El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, cobrará 150 dólares por hacerle la prueba a las personas que pretendan dejar ese país.

Las pruebas de Covid-19 se harán únicamente en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, en Managua. Los laboratorios y hospitales privados aún no tienen autorización para hacer test, pese a que lo han reiterado la solicitud para ello.

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La diputada opositora y médico Melba Martínez criticó la medida en plena pandemia y la calificó de “medida recaudatoria”.

Un sujeto no identificado arrojó este viernes una bomba en la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, Nicaragua.

Los alrededores donde se encuentra ubicada la imagen de la Sangre de Cristo sufrieron daños materiales por el incendio que originó el artefacto explosivo.

El Arzobispo metropolitano de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes se pronunció ante los hechos ocurridos y condenó en una misiva el acto que causó el quiebre de imágenes religiosas, las cuales se encontraban dentro de templo católico

“Un acto de sacrilegio y profanación totalmente condenable, por lo que debemos estar en constante oración para derrotar las fuerzas malignas”, reza parte de un comunicado emitido por la Arquidiósesis de Managua.

El hecho se produjo a las 11 de la mañana de este 31 de julio.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como dos empresas, acusadas de lavado de dinero y difundir propaganda a favor “del régimen”.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero”, indicó el texto de las sanciones.

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Las sanciones se suman a medidas similares emprendidas con antelación por el gobierno de Donald Trump para promover cambios democráticos en Nicaragua. El comunicado acusó al gobierno de Ortega de concentrar el poder en manos de este y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ya está sujeta a sanciones estadounidenses junto con otros funcionarios nicaragüenses.

“El presidente Ortega y su círculo íntimo corrupto priorizan su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense (…) Estados Unidos continuará apuntando a aquellos que apuntalan el régimen de Ortega y extraen dinero de la economía nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Tesoro

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes su más reciente actualización oral del informe sobre esta materia en Venezuela, en el que también incluyó la situación en Nicaragua y Crimea.

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La oficina de Bachelet registró hechos violatorios de derechos humanos similares en estos tres lugares, en donde se cometieron irregularidades contra personas en prisión, así como acciones que golpean el carácter “cívico y democrático” en el ámbito político.

Patrones que coinciden

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es un cuerpo de seguridad que comete detenciones en Venezuela. La ONU pidió su eliminación. (Archivo)

Aunque la actualidad y la realidad de las tres localidades es diferente porque los motivos de sus crisis son variables, la ONU detectó patrones coincidentes tanto en Venezuela, Nicaragua y Crimea, en donde se apuntó a las fuerzas de seguridad como un elemento clave en la violación de los DDHH.

La crisis en Venezuela, de tinte socioeconómico y con una profunda carga política, tiene más similitudes con Nicaragua que con Crimea, que desde 2014 enfrenta una disputa entre Ucrania y Rusia por el territorio, con una ocupación vigente por parte del gigante de la Europa del este.

Sin embargo, Bachelet le dedicó la misma atención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos pues consideró necesario que cada uno de los Gobiernos que administran estos territorios apliquen cambios drásticos en sus formas de mantener el orden.

Los allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas y acoso por parte de cuerpos de seguridad progubernamentales son delitos que se repiten y deben ser eliminados, a juicio de la Alta Comisionada.

En las naciones dirigidas por Nicolás Maduro y Daniel Ortega se registraron restricciones a la democracia, así como atentados contra la libertad de expresión no solo de los ciudadanos, sino directamente contra el derecho a la información que ofrecen periodistas y medios de comunicación.

En Venezuela, la principal diferencia entre ambos es que se sumaron agresiones contra sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por falta de servicios públicos en medio de la pandemia del covid-19.

¿Qué sucede en Crimea?

Crimea está ocupada por fuerzas rusas desde 2014, tras la revolución en Ucrania. (Archivo)

La península de Crimea, ubicada en la costa septentrional del Mar Negro, es un territorio disputado entre Ucrania y Rusia, que fue declarado como parte de la federación liderada por Vladimir Putin desde 2014, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.

A raíz de la revolución ucraniana de ese año que depuso a Víktor Yanukóvich como presidente de ese país, en la península se despertó una tensión separatista y Rusia avanzó para ocupar un punto importante a nivel geopolítico, pues en la ciudad de Sebastopol se encuentra la base naval principal de los rusos en el Mar Negro.

Ese elemento fue central para la decisión tomada por Moscú, que aprovechando su alto nivel de aceptación entre la población, proclamó la región como una República adherida a su federación.

