El Gobierno encargado de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, expresó este domingo que las críticas emitidas por la administración de Nicolás Maduro en relación al informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en el país, evidencian «profundos desconocimientos» sobre derecho internacional.

Lea también: #Política | Administración de Maduro advirtió que informe de la ONU va contra el indulto a 110 perseguidos políticos

Miguel Pizarro y Humberto Prado, representantes del interinato, firmaron un comunicado conjunto en respuesta a las declaraciones ofrecidas el sábado por Tarek William Saab y Jorge Arreaza, quienes desestimaron el reporte de Naciones Unidas.

El texto reza que Maduro y sus voceros «desestiman el desagravio de los afectados por las violaciones», así como dejan en claro una lejanía con las normas mínimas del sistema universal de derechos humanos.

Miguel Pizarro, comisionado del Gobierno (E) para la ONU

Una de las críticas del régimen era que los expertos que elaboraron el informe no visitaron Venezuela, pero el Gobierno encargado recordó que no es la primera vez que una investigación como esta se desarrolla sin presencia en el terreno.

Además, Pizarro y Prado mencionaron que la misión recibió 2.891 denuncias, avanzando a fondo en 223 casos, factor que demuestra un proceso «creíble».

«Es un sesgo de conocimiento o ideológico, el asumir que por no ingresar al país, se vio afectada la seriedad y rigurosidad metodológica del informe en consonancia con el nivel de prueba que trataba el mismo», dice el comunicado.

De cualquier forma, el Gobierno encargado consideró una contradicción de Maduro reconocer únicamente la presencia de la oficina de la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU en el país, pues el informe presentado por Michelle Bachelet en 2019 presenta «conclusiones similares» a este.

Por último, los voceros designados por la Asamblea Nacional respaldaron la legitimidad de los expertos de la misión, así como de la Organización de Naciones Unidas como observador imparcial de las denuncias.

El comisionado especial de la presidencia encargada para los Derechos Humanos, Humberto Prado, retó al fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tareck William Saab, y al canciller, Jorge Arreaza, a responder sobre las 400 páginas del informe de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de Hechos en Venezuela.

El pasado sábado, las dos altos cargos del equipo de Maduro calificaron durante una rueda de prensa como «mediocre» dicha misión y los tildaron de «mercenarios» con escasa metodología para determinar los hechos.

Prado, a través de su cuenta en Twitter, explicó que «las Misiones Especiales de Determinación de hecho son un mecanismo regular de actuación del Consejo de DDHH que normalmente se dirigen a situaciones donde la comunidad internacional teme que se hayan materializado violaciones graves contra los DDHH».

En el pasado, esto se ha realizado en Myanmar en el 2019, Libia entre 2015-2016, el conflicto palestina e israelí en 2012-2013 y el conflicto en la Franja de Gaza entre 2006-2008.

También se han realizado otras misiones similares en Burundi, Eritrea y Corea del Norte, cuando los gobiernos de estos países le negaron la entrada a los funcionarios de la ONU.

«Venezuela entra en el récord de países internacionalmente escrutados por crímenes de Lesa Humanidad como Myanmar, Siria y Libia, que dicho sea de paso, en varios de ellos los responsables por esas atroces acciones», escribió en su cuenta de Twitter y felicitó la actuación del equipo comisionado a esta misión.

«La Comisión Presidencial, felicita la valentía de las víctimas al denunciar las violaciones cometidas en su contra, así como la labor de investigación y documentación realizada por las organizaciones venezolanas de DDHH y por la FFM», finalizó.

Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos del Gobierno (E) de Venezuela, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que continúe con con su investigación, en materia de derechos humanos, por un año más.

Este jueves, durante una rueda de prensa virtual, Prado indicó que la Comisión que dirige «aboga para que esta Misión se extienda por un año (…) Entre otras cosas, para que se profundice la investigación del arco minero».

