La juez británica Vanessa Baraitser rechazó este miércoles la solicitud de libertad condicional para Julian Assange, la cual fue pedida por la defensa del cofundador de Wikileaks después que la misma magistrada negara el pasado lunes su extradición a Estados Unidos

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“El resultado de la apelación todavía se desconoce. Assange todavía tiene incentivos para fugarse, y debe permitirse al Gobierno estadounidense que recurra la decisión. Assange ya ha mostrado previamente su voluntad de evadir las órdenes de este tribunal”, expresó la magistrada. 

Assange se encuentra cumpliendo una condena de prisión por un año, luego de saltarse las restricciones de su libertad provisional en 2012.

Estados Unidos había solicitado el 4 de enero la extradición de Assange por varios delitos contra la Seguridad Nacional.

La defensa de los 16 menores de edad venezolanos en Trinidad y Tobago ganó el caso, ante la Corte, al Gobierno de esa nación, por lo que serán liberados a primeras horas de la mañana de este jueves 26 de noviembre.

Posterior a su liberación, estarán 14 días en período de cuarentena, en el marco de las medidas para evitar contagios por Covid-19 en la isla.

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Luego de cumplida la cuarentena, pasarán a estar bajo potestad de sus padres o representantes que se encuentran en Trinidad, mientras que la defensa de éstos continúa en gestiones para que se les otorgue estatus de refugiados.

Autoridades de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en conjunto con el abogado Gerald Ramdeen, se encargaron del caso.

El bloque constitucional de la Asamblea Nacional (AN), coordinado por la abogada Cecilia Sosa, realizó dos proyectos de justicia transicional para que el ciudadano venezolano «promedio» pueda dirigirse al sistema y recupere la confianza en éste.

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En su elaboración, contó con la participación de personas expertas en la materia. Según Sosa, todo lo que ocurre en el país se debe a la «ausencia de justicia» en muchos ámbitos. Con estos nuevos planes, se busca armonizar su trabajo desde los tribunales hasta las leyes.

Los familiares de 49 menores de edad muertos en el incendio de la guardería ABC, en México, en 2009, tomaron el viernes el edificio de la Secretaría de ese país para exigir justicia por lo ocurrido.

Con forcejeo y cantos de protestas, los manifestantes acusaron al subsecretario Alejandro Encinas por incumplir lo prometido. «Ya estamos más, ya estamos más, señor Alejandro Encinas, lo estamos esperando todavía, seguimos aquí esperando, ojalá que se apure a comer y venga», dijeron.

El 5 de junio del 2009, murieron 49 niñas y niños por un incendio en la guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo. Otros 80 menores de edad también estuvieron lesionados por el accidente, donde se vio la impunidad de la justicia mexicana.

El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, prometió a los familiares de las víctimas pensiones vitalicias a las madres, pero aún siguen denunciando la manera cómo actúan las autoridades.

El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores del gobierno (e), Julio Borges, publicó en sus redes sociales que Nicolás Maduro «ha transformado la justicia en su brazo político para incriminar y encarcelar a civiles y militares».

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«Ante la falta de independencia judicial en Venezuela, el mundo libre debe activar la jurisdicción universal para evitar que los crímenes queden impunes» recalcó Borges en su cuenta Twitter.

De igual forma señaló que el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos resaltó que «en 2019, sólo alrededor del 15% de los jueces y juezas son de carrera y más de la mitad están inscritos en el PSUV».

Presos de la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Las Acacias, en el municipio Valencia del estado Carabobo, exigieron este viernes al director de la institución, Douglas Rico, esclarecer la muerte del reo Jesús Francisco Guerrero Iguarán, quien se encontraba detenido por robo y que murió por circunstancias extrañas.

A través de un vídeo colgado por Youtube, los reos -la mayoría con sus caras tapadas con prendas de vestir-explicaron que Guerrero Iguarán se empezó a sentirse mal el 26 de septiembre. Entre varios síntomas que mostró, sus compañeros llamaros a las autoridades y estos «hicieron caso omiso» a los distintos llamados que hicieron.

«El chico tenía cuatros días de llegar al calabozo número uno. Él empezó a sentirse más mal, que le faltaba aire. Lo sentamos, le dimos agua y se acostó aquí. A las dos de la mañana, un compañero se levantó al baño y resulta que cuando prendimos la luz, el chico estaba morado boca abajo. Empezamos a pegar gritos a los funcionarios, pero cuando ellos deciden sacarlo son las tres de la mañana. El chico ya no tenía signos vitales aquí. No estaba golpeado, no estaba apuñalado, nada», explicó uno de los reos e indicó que al cadáver lo llevaron directamente a la morgue. Asimismo, señaló que la versión de los policías en las redes sociales es que hubo una «riña colectiva».

