Los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua actúan de «forma coordinada» en labores de inteligencia con el objetivo de violar Derechos Humanos y cometer delitos de lesa humanidad, a juicio del presidente (E) Juan Guaidó.

El también líder de la Asamblea Nacional (AN) señaló en el foro «Violación a Derechos Humanos en Venezuela», que las tres «dictaduras» se «retroalimentan» en un plan de ayuda mutua, en el que intervienen recursos como el combustible.

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Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), explicó que las violaciones de DDHH en Venezuela forman parte de una política de Estado que es manejada por el poder central, haciendo referencia a Nicolás Maduro.

«Es resultado de una política oficial, una política de Estado (…) quien decide todo eso, es quien está al mando del país», dijo el funcionario.

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Vivanco agregó que en Venezuela no hay, en el Estado, una «instancia democrática independiente» del Ejecutivo que vele por los derechos de los ciudadanos para frenar y prevenir los abusos a la población.

«Los ciudadanos están en desamparo, sin defensa. Si no es por presión internacional y ocasionalmente presión interna, no se podrían lograr liberaciones de presos políticos», puntualizó.

Guaidó

El aeropuerto internacional de Managua reactivó sus operaciones el pasado sábado luego de estar casi seis meses sin actividades por las medidas preventivas para frenar el covid-19.

Avianca fue la empresa que tomó el primer vuelo, a pesar que las otras lo harán en el mes de octubre por los extensos requisitos que exige la administración de Daniel Ortega.

Para tomar estos vuelos, las compañías aéreas deben enviar con 72 horas de antelación las pruebas negativas de los pasajeros y la documentación de viaje de ellos, como de la tripulación.

Mediante un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de haberse convertido en «el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo».

Ortega es uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa organización encabezó la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, en la década de los 80.

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Pompeo señaló que, con sus prácticas actuales, Ortega está redoblando la represión y negándose a honrar las aspiraciones democráticas de sus conciudadanos.

El secretario de Estado también se refirió a los recientes «ataques contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua».

Según Pompeo, estas arremetidas «demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, sólo están interesados ​​en prolongar su gobierno».

Embargo al Canal 12

En las últimas semanas, canales de televisión nicaragüenses, así como empresarios opositores, han denunciado cobros arbitrarios y el embargo de equipos.

El caso más reciente es el del Canal 12, un medio privado, crítico al gobierno de Ortega, que documentó las protestas de 2018, contra el Ejecutivo.

Marcos Medina, jefe de prensa del medio, dijo a la Voz de América (VOA) que, hasta el momento, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la empresa.

El Juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua, Luden Martín Quiroz, notificó a los propietarios que, en tres días, se tomarían las medidas correspondientes, a menos que éstos recurran a una última instancia legal de apelación.

Martín Quiroz también ordenó el embargo de «la totalidad de los bienes personales» del administrador del canal, Mariano Valle.

La exdiretora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Soraya Long, presentó ante el Tribunal de Conciencia un peritaje donde acusan al gobierno nicaraguense de cometer delitos sexuales contra manifestantes.

El informe está basado en 18 testimonios de ciudadanos que fueron arrestados durante las protestas del pasado abril de 2018, contra el Gobierno de Daniel Ortega.

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Las personas contaron haber recibido diferentes maneras de violencia sexual y torturas, de ellas, 10 mujeres y 2 hombres, aseguraron que fueron violados y una fémina abortó, debido a los maltratos que sufrió.

Las víctimas también relataron que sufrieron golpes y mordeduras en sus partes íntimas. Estos hechos sucedieron en vehículos y centros de reclusión.

Para Long «la tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

El Tribunal de Conciencia fue instalado este martes por la Fundación Arias para la Paz y el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, a fin de investigar los actos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad durante las manifestaciones en Nicaragua de hace dos años.

El Gobierno de los Estados Unidos afirmó este lunes que una de sus prioridades para América Latina es «restaurar la democracia» en Cuba, Venezuela y Nicaragua, según publicó en el Marco Estratégico del Hemisferio Occidental.

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El Consejo de Seguridad Nacional de la administración Trump indicó que esta región es «una prioridad geopolítica» para Washington, por lo que desea garantizar «la democracia, la prosperidad y la seguridad».

Estados Unidos cree que América Latina ha dado grandes pasos en los últimos años, pero todavía se mantienen presentes varias «amenazas».

