Dos funcionarios militares fueron detenidos, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, por presuntamente aceptar sobornos para dejar pasar, de primeros, a conductores en las estaciones de servicio para surtir de gasolina.

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El T/C Williams González Lara y el primer teniente Eduardo Jesús Salazar Blanco fueron arrestados tras un seguimiento realizado por fuerzas de Inteligencia venezolanas.

Sin embargo, la población residente en el estado oriental del país, asegura que el delito ya es recurrente, y que denunciar «es un caso perdido».

En una rueda de prensa ofrecida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN), el comisionado Humberto Prado presentó el informe «Relatos de tortura: La realidad silenciosa de los militares privados de libertad».

El documento de 128 páginas, detalla los casos de vejámenes y torturas de 22 de personas pertenecientes a la Fuerza Armada, «quienes fueron señalados por su presunta responsabilidad en la ejecución de actos contra el régimen, como la situación de los Drones o la del Fuerte Paramacay», indicó Prado.

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El abogado informó que, de los 22 casos reconocidos, 21 corresponden a víctimas de sexo masculino y uno de sexo femenino, de alta, media y baja jerarquía. También, solo ocho de los 22 casos, fueron presentados ante la justicia venezolana.

«En cuatro de esos casos , los funcionarios dijeron que no iban a procesar a terroristas», indicó Prado, quien aseguró que el resto de las víctimas no denunciaron por falta de confianza en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

La Comisión registró un total de 378 presos políticos hasta el 31 de octubre de 2020. De esta cifra, 60.58% son funcionarios activos o retirados de algunos de los cinco componentes de la FAN.

Yonathan Mustiola, abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, denunció el «grave retardo procesal» que presentan los juicios a presos políticos militares.

De acuerdo con la ONG, en algunos casos, pueden pasar hasta 750 días para que se imparta justicia a funcionarios detenidos.

Citando la Constitución, Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve, como se define en el artículo 257 de la carta magna y las leyes procesales en curso.

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«Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación ‘Vuelvan Caras’, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público», indicó el letrado.

«En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal», sentenció.

«El artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio», agregó Mustiola.

El observatorio de Derechos Humanos (DDHH) de la Asamblea Nacional (AN), presidido por la diputada Adriana Pichardo, informó que, en Venezuela, hay 162 funcionarios militares, que se encuentran en distintos recintos carcelarios como presos políticos.

La parlamentaria agregó que, entre esos 162 presos de conciencia, hay siete oficiales mujeres.

Pichardo precisó que los funcionarios encarcelados ejercían se desempeñaban como oficiales de la Guardia Nacional (67), el Ejército (66), la Aviación (18) y la Armada (7).

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Según Pichardo, hasta el momento hay cuatro efectivos más, cuya identidad no ha sido precisada.

«Esto ha ido en crecimiento cada año, debido al entorno político y la persecución», dijo la legisladora.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes, Adriana Pichardo detalló que durante el año 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias, en las que se vieron comprometidos efectivos de la Fuerza Armada.

Al referirse al informe presentado, este miércoles, por una Misión Internacional de Investigación de la ONU, Pichardo aseguró que el reporte «representa lo que hemos venido denunciando, es la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país».

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, quien también pertenece al observatorio de Derechos Humanos de la AN, explicó que el reciente informe es distinto a reportes anteriores, pues «en éste se testifica quiénes son los responsables de los crímenes y responsables de violar los derechos humanos».

El analista político, Gabriel Reyes, aseguró que actualmente existe una división en la percepción del venezolano promedio sobre la oposición a la administración de Nicolás Maduro. «Desde hace muchísimos años se ha tratado de vender el concepto de ‘unidad’ como objetivo principal», indicó y relató que la manera como el excandidato presidencial, Henrique Capriles, «irrumpe» la oposición solo provocó más división y fomentar «desesperanza y descontento de cualquier forma de oposición».

No obstante, también contó que esto también ocurre en el equipo de Maduro y sus filas. «Si analizamos la política, encontramos que en el oficialismo también existe un gran malestar», aseguró el experto y explicó que ahora este bando se debe enfrentar a los nuevos militares que se están incorporando a la palestra política.

