La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) informó que el gobierno venezolano no pagó los interese de otros dos bonos de deuda externa.

En un comunicado la empresa informó que el pasado 8 de diciembre se venció el período de gracia en el que se encontraba el gobierno venezolano para saldar su deuda.

«El 8 de diciembre pasaron los 30 días calendario desde que el plazo de pago de los cupones de los bonos 2023 y 2028 finalizaban, y Venezuela no había pagado los 183 millones de dólares que adeudaba a los tenedores de bonos (o los tenedores de bonos no habían recibido los fondos para esa fecha)», afirmó S&P en un comunicado.

Varias entidades financieras internacionales alertaron las últimas semanas sobre el posible impago de otros bonos por parte de Venezuela y de su petrolera estatal Petroleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

El gobierno culpa a las sanciones financieras dictadas por Estados Unidos de sus dificultades para pagar.

AFP.- Con el telón de fondo de la crisis en Venezuela, la Suprema Corte de Estados Unidos analiza este miércoles la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez en 2010 de una firma petrolera estadounidense.

Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.

Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.

En aquel momento, la “revolución bolivariana” en Venezuela estaba en su apogeo y Chávez propugnaba meter al país en el “socialismo del siglo XXI”.

Expropiación

El gobierno de Chávez nacionalizó varios sectores de la economía -desde los agroalimentos a la distribución y la banca-, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.

La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.

Actor relativamente modesto en el sector de la perforación petrolera, Helmerich & Payne operaba entonces como subcontratista de la estatal Pdvsa.

La firma estadounidense había entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación.

En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.

En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.

La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.

Inmunidad

No obstante, en 1976 el Congreso previó limitadas excepciones a esa inmunidad.

Bajo la “Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera”, existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.

Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas.

El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.

En este complicado caso, Caracas obtuvo paradójicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.

En ese marco, el presidente Barack Obama se opuso recientemente a una ley que permite a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita.

Los ochos magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.

El Departamento de Estado “está preocupado”, subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor.AFP

Fuente: La Patilla