«Nos sacan (las autoridades) engañados al patio como tipo requisa. Eso es mentira. Fue una simulación de una requisa», detalló y precisó que eso ocurrió el 27 de septiembre. Para el otro día, los sacaron de cinco a cinco a visitar a un fiscal del Ministerio Público, a pesar que se encontraron con funcionarios del Cicpc. «Nos hacen firmar nuestros derechos de imputados Esta bien, firmamos porque no queríamos problemas, pero se nos están violando nuestros derechos», dijo.

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En este sentido, el privado de libertad denunció que solo los funcionarios penitenciarios se resguardan entre ellos. «Se nos violan nuestros derechos, no hay fiscalía, no hay Ministerio Público. Solamente juez. Alegamos que nos quería golpear como símbolo de represión y que uno no dijera nada. Ahora nos están acusando de homicidio en complicidad con respectiva, cuando en las redes sociales dijeron que era una riña colectiva», se quejó.

Esta no es la primera vez que los presos en Venezuela exigen derechos de justicia y condiciones para vivir. Desde el año pasado, otras sedes penitenciarias han protestado para pedir a las autoridades y a la administración de Nicolás Maduro mejores instancias judiciales y de permanencia.

«Nos hicieron como si nosotros estuviésemos en la audiencia a los 75 (…) Si nosotros estuviésemos tenido algo que ver, le haríamos caso omiso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esta negligencia de los funcionarios. Por eso yo quiero que tomen cartas en el asunto. Este vídeo nos va a costar requisas, que nos dejen desnudos, que nos golpeen con palos», contó. «A todos nos han reprimido, nos quitan todo. Lo que traen los familiares, la comida en bolsa. Con eso es que a uno lo quieren tener aguantado».

La Fiscalía General de Arabia Saudita informó que dictó sentencia a 20 años de prisión a los ocho acusados que asesinaron al periodista Jamal Khashoggi.

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El portavoz de la Fiscalía resaltó que los castigos contra los acusados implican 124 años de cárcel.

Los nombres de los condenados no fueron revelados por la justicia saudita.

Jamal Khashoggi era un crítico del gobierno saudita y columnista del diario The Washington Post.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ordenó, este viernes, la suspensión temporal de Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro.

Witzel se mantendrá separado de su cargo por un período inicial de 130 días. Al mandatario local se le acusa de haber cometido irregularidades en el manejo de fondos para contener la pandemia de la Covid-19.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público Federal de Brasil explicó que el dirigente político forma parte de «una organización criminal» en la que se «disputaban el poder pagando ventajas indebidas a los funcionarios públicos».

Según la Fiscalía, tanto Wilson Witzel como otras ocho personas, entre ellas su esposa, cobraban un porcentaje sobre los pagos efectuados a proveedores del estado de Río de Janeiro. Lo hacían a cambio de contratos y concesiones.

A juicio del internacionalista Eduardo Gamarra, la medida de aseguramiento domiciliario que emitió la Corte Suprema de Colombia contra el ex presidente Álvaro Uribe tiene motivaciones «extraordinariamente políticas».

«Hay jueces supuestamente independientes, pero que han tendido a fallar en contra de las posiciones que sostienen (…) Uribe y su partido», comentó Gamarra, durante una entrevista concedida al periodista Sergio Novelli.

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El experto también criticó la forma en la que las autoridades colombianas han conducido el proceso contra el ex jefe de Estado. «¿Por qué darle arresto domiciliario si no tiene acusación formal?», preguntó el especialista.

Eduardo Gamarra calificó a Álvaro Uribe, actual senador de la República de Colombia, como una «figura polarizante». Pese a ello, no dejó de recordar que el exgobernante ejecutó una política de seguridad que mermó a las hoy desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El expresidente es investigado por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

La justicia europea anuló este jueves el acuerdo sobre transferencia de datos personales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, conocido como «Escudo de la Privacidad», al estimar riesgos para su protección en los programas de vigilancia estadounidenses.

El acuerdo posibilita «injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transfieren» a Estados Unidos, ya que sus autoridades pueden tener acceso a los mismos sin limitarse a lo «estrictamente necesario», falla el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

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El jurista austríaco Max Schrems, un destacado defensor de la protección de los datos personales que inició el caso a través de una denuncia contra Facebook, calificó la decisión, tras «una primera lectura», de victoria al «100%» para la «privacidad» de los ciudadanos.

«Estados Unidos tendrá que llevar a cabo una serie de reformas de la vigilancia para volver a un estatus ‘privilegiado’ para las empresas estadounidenses», agregó Schrems, de 32 años, quien ya consiguió en 2015 la anulación de un acuerdo similar entre Estados Unidos y la UE.

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Para la asociación de los gigantes de internet en Bruselas, CCIA, la decisión crea «incertidumbre jurídica para miles de pequeñas y grandes empresas a ambos lados del Atlántico que usan el Escudo de la Privacidad en sus transferencias diarias de datos comerciales».

Alexandre Roure, responsable de este grupo de presión, dijo esperar que Bruselas y Washington «elaboren rápidamente una solución duradera, conforme al derecho europeo, para garantizar la continuidad del flujo de datos».