insistía una de las notas de prensa.

Las fechas de esas publicaciones coinciden con la data de las cartas de la Comisión de Contraloría filtradas a redes sociales con firmas presuntas de Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y hasta del secretario de dicha comisión. Solo el diputado Superlano insiste en que no firmó esas comunicaciones en defensa de Alex Saab, Carlos Lizcano o las compañías del grupo. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también niega haber recibido comunicación alguna de la Comisión de Contraloría con esa finalidad.

Ninguna de las cartas está tampoco en el expediente número 1714 que la Comisión de Contraloría creó en 2017 cuando el diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, abrió formalmente el caso. Según esos indicios, se trataría de documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación. “Nunca pasaron por el registro de la comisión, aunque hablen a nombre de la comisión”, sentencia una fuente que prefirió el anonimato.

En esos escritos, todos fechados en 2018, se refiere que la investigación en torno a Alex Saab y su participación en el
negocio de los CLAP, se habría iniciado gracias a una denuncia del ciudadano Ramsés Reyes, obviando que la investigación en realidad tuvo su punto de partida oficial un año antes.

Ramsés Reyes es un personaje familiar en el portal Primicias24. Con frecuencia, el sitio recoge denuncias de supuestos hechos de corrupción por parte de ese individuo, al que suele identificar como “abogado y contador público” e integrante del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas.

El abogado de Salva Foods, Pedro Aranguren, aseveró vía Twitter que “emplazará” a la Asamblea Nacional “con documentos en la mano” para que “reconozca las resoluciones de la Comisión de Contraloría a favor del empresario Alex Saab, que demuestran no forjó nada y que los documentos fueron firmados de puño y letra por los integrantes de esa comisión”. Sus palabras son, en el fondo, el reconocimiento de que Alex Saab es el dueño en la sombra de las Tiendas CLAP, cosa que siempre ha querido desmentir el empresario colombiano a propósito de los reportajes de Armando.info que han revelado esas conexiones a través de Carlos Lizcano. Pedro Aranguren es también un personaje familiar de en Primicias24 y es identificado como “penalista, ex juez y experto en materia criminalística”.

Entre las filtraciones y el vértigo de las revelaciones que se suceden una tras otra, y al cierre de esta historia, Freddy
Superlano, aún presidente desde la distancia de la Comisión de Contraloría, divulgó una carta en la que pide al presidente interino, Juan Guaidó, abrir una investigación con “diputados, periodistas y sociedad civil” en la “plenaria de la Asamblea Nacional” para descubrir cómo es que en esa instancia se cocinó una estrategia para defender a quienes son calificados en algunos países como testaferros del propio Nicolás Maduro y probables artífices de la Operación Maletín Verde, según la bautizó el diputado José Guerra.

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Superlano, anunció la separación de su cargo como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del poder legislativo debido a los “diferentes señalamientos” en su contra.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario en el exilio explicó que no ejercerá su cargo como cabecilla de la comisión de Contraloría de la AN hasta “tanto finalicen las investigaciones correspondientes sobre la misma” para facilitar las averiguaciones correspondientes por las recientes acusaciones que generó el exrepresentante de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, sobre él y caso denominado “Cucutazo”.

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“Lo responsable de mi parte como Presidente de esta comisión es separarme mientras se realizan las investigaciones correspondientes, pues sin que ello implique que esté reconociendo responsabilidad alguna o estar involucrado en algún hecho irregular, debo asumir este gesto de buena voluntad para que se llegue hasta el fondo del asunto”, aseguró Superlano en un comunicado.

El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, solicitó a la presidencia del Parlamento que se realice una investigación a todos los legisladores que conforman la Comisión de Contraloría, la cual es presidida por él, y que en los últimos meses ha sido objeto de acusaciones ligados a presuntos actos de desvío de fondos y corrupción.

“Debido a que en los últimos días han surgido diferentes señalamientos sobre la gestión de la Comisión de Contraloría, mi persona y sus diputados, le solicito formalmente que se inicie una investigación desde la plenaria de esta Asamblea Nacional con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios”, reza el documento dirigido a Juan Guaidó, presidente (E) de la República y la Asamblea Nacional.

