Tarek William Saab, fiscal de la administración de Nicolás Maduro, se pronunció tras la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepella), hecho en el cual se registraron 47 fallecidos y 67 heridos. En este sentido, dijo que procedieron a abrir una investigación al respecto, por lo que designaron la Fiscalía 94 y 8 del estado Portuguesa, a quienes les compete el tema de los Derechos Humanos (DDHH).

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Asimismo, indicó que con el apoyo de fiscales iniciaron las experticias, entre ellas la autopsia de los 47 fallecidos el pasado viernes 1 de mayo.

Agregó que, los heridos que fueron trasladados hasta el Hospital Central de Guanare ya les fuese realizado el «reconocimiento médico legal».

Saab dijo que tienen previsto fijar una audiencia para la imputación, se espera que sea para la próxima semana. Añadió que, hasta la fecha han sido reconocido 12 posibles implicados en la masacre que se generó entre funcionarios y reclusos.

Tarek William Saab, fiscal de la administración de Nicolás Maduro, explicó que hasta la fecha han sido detenidos 31 personas que tienen vínculos con la incursión marítima, por lo cual aclaró que todos gozan de impunidad e inmunidad de Colombia y Estados Unidos.

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Los delitos a imputar son: Conspiración con gobiernos extranjeros para ejecutar, terrorismo, traición a la patria, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamientos al terrorismo y asociación, en el caso de los venezolanos detenidos.

Aseguró que, la incursión marítima del pasado domingo en el estado Vargas, estuvo apoyada por los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, que según ellos, «intentaban invadir el país».

«Exigimos el cese de las agresiones desde Colombia y EE.UU., que dejen de ser guarida de asesinos y corruptos venezolanos, y que los entreguen a la justicia venezolana para que sean procesados por los delitos que han cometido», dijo Saab.

Los detenidos del pasado domingo fueron: José Socorro, José Alvarado, Wilmer Salinas, Enderson Ríos, Gustavo Hernández, Martín Álvarez.

Asimismo, el lunes 4 de mayo fueron aprehendidos: Cosme Alcalá, Raúl Manzanilla Almao; Antonio Sequea; Rodolfo Rodríguez, Jefferson Díaz, Jonder Baduel, Víctor Pimienta, Fernando Noya, Enderson Rumi, Luis Paiva, Estewin Rojas y Rosmel Méndez.

Entre tanto, el pasado miércoles detuvieron a: Dimas Murillo, Franklin Leal, Ronny Olivares, Richard Alemán, Víctor Perozo, Júnior Ojeda, Ángelo Rosales y Gerardo Coticcha.

Por su parte, informó que solicitaron la captura de Juan José Rendón y Sergio Vergara, así como contra Jordan Goudreau, por su implicación en el diseño, «financiamiento y ejecución de esta acción bélica contra el territorio» de las autoridades de Venezuela.

Aclaró que, por tratarse de personas que se encuentran fuera de Venezuela procederán a pedir la inclusión de alerta roja por la Interpol.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, Marco Ruíz, resaltó lo que lo que ha hecho un «altísimo funcionario público» (Diosdado Cabello), a través de un medio que también es público que se dedica a informar a todos los venezolanos es «incitación al odio».

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Agregó que el Ministerio Público (MP), está en la obligación de aperturar una investigación sobre los hechos que se presentaron de manera irregular en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, estado Vargas, tras la llegada del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

«Usa el aparato propagandístico del régimen para chantajear, amenazar y crear zozobra», añadió Ruíz.

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Secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, Marco Ruíz

El Ministerio Público (MP), abrió una investigación sobre el asesinato del coordinador del partido Voluntad Popular y exconcejal del municipio Sucre del estado Miranda, Edmundo Rafael Rada Angulo de 43 años. El cadáver fue hallado calcinado en horas de la mañana de este jueves en el sector Guaicoco, parroquia La Dolorita.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fiscalía 22º nacional están investigando para conocer los motivos del hecho. Rada fue visto por última vez la mañana del 16 de octubre en el Centro Comercial Palo Verde.