«Los regímenes dictatoriales y represivos amenazan la seguridad regional, una situación exacerbada por la intrusión de organizaciones criminales de carácter transnacional y de países rivales que ejercen una mala influencia«, reza el marco, según reseñó la agencia Europa Press.

En ese sentido, la Casa Blanca expresó que seguirá trabajando con sus aliados en la región para promover «elecciones justas» en los países liderados por «regímenes autoritarios».

El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, cobrará 150 dólares por hacerle la prueba a las personas que pretendan dejar ese país.

Las pruebas de Covid-19 se harán únicamente en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, en Managua. Los laboratorios y hospitales privados aún no tienen autorización para hacer test, pese a que lo han reiterado la solicitud para ello.

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La diputada opositora y médico Melba Martínez criticó la medida en plena pandemia y la calificó de «medida recaudatoria».

Un sujeto no identificado arrojó este viernes una bomba en la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, Nicaragua.

Los alrededores donde se encuentra ubicada la imagen de la Sangre de Cristo sufrieron daños materiales por el incendio que originó el artefacto explosivo.

El Arzobispo metropolitano de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes se pronunció ante los hechos ocurridos y condenó en una misiva el acto que causó el quiebre de imágenes religiosas, las cuales se encontraban dentro de templo católico

«Un acto de sacrilegio y profanación totalmente condenable, por lo que debemos estar en constante oración para derrotar las fuerzas malignas», reza parte de un comunicado emitido por la Arquidiósesis de Managua.

El hecho se produjo a las 11 de la mañana de este 31 de julio.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como dos empresas, acusadas de lavado de dinero y difundir propaganda a favor «del régimen».

«La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero», indicó el texto de las sanciones.

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Las sanciones se suman a medidas similares emprendidas con antelación por el gobierno de Donald Trump para promover cambios democráticos en Nicaragua. El comunicado acusó al gobierno de Ortega de concentrar el poder en manos de este y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ya está sujeta a sanciones estadounidenses junto con otros funcionarios nicaragüenses.

«El presidente Ortega y su círculo íntimo corrupto priorizan su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense (…) Estados Unidos continuará apuntando a aquellos que apuntalan el régimen de Ortega y extraen dinero de la economía nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Tesoro

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes su más reciente actualización oral del informe sobre esta materia en Venezuela, en el que también incluyó la situación en Nicaragua y Crimea.

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La oficina de Bachelet registró hechos violatorios de derechos humanos similares en estos tres lugares, en donde se cometieron irregularidades contra personas en prisión, así como acciones que golpean el carácter «cívico y democrático» en el ámbito político.

Patrones que coinciden

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es un cuerpo de seguridad que comete detenciones en Venezuela. La ONU pidió su eliminación. (Archivo)

Aunque la actualidad y la realidad de las tres localidades es diferente porque los motivos de sus crisis son variables, la ONU detectó patrones coincidentes tanto en Venezuela, Nicaragua y Crimea, en donde se apuntó a las fuerzas de seguridad como un elemento clave en la violación de los DDHH.

La crisis en Venezuela, de tinte socioeconómico y con una profunda carga política, tiene más similitudes con Nicaragua que con Crimea, que desde 2014 enfrenta una disputa entre Ucrania y Rusia por el territorio, con una ocupación vigente por parte del gigante de la Europa del este.

Sin embargo, Bachelet le dedicó la misma atención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos pues consideró necesario que cada uno de los Gobiernos que administran estos territorios apliquen cambios drásticos en sus formas de mantener el orden.

Los allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas y acoso por parte de cuerpos de seguridad progubernamentales son delitos que se repiten y deben ser eliminados, a juicio de la Alta Comisionada.

En las naciones dirigidas por Nicolás Maduro y Daniel Ortega se registraron restricciones a la democracia, así como atentados contra la libertad de expresión no solo de los ciudadanos, sino directamente contra el derecho a la información que ofrecen periodistas y medios de comunicación.

En Venezuela, la principal diferencia entre ambos es que se sumaron agresiones contra sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por falta de servicios públicos en medio de la pandemia del covid-19.

¿Qué sucede en Crimea?

Crimea está ocupada por fuerzas rusas desde 2014, tras la revolución en Ucrania. (Archivo)

La península de Crimea, ubicada en la costa septentrional del Mar Negro, es un territorio disputado entre Ucrania y Rusia, que fue declarado como parte de la federación liderada por Vladimir Putin desde 2014, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.