Según el funcionario del Ejecutivo encargado, el informe presentado, este miércoles, cuenta con los «hallazgos necesarios» para «apresurar las investigaciones en la Corte Penal Internacional (CPI), sobre crímenes de lesa humanidad» en el país.

Lea también: #Venezuela | ONU: administración de Nicolás Maduro ha cometido «crímenes de guerra»

«Hacemos un llamado a los países que llevaron denuncias sobre Venezuela a instancias internacionales a que ratifiquen las mismas (…) Este informe revela la tristeza de toda la canallada que se ha hecho con la población de Venezuela», agregó Prado.

El documento, presentado por una Misión Internacional de Investigación de la ONU, afirma que las irregularidades registradas en Venezuela, desde 2014, corresponden a «crímenes de guerra».

El reporte, de más de 400 páginas, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de septiembre, detalla que los crímenes más comunes, cometidos por fuerzas de seguridad leales a Nicolás Maduro, han sido «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas».

Humberto Prado, comisionado del Gobierno (E) para los Derechos Humanos, hizo un «llamado urgente» a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para la materia.

En su exhorto, Prado pidió a Bachelet hacer presión para lograr la liberación de los presos políticos en Venezuela.

El representante del Ejecutivo interino hizo hincapié en el incumplimiento, por parte de la administración de Nicolás Maduro, de lo convenido con la alta funcionaria, en septiembre de 2019.

En aquella fecha se firmó un memorándum de entendimiento, que faculta a los representantes de Naciones Unidas para ingresar a los centros de reclusión y constatar el estado de los presos políticos.

Lea también: Rector Rafael Simón Jiménez renunció al CNE

«El propio Grupo de Detenciones Arbitrarias ha emitido resoluciones donde varios de estos presos deben estar en libertad inmediata porque su detención ha sido arbitraria», recordó Prado en un vídeo.

A 500 días desde la detención del jefe de despacho de la presidencia encargada de Venezuela, Roberto Marrero, sus familiares y defensores legales exigieron su liberación inmediata, al considerar que no hay motivos de peso para que permanezca tras las rejas.

Lea también: #Política | Partidos políticos de la Unidad acordaron no participar en elecciones del 6D

Mediante un encuentro digital, la esposa, hermanos y allegados a Marrero se reunieron para argumentar que el jefe de despacho presidencial está «secuestrado» por decisión de la administración de Maduro.

El abogado Joel García expuso de forma cronológica los hechos que terminaron en la detención y cómo se ha llevado el proceso judicial, el cual consideró como irregular.

«Ellos saben que si vamos a un juicio oral y público, con la participación ciudadana, Roberto Marrero tiene que ser declarado inocente«, dijo el jurista, quien alertó que este caso se mantiene sin juez para que se siga prolongando el tiempo de reclusión.

En ese sentido, Romy Moreno, esposa del acusado de legitimación de capitales, asociación para delinquir, conspiración y ocultamiento de armas, contó que han logrado conversar telefónicamente en los últimos días y el ánimo del detenido es bueno, pero cuenta los días para estar en libertad.

Moreno denunció que el padre de su hijo está recluido en una celda de 2×2 metros y las condiciones no son favorables para su salud. Frente a eso, exigió una medida humanitaria en medio de la pandemia del covid-19.

Persecución política

Para el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, este caso no está relacionado a un tema de legalidad sino a una persecución política por parte de Nicolás Maduro.

«La persecución es contra todos, simplemente es cuestión de tiempo para que le ocurra a una persona u otra. Debemos alzar la voz, no podemos callar esta injusticia», señaló, al tiempo que convocó a ejercer presión para articular un cambio político en el país y con ello sean excarcelados todos los privados de libertad por oposición al oficialismo.

Esta es la única vía en la que Vecchio imagina en libertad a Marrero, pues recordó que incluso los llamados de la comunidad internacional no han logrado favorecer su petición.

Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos, recordó que en los informes elaborados la Alta Comisionada de la ONU en esta materia, Michelle Bachelet, se establece que todos los reclusos políticos debieron ser liberados.