El T/C Ilich Sánchez, comandante de la llamada «Operación Libertad», dirigió una carta al ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonsky.

En su misiva, Sánchez criticó la postura exhibida por el ex gobernandor del estado Miranda, con respecto al fallido alzamiento militar de abril de 2019.

Son unos «asustados», dijo el miércoles Capriles, a la hora de referirse a los efectivos castrenses que participaron en la «Operación Libertad».

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Por ese motivo, el teniente coronel aseguró que «esos soldados asustados como tú nos llamas, hicimos un llamado a luchar en el terreno de batalla, mientras que tu llamado, se limitó a sonar cacerolas».

El funcionario castrense, que se encuentra en el exilio, dijo que, al encabezar la «Operación Libertad», buscaba «contribuir con una transición política» en Venezuela.

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Ilich Sánchez también rechazó las negociaciones que sostuvo Capriles con la administración de Maduro, a través del Gobierno de Turquía.

Al menos cuatro soldados de Estados Unidos resultaron heridos este miércoles luego de un enfrentamiento con un vehículo propiedad de la tropas rusas en Siria. Así lo aseguró el portal del Político, que citó informes y vídeos del Pentágono que no han sido públicos.

En el material audiovisual se pudo ver a un helicóptero artillado Mi-24 que sobrevolaba a muy bajas alturas de un convoy estadounidense.

No obstante, el portal web aseguró que las cuatros víctimas solo sufrieron heridas leves. Actualmente, Estados Unidos tiene 500 soldados en Siria que se enfrentan diariamente al Estado Islámico. Con ellos también combaten la oposición del gobierno de Bashar Al Asad.

Justicia Venezolana denunció que 260 militares presos políticos se encuentran en «grave riesgo» de contagiarse con Covid-19.

La ONG enfatizó que, desde mediados de marzo, el servicio de administración de justicia penal se ha mantenido paralizado por órdenes del Poder Judicial.

Yonathan Mustiola, abogado y director de Justicia Venezolana, expresó que las actividades procesales son «una función permanente del Estado», por lo que no deben verse interrumpidas, según el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

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«Esto es contrario a la interpretación que ha venido haciendo el mismo TSJ (Tribunal Supremo de Justicia)», dijo el jurisconsulto.

Agregó que si bien se han celebrado juicios y audiencias preliminares, en las que se han tomado en cuenta las medidas de bioseguridad, también se ha incumplido con las garantías del debido proceso.

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Militares

Las fronteras aéreas y terrestres de Malí, cerradas tras el golpe de Estado el martes, reabrirán a partir de este viernes, según anunció la junta militar en un breve comunicado leído en la televisión nacional.

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Luego de la renuncia de Ibrahim Boubacar Keita, quien dirigiera la nación ubicada en el occidente de África desde 2013, fue instalado un movimiento militar denominado ‘Comité Nacional para la Salvación del Pueblo’ (CNSP).

Ha sido el CNSP el que informó sobre la reapertura de los límites territoriales, que entrará en vigencia desde las 12:00 de la madrugada.

«El comité asegura a la población que se han tomado todas las medidas para garantizar la buena circulación de personas y de sus bienes», añadió la junta militar, según reseñó AFP.

Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, condenó «enérgicamente» el arresto de de Ibrahim Boubacar Keita, por los soldados que se mantienen alzados en Mali.

Faki acudió, este martes, a su cuenta de Twitter para exigir la «liberación inmediata» del jefe de Estado, del primer ministro Boubou Cissé y de «otros miembros del gobierno».

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Faki Mahamat también exhortó a los militares rebeldes a «cesar todo uso de la violencia» y a respetar las instituciones republicanas.

Este martes, militares de las Fuerzas Armadas malienses protagonizaron un motín en una base cercana a Bamako, la capital del país.

Los hechos ocurrieron tras varias semanas de manifestaciones, en las que se exigió la renuncia del presidente Boubacar Keita, en el cargo desde 2013.