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Asimismo, llamó a aquellas personas que han realizado dichas acusaciones, que en caso de no determinarse ninguna irregularidad en el funcionamiento de la Comisión y sus integrantes, “asuman su responsabilidad” en cuanto corresponda ante el país.

El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, desmintió que haya pedido a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, que se cerraran las investigaciones referentes al mal manejo de fondos destinados a la ayuda humanitaria en Colombia.

“Ante la desinformación y las noticias falsas, aclaro que como presidente de la Comisión de Contraloría mantengo mi foco en continuar las investigaciones y denuncias que estamos realizando contra el mayor desfalco que se ha hecho en la historia reciente”, manifestó Superlano en sus redes sociales.

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Agregó que este tipo de informaciones son resultado de laboratorios de noticias falsas o ‘fake news’ y culpó al régimen de Nicolás Maduro en divulgar dichas noticias para desvirtuar y “mantener en zozobra” a la población en Venezuela.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Superlano, se defendió ante las acusaciones que efectuó el expresidente de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), Rafael Ramírez.

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A través de la red social Twitter, el parlamentario afirmó que existen pruebas que contradicen la falsicación de documentos que emitió Ramírez en su contra, quien agregó que este no cuenta con la moral suficiente para hablar de temas de corrupción.

“Aclarado esto, debo decir que usted no tiene moral alguna para referirse a temas de corrupción cuando es el más grande corrupto de la historia del país y desfalco a la Nación”, añadió Superlano.

 

 La Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción permitirá repatriar el dinero robado a Venezuela estimados en más de 350 mil millones de dólares.

Así lo señaló el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), al inicio la discusión de la referida ley por los parlamentarios cuya normativa establece que los activos recuperados serán utilizados para el financiamiento de proyectos sociales y obras públicas, así como mejorar la lucha contra la corrupción.

“Estamos encaminados a la recuperación del país y muy cerca de un gobierno de transición de unidad nacional”, indicó Superlano  y aseguró que lo que se pretende con esta ley es evitar que se siga suscitando hechos que viven día a día los venezolanos como es la falta de insumos médicos, de alimentos, transporte y servicios públicos colapsados.

Afirmó que esta iniciativa nació en el 2017 bajo el empuje del Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamada Iniciativa Star, la cual pretende que países desarrollados y subdesarrollados incorporen a sus legislaciones leyes que vayan en contra del flagelo de la  corrupción.

Consideró el legislador que la crisis humanitaria que se  vive en Venezuela es heredada y producto de la corrupción que por años se ha incrustado en  el país.

“Hay que decirle  al pueblo  que  el  objetivo fundamental de esta normativa es que vamos a ir detrás de esos dineros que aquéllos le robaron al pueblo venezolano, a los que hoy están disfrutando fuera de nuestras fronteras con caballos, yates o distintos apartamentos en Europa, y los vamos a invertir para afrontar  la crisis que tiene Venezuela”, aseveró.

Por su parte, el diputado miembro de la Comisión de Contraloría de la AN, Guillermo Luces, expresó  que dicha ley permitirá reivindicar a millones de venezolanos al devolverle  activos  robados producto de la corrupción.

Aseguró que el pueblo ha sido víctima de esta corrupción que  abarca  diferentes niveles y que actualmente está pagando  con la falta de insumos en los hospitales, malos servicios públicos y que la crisis que vive el país ha llevado  a los ciudadanos a enterrar  sus deudos en neveras y patios en su propia casa.

Dijo que los corruptos serán perseguidos para que esos activos que sustrajeron  sean devueltos a la patria y que este país pueda tomar el rumbo del desarrollo y el progreso, sentenció.

El parlamentario José Gregorio Hernández destacó que Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción otorga a las autoridades venezolanas la herramienta de política  más poderosa para luchar contra este flagelo que le ha hecho  un daño  muy grave al país en materia de derechos humanos.

Finalmente, la diputada María Gabriela Hernández comentó que  la corrupción ha llevado al fondo al sistema de salud en Venezuela y que es necesario  en  un proceso  de cambio con un nuevo gobierno, restablecer el sistema de inmunización en los  niños y parte de los recursos recuperados se puedan invertir para las atención primaria,  sobre todos en los niños y  su nutrición.