Bajo ese contexto, la familia Marrero unió su voz para pedir nuevamente la excarcelación no solo de Roberto, sino también de otros actores políticos como Renzo Prieto, Gilber Caro, Ismael León, entre otros.

«Ustedes son responsables de la vida de mi hermano y los más de 400 presos políticos», sentenció Reynaldo Marrero.

El Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de la Asamblea Nacional (AN), Humberto Prado, presentó el estudio «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019», donde se detallan las «violaciones de los derechos fundamentales registrados en 2019, perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la sociedad venezolana».

Lea también: #Social | Alcaldía de Valencia decretó cierre temporal de los mercados municipales

De los temas que más resaltan en el informe están los de la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales de parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB). De acuerdo con el informe, en 2019 «seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a sitios web informativos, en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras».

Con respecto a los ataques a la prensa, el documento registra «al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionadas al ejercicio de la libertad de expresión».

Con relación a las actuaciones de las FAES, la Comisión señaló que, entre enero y mayo, 1.560 personas fueron asesinadas bajo el móvil de “resistencia a la autoridad”.

Acceda al documento completo aquí.

El Comisionado presidencial para los Derechos Humanos del gobierno (E), Humberto Prado, rechazó la condena del régimen de Nicolás Maduro frente al informe de la Alta Comisionada de los DDHH de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, «que sólo deja claro y desnuda claramente la persecución a todos los diputados».

Lea también: #EEUU | Estados Unidos desplegó buque “USS Pinckney” frente a las costas venezolanas

«El informe también desnuda la falta de independencia del poder judicial (…) Habla también sobre las prácticas de tortura dentro del DGCIM y también vuelve a mencionar el asesinato del capitán Acosta Arévalo», mencionó el comisionado.

«Ya no es una cuestión de lo que denuncian las organizaciones ni los familiares, sino que se trata de la denuncia de la Alta Comisionada también ante la comunidad internacional», indicó Prado.

El observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Centro para los Defensores y la Justicia anunciaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) extendió medidas cautelares al comisionado presidencial para los Derechos y atención a las víctimas, Humberto Prado.

«Prado, quién ha sido víctima de constante hostigamiento por parte del régimen venezolano al igual que su familia, obtuvo medidas provisionales en el año 2009 y reiteradas en el 2011, 2012 y 2015, donde se exhorta al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad del Sr. Humberto Prado», reza parte de un misiva difundida a los medios de comunicación.

Las medidas dictadas por la corte tienen el objetivo proteger la vida de Prado de las campañas de «ataques y desprestigios» que han tomado fuerza desde 2014.

  1. Los ataques al director del OVP también han afectado a su esposa, Carolina Girón, quien denunció haber sido «víctima de vigilancia y persecución en su lugar de residencia».

El comisionado de la Presidencia encargada para los Derechos Humanos, Humberto Prado, alertó que en Venezuela persiste la «intimidación como recurso del régimen» para controlar la pandemia por covid-19 y que esta se manifiesta en los puntos de control y la militarización de algunas regiones.

«Lo que hacen es violar los Derechos Humanos», denunció Prado en una rueda de prensa vía telemática. También catalogó de irregular los señalamientos efectuados por la administración de Nicolás Maduro sobre que los venezolanos que han regresado al país son «armas biológicas» de los gobiernos que le adversan en la región.

Más información: Duplicidad en Venezuela: dos poderes, una sola realidad social

El comisionado en su alocución presentó el informe «Contumacia Institucional: a un año del Informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela», que las acciones de los funcionarios de seguridad desplegados en los puntos de control en el territorio nacional como medida de contención solo causan descontento entre los ciudadanos. «Hay dos cosas que privan para nosotros, esto no es un problema militar, esto es un problema médico. Pero de la manera como lo están desarrollando hacen que se propague más», puntualizó.

Prado