A raíz de la revolución ucraniana de ese año que depuso a Víktor Yanukóvich como presidente de ese país, en la península se despertó una tensión separatista y Rusia avanzó para ocupar un punto importante a nivel geopolítico, pues en la ciudad de Sebastopol se encuentra la base naval principal de los rusos en el Mar Negro.

Ese elemento fue central para la decisión tomada por Moscú, que aprovechando su alto nivel de aceptación entre la población, proclamó la región como una República adherida a su federación.

Las operaciones militares de fuerzas locales y extranjeras marcó el camino hacia el nacimiento de la cuestionada República de Crimea, la cual solo es aceptada en el mundo por Bielorrusia.

Desde entonces, la tensión no ha disminuido y quienes se oponen a la administración del Kremlin han sufrido represalias.

Comparable con Venezuela

Aunque la península oriental tiene una separación de más de 10.300 kilómetros con Caracas, la evolución de ambos casos ha tenido paralelismos en ciertas etapas. En su primer punto, cuando inició la tensión separatista en dicho lugar, en Venezuela se daban las manifestaciones de 2014 en el contexto de ‘La Salida’.

Los gobiernos que lograron sobreponerse a esas protestas fueron los de Putin y Nicolás Maduro, quienes desde ese momento han aplicado ‘mano dura’ contra sus adversarios cuando ha sido necesario para sus intereses.

Cuando la Alta Comisionada Bachelet se refirió a las violaciones cometidas por la federación rusa en Crimea, mencionó la criminalización continua de la libertad de expresión en redes sociales, torturas y malos tratos por parte de efectivos policiales.

En Venezuela, ese flagelo también ha sido denunciado pero no en este informe de Naciones Unidas, sino en el día a día que viven los ciudadanos.

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Diferentes organizaciones no gubernamentales y sindicatos han condenado que la administración de Maduro varias veces haya arremetido contra activistas por publicar información u opinión en redes, con los casos de Luis Carlos Díaz, Mimi Arriaga y Marcos Antoima como algunos de los más sonados.

En el caso de Díaz, fue detenido el pasado 2019 después de los apagones que sufriera el país en el primer semestre del año, luego de haber criticado la red eléctrica nacional, que a la postre colapsó.

Más cercano en el tiempo, los periodistas Antoima y Arriaga fueron acusados de manejar cuentas anónimas en la plataforma Twitter para informar, por lo que fueron detenidos a mediados de junio.

Federico Black, un asiduo comunicador a través de Twitter, fue otro que recibió amenazas en su residencia por divulgar noticias vinculadas al oficialismo desde su perfil. Y al igual que él, hay otros tantos casos similares, en Caracas y en el interior de la nación.

Las detenciones sin procesos judiciales, la práctica de mantener presos políticos y la falta de investigación de delitos cometidos por grupos partidistas son otras de las coincidencias entre Venezuela y la península europea, pero también en Nicaragua.

Frente a las denuncias sin respuestas, la Organización de Naciones Unidas ha hecho nuevamente un llamado a las autoridades para que dejen de lado los atentados a los derechos humanos, afirmando que las distintas organización multilaterales están dispuestas a ayudar.

De ello dependerá exclusivamente la propia voluntad de estos tres Gobiernos, que se mantienen firmes en sus posiciones de poder.

El Gobierno de los Estados Unidos incluyó este jueves a Nicaragua en su lista negra de trata de personas tras presentar su informe anual en la materia, en el que advirtió que la pandemia del covid-19 provocó un aumento de dicho delito.

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«La inestabilidad y la falta de acceso a servicios críticos causados por la pandemia significan que el número de personas vulnerables a la explotación por parte de los traficantes está creciendo rápidamente», explicó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en la introducción del Reporte de Tráfico de Personas.

En dicho reporte se contempla a las naciones que no hacen suficiente esfuerzo para combatir la trata de personas, en un listado que también integran Cuba, Venezuela, China, Irán y Rusia.

Junto a Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, también fueron incluidos Afganistán, Argelia y Lesotho, reseñó AFP.

Los motivos para la inclusión del país centroamericano es que desde dicho territorio no se condenó «a ningún traficante» ni se previno de forma alguna el delito, por lo que Washington alertó sobre el peligro que corren mujeres, niños y migrantes.

Del mismo modo, Estados Unidos llamó la atención sobre el creciente número de víctimas provenientes de Venezuela, en medio de la crisis socioeconómica y política que ha provocado que más de cinco millones de personas hayan emigrado.