NOTA DE PRENSA

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El dirigente político del partido Voluntad Popular, Feddy Superlano, dio a conocer, a través de su cuenta en instagram, un video donde representantes del PSUV en Barinas se encontraban enterrando en el patio de su casa a uno de los dirigentes políticos de ese partido, ya que sus familiares no contaban con los recursos para una digna sepultura.

Los representantes del PSUV que se encontraban en el lugar hicieron un llamado al Gobierno Nacional “Tomen conciencia. Vengan aquí para que nos den la cara, para que esta situación no le pase a más nadie”. Denunciaron no haber recibido respuesta por parte del Gobernador del estado ni del ejecutivo nacional con respecto al caso.

 

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Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, diputado Freddy Superlano, inició una gira internacional para seguir profundizando las investigaciones en los casos de corrupción que desarrolla la delegación a la que representa.

En ese sentido, informó que sostuvo reuniones con el Subsecretario para América Latina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, “sobre todas las investigaciones que hemos estado desarrollando en la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en cuanto a las bandas de los Clap, PDVSA, Corpoelec, entre otros. Además de esto, es importante resaltar que tuvimos información que recopilamos junto a periodistas del área de investigación y esto nos ha permitido acumular una cantidad de datos muy valiosos para distintos organismos de inteligencia financiera en el continente, que por cierto, se reúnen el próximo 23 de julio en Panamá”.

Detalló que esta reunión fue para intercambiar información de los casos mencionados anteriormente y que “iniciamos acá en Estados Unidos, donde muchas empresas que están ligadas a hechos de corrupción en Venezuela, tienen domicilio en USA y en otros países que tienen relaciones económicas, financieras y políticas con la administración estadounidense, por eso era importante esta reunión y valoramos que el Departamento de Estado nos haya recibido”.

Freddy Superlano anunció que en los próximos días sostendrán reuniones con el Departamento del Tesoro, con senadores demócratas y el senador republicano Marco Rubio “para poder intercambiar información sobre esos casos de corrupción”.

En el marco de investigaciones que se desarrollan contra seis empresas por presuntos hechos de corrupción ligadas a PDVSA, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, adelantó que el estimado de posible pérdida patrimonial a la nación supera los cuatro millardos de dólares.

“Un grupo de ciudadanos que sonríe con corruptos y les brinda pleitesía, se hacen cómplices de las atrocidades que está sufriendo el país. En Venezuela pasa un fenómeno, hay empresarios que se ríen de las leyes, de la situación país, no quieren dar la cara y aclarar ¿cómo se enriquecieron de manera tan rápida y con cantidades exorbitantes de forma lícita?”, comentó.

“No descansaremos para llegar al fondo de las investigaciones con cada una de las empresas. Acudiremos a los organismos de cada país donde triangularon operaciones y que ese dinero, que está en las cuentas de esos presuntos corruptos, sean congeladas y cuando se restablezca el orden democrático en este país, sea devuelto para reinvertirlos en los diferentes sectores de la nación”, añadió.

“Dentro de tantas investigaciones que llevamos acabo, nos encontramos con una red de empresas que, a través de PDVSA, obtenían divisas a tasa preferencial y luego estas mismas se vendían a tasa del mercado negro. Anunciamos con mucha responsabilidad que estamos esperando documentación en los próximos días para completar los expedientes de esta red de lavado de dinero”, sentenció Superlano.

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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Superlano, indicó que este miércoles recibieron las denuncias por parte de los diputados del Zulia, referente a las fallas en el suministro de energía eléctrica en el occidente del país, especialmente en la entidad zuliana.

“Recibimos las denuncias de toda la situación eléctrica en el estado Zulia. Son cerca de 900 millones de dolares que se despilfarraron en la termoeléctrica del Zulia”, comentó.

Adicional, el diputado Ángel Caridad, dijo: “El gobernador Prieto nos culpa a los dirigentes políticos de las fallas eléctricas. Ministro de Energía Eléctrica, dele la cara al pueblo del Zulia y no intente tapar los hechos de corrupción”.

Venezuela. Com. de Contraloria de la AN recibió denuncias sobre fallas eléctricas en Zulia - VPItv