Funcionarios policiales recibieron una llamada en la que indicaron que en Guaicoco había una persona calcinada. Seguidamente, efectivos se dirigieron hasta el lugar de los hechos para corroborar la información.

Este viernes, Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos que incluya en la lista de sancionados a Farik Karin Mora Salcedo, fiscal de Ministerio Público, por   violación de Derechos Humanos a los parlamentarios Juan Requesens y Julio Borges.

“Solicito se analice la posibilidad de incluir al referido ciudadanos Farik Karin Mora Salcedo en las referidas sanciones y se verifiquen todas las derivaciones que ello acarrea”, indicó la fiscal en un documento.

Ortega Díaz, señaló en el escrito que Mora Salcedo solicitó la detención infundada de Borges y Requesens y enfatizó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia sometió a torturas a Requesens que “han sido dirigidas y avaladas por el citado fiscal del Ministerio Público”.

“Farik Karin Mora Salcedo ha construido una causa penal con fundamento en la autoincriminación de los procesados mediante la tortura, la amenaza y la coacción, situación que ha merecido el repudio de la comunidad internacional”, indicó Ortega Díaz.

Este martes, el partido Voluntad Popular rechazó las agresiones contra la activista por los derechos humanos y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y familiares de los presos políticos; tanto civiles como militares, que se encontraban protestando frente a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir el cese de las violaciones a los DDHH y la libertad plena de los 387 detenidos por razones políticas en Venezuela.

Voluntad Popular condenó la acción ejecutada por grupos adeptos al Gobierno nacional, quienes agredieron a los familiares de los presos, a Tintori y a su equipo, y a los trabajadores de la prensa que se encontraban en el  lugar.

«Todo esto, bajo la mirada complaciente de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes se retiraron del lugar cuando los colectivos oficialistas rodearon y amenazaron a los manifestantes, esta agresión demuestra el desprecio y la persecución del régimen contra los 387 presos políticos y los más de 150 militares de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se encuentran tras las mazamorras de la dictadura» afirma el comunicado de la tolda naranja.

 

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El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó la aprensión contra gerentes de Petropiar y Pdvsa Petrocedeño por estar incursos en delitos de corrupción.

Saab indicó que el Ministerio Público logró  «detener y judicializar cuatro generentes por el contrato de compra de bienes y servicios con sobreprecio».

Dio a conocer los nombres de las  personas implicadas: Pedro Enrique Trejo, presidente de Petropiar; Anibal José Velázquez Marcano, gerente general de Petropiar,; Yesenia del carmen Aguilera, gerente de contratación;  Evelín Rosario Quijada, gerente de finanzas;  y lo socios de empresas Patricia José Amundaraín Guzmán  y Javier Rangel Moros, propietario de empresas.

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, dijo este jueves que no ha recibido ninguna notificación formal sobre alguna investigación en su contra por parte del Ministerio Público (MP), luego de que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunciara que en las próximas horas solicitará una orden de aprehensión para el también secretario general de Primero Justicia (PJ).

En una rueda de prensa ofrecida en Caracas, el parlamentario argumentó que «las actividades que individualmente ejecuten las personas que asisten a una convocatoria de calle, de ninguna manera pueden ser atribuidas a la dirigencia política», en referencia a las declaraciones de Saab, quien afirmó que el dirigente opositor incurrió en la comisión de los delitos de instigación pública continuada y asociación para delinquir durante las protestas antigubernamentales del 2017 que dejaron al menos 125 muertos y miles de heridos.

Venezuela- Tomás Guanipa respondió a las acusaciones del fiscal Tarek William Saab -VPItv

El gobierno de Nicolás Maduro intervino este martes la cadena mayorista Makro por presuntamente «condicionar la venta de productos de primera necesidad», según anunció el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras.

«En este momento nosotros tenemos una intervención en la red de distribución Makro», dijo en una entrevista concedida al canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), en la que además aseguró que la medida obedece a «un reclamo general de la sociedad».

