Un grupo de la guerrilla, disidentes de la FARC, narcos y bandas criminales de origen paramilitar aprovechan la emergencia sanitaria que existe hoy día para intensificar su dominio, aún y cuando el ejército ha reforzado su despliegue por la violencia que persiste pese al acuerdo de paz.

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El pasado 9 de mayo, una familia fue atacado presuntamente por un grupo armado que con panfletos los amenazaban de muerte a quien violara el confinamiento establecido para prevenir más contagios del nuevo coronavirus, de acuerdo a información ofrecida por la fiscalía, solo la esposa del grupo familiar sobrevivió.

Armando Muñoz, su esposa y dos hijas avanzaban hacia una aldea ubicada al suroeste de Colombia cuando de pronto fueron impactados por balas. El hombre y su bebé de nueve meses fallecieron de forma insofacta y la niña de cinco años falleció dos días después.

Por su parte el director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), Mateo Gómez, explicó que estos grupos buscan «ganar legitimidad».

De acuerdo a opiniones de expertos ofrecida a AFP, coinciden en que tanto la guerrilla, como narcos o bandas criminales de origen paramilitar ven la emergencia sanitaria como «un pretexto» para imponer sus reglas y extender su dominio territorial.

El diplomático estadounidense, John Bolton, indicó que Nicolás Maduro «usa a Venezuela como un frente para delincuentes, narcotraficantes y grupos terroristas».

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Bolton consideró enhorabuena la acción que llevó a cabo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en acusar a Maduro y miembros de sus administración.

«Hay que subrayarle a todo el mundo lo que el régimen le esta haciendo al pueblo de Venezuela. Las víctimas que ha dejado. Había que tomar acciones que estuvieran correlacionadas con nuestra política internacional»,  aseguró el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr

 

La inseguridad en Uruguay ha ido aumentando mientras que efectivos policiales investigan si las bandas de delincuentes que ejecutan los ataques practican el narcotráfico.

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La problemática será enfrentada por el nuevo gobierno que tomará lugar el próximo 1 de marzo encabezada por el presidente electro Luis Lacalle Pou, quien ya declaró el caso, como una emergencia.

Los robos y homicidios en Uruguay que enfrenta la sociedad civil, se suma a la cadena de ataques que los policía han recibido por parte de delincuentes que aparentemente se dedican a hurtar sus armas y chalecos antibala.

De acuerdo a datos registrados por oficiales del Ministerio Iterior, 78 policías han sido victimas de delitos en lo que va de año.

El ministerio de gobierno boliviano creó el denominado Grupo Antiterrorismo, organismo dependiente de la policía que busca anular y desarticular a los criminales que se encuentran en el país.

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El ministro de gobierno, Arturo Murillo, informó que este grupo está integrado por 60 uniformados que se encuentran entrenados para combatir el terrorismo. Aseguró que hay «dos células terroristas» que ya tienen ubicadas, por lo que buscan combatir el narcoterrorismo.

Murillo desde que asumió el cargo recibió varias denuncias sobre la presencia de presuntos terroristas extranjeros que llegaron al país el pasado 20 de octubre, fecha en la que se efectuaron las elecciones en el país.

El pasado viernes 15 de junio, un juez de Nueva York rechazó una solicitud interpuesta por Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sonbrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, quienes pedian publicar documentos sobre un narcotraficante que testificó en su contra

Estos imputados, conocidos como «narcosobrinos» fueron condenados el pasado diciembre a 18 años de cárcel por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos y a través de un proceso de apelación solicitaron que publicaran los documentos del caso relativos a un narcotraficante que ejerció como testigo en su juicio, apelación que no fue aceptada por el magistrado, Paul Crotty, por considerar que hacerlo, les expondría a riesgos aún mayores de los que ya asumieron al comparecer durante el proceso.

El narcotraficante, conocido como José Santos Peña, fue el testigo principal de la fiscalía y, durante el juicio, la defensa de los familiares de Maduro trató que su testimonio fuese descartado.

Entre otras cosas, la defensa probó que Santos Peña había mentido a las autoridades estadounidenses y que se dedicaba al narcotráfico mientras trabajaba como informante para ellas, por lo que fue encarcelado.

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