Y es que de acuerdo a lo declarado por Contreras, el Sundde ha recibido diversas denuncias por «restricciones para acceder a los alimentos» en Makro, que es una de las cadenas mayoristas más grandes del mundo y cuenta con 37 establecimientos en Venezuela.

Aseveró que en algunas sucursales de esta empresa exigían «compras mínimas» de hasta cinco millones de bolívares para acceder a las pacas de harina de maíz precocido, uno de los productos más escasos y de mayor demanda en el país, así como también a otros productos de primera necesidad como la pasta y el arroz.

«Esperemos que no sea una política de esta empresa, creo que es un boicot», sostuvo Contreras, al tiempo que informó sobre una solicitud entregada al Ministerio Público (MP) para que investigue a Makro con el fin de «determinar responsabilidades».

El Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab precisó este viernes que el Ministerio Público iniciará una serie de investigaciones penales contra venezolanos que han participado en manifestaciones de calles durante los últimos cuatro meses, entre las que destacó responsabilidades por tala y quema de árboles así como el «aberrante uso» de niños y adolescentes en movilizaciones.

También Saab precisó que se abrirán procesos jurídicos contra «hordas violentas que, con premeditada intención, han matado» y actuado en contra de personas por su supuesta inclinación política. Destacó al respecto el caso de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, aseverando que tienen identificado a uno de los sujetos que «actuaron de manera exprofesas».

Asimismo, adelantó que el MP investigará muertes y heridos en barricadas. «También merecen estas vícitimas que se haga con ellos justicia», resaltó en rueda de prensa ofrecida en el auditorio  de la sede principal del Ministerio Público.

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Vuelven a subordinar juticia militar a tribunales civiles

Acompañado de la vicefiscal juramentada por el Tribunal Supremo de Justicia, Katherine Harrington, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) además resaltó que están investigando algunos casos de civiles que han sido juzgado por tribunales militares para que declinen sus sentencias y dependiendo de los delitos pasen a ser juzgado por la justicia ordinaria. Sin dar nombres de cuáles serían los casos que investigaran, aseguró que trabajan en coordinación con las autoridades militares y el TSJ.

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Burocracia y corrupción durante gestión de Ortega Díaz en el MP

Sobre el balance de los primeros cinco días como sustituto de Luisa Ortega Díaz, el ex Defensor del Pueblo precisó que todas las direcciones generales fueron asignadas, así las principales direcciones de línea, una vez que la mayor parte del equipo de la ex fiscal pusiera sus cargos a la orden. Al respecto detalló que hasta la fecha han sustituidos a los fiscales generales de Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy y Miranda.

En una intervención en la que Saab se hizo las preguntas para el mismo responderlas, aseveró que han encontrado «graves deficiencias» en el despacho que ahora dirige, enfatizando en el burocratismo, la apatía y la corrupción.

Sobre este último problema, responsabilizó altos funcionarios de la gestión anterior de haber dado el mal ejemplo. Sobre este punto denunció que fiscales llegaron a cobrar en dolares por imputaciones y sobreseimiento de causas. «Bajo un sistema como este es imposible administrar justicia, para el Fiscal General de la República es un punto de honor, funcionarios que consigamos en esta actitud les puedo asegurar que lo pondremos a la orden de tribunales competentes, y vamos a poner su nombre y apellido para que la nación entera lo conozca, advirtió.

Adicionalmente, el portavoz oficial cuestionó que en la FGR haya 12.000 funcionarios a nivel nacional. Señaló que revisarán la pertinencia de 250 cargos directivos y jefaturas de distintos niveles, así como atenderán eventuales jubilaciones que no se hayan ejecutado.

Durante la rueda de prensa, se le consultó sobre la prohibición de salida del país a algunos directores y fiscales y no respondió, luego de las declaraciones, el también otrora gobernador de Anzoátegui sostuvo que solicitaría información al responsable del Saime sobre la situación.