Las operaciones militares de fuerzas locales y extranjeras marcó el camino hacia el nacimiento de la cuestionada República de Crimea, la cual solo es aceptada en el mundo por Bielorrusia.

Desde entonces, la tensión no ha disminuido y quienes se oponen a la administración del Kremlin han sufrido represalias.

Comparable con Venezuela

Aunque la península oriental tiene una separación de más de 10.300 kilómetros con Caracas, la evolución de ambos casos ha tenido paralelismos en ciertas etapas. En su primer punto, cuando inició la tensión separatista en dicho lugar, en Venezuela se daban las manifestaciones de 2014 en el contexto de ‘La Salida’.

Los gobiernos que lograron sobreponerse a esas protestas fueron los de Putin y Nicolás Maduro, quienes desde ese momento han aplicado ‘mano dura’ contra sus adversarios cuando ha sido necesario para sus intereses.

Cuando la Alta Comisionada Bachelet se refirió a las violaciones cometidas por la federación rusa en Crimea, mencionó la criminalización continua de la libertad de expresión en redes sociales, torturas y malos tratos por parte de efectivos policiales.

En Venezuela, ese flagelo también ha sido denunciado pero no en este informe de Naciones Unidas, sino en el día a día que viven los ciudadanos.

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Diferentes organizaciones no gubernamentales y sindicatos han condenado que la administración de Maduro varias veces haya arremetido contra activistas por publicar información u opinión en redes, con los casos de Luis Carlos Díaz, Mimi Arriaga y Marcos Antoima como algunos de los más sonados.

En el caso de Díaz, fue detenido el pasado 2019 después de los apagones que sufriera el país en el primer semestre del año, luego de haber criticado la red eléctrica nacional, que a la postre colapsó.

Más cercano en el tiempo, los periodistas Antoima y Arriaga fueron acusados de manejar cuentas anónimas en la plataforma Twitter para informar, por lo que fueron detenidos a mediados de junio.

Federico Black, un asiduo comunicador a través de Twitter, fue otro que recibió amenazas en su residencia por divulgar noticias vinculadas al oficialismo desde su perfil. Y al igual que él, hay otros tantos casos similares, en Caracas y en el interior de la nación.

Las detenciones sin procesos judiciales, la práctica de mantener presos políticos y la falta de investigación de delitos cometidos por grupos partidistas son otras de las coincidencias entre Venezuela y la península europea, pero también en Nicaragua.

Frente a las denuncias sin respuestas, la Organización de Naciones Unidas ha hecho nuevamente un llamado a las autoridades para que dejen de lado los atentados a los derechos humanos, afirmando que las distintas organización multilaterales están dispuestas a ayudar.

De ello dependerá exclusivamente la propia voluntad de estos tres Gobiernos, que se mantienen firmes en sus posiciones de poder.

El Gobierno de los Estados Unidos incluyó este jueves a Nicaragua en su lista negra de trata de personas tras presentar su informe anual en la materia, en el que advirtió que la pandemia del covid-19 provocó un aumento de dicho delito.

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“La inestabilidad y la falta de acceso a servicios críticos causados por la pandemia significan que el número de personas vulnerables a la explotación por parte de los traficantes está creciendo rápidamente”, explicó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en la introducción del Reporte de Tráfico de Personas.

En dicho reporte se contempla a las naciones que no hacen suficiente esfuerzo para combatir la trata de personas, en un listado que también integran Cuba, Venezuela, China, Irán y Rusia.

Junto a Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, también fueron incluidos Afganistán, Argelia y Lesotho, reseñó AFP.

Los motivos para la inclusión del país centroamericano es que desde dicho territorio no se condenó “a ningún traficante” ni se previno de forma alguna el delito, por lo que Washington alertó sobre el peligro que corren mujeres, niños y migrantes.

Del mismo modo, Estados Unidos llamó la atención sobre el creciente número de víctimas provenientes de Venezuela, en medio de la crisis socioeconómica y política que ha provocado que más de cinco millones de personas hayan emigrado.

En Nicaragua la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes han contabilizado 30 periodistas infectados por Covid-19. Una de ellas es Letzira Sevilla Bolaños, reportera del portal digital Diario Libre, quien contó a la Voz de América los momentos que vivió durante su lucha contra la epidemia.

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Bolaños señaló que los primeros síntomas que sintió fueron dolores en la espalda y fiebres de altas temperaturas.

“Mi dolor era lumbar y pensé que era otra cosa porque tengo piedras en los riñones, hasta que comencé a presentar síntomas más graves”, resaltó la periodista a VOA.

Además, señaló que “No podía moverme. Sentía que me asfixiaba”.

La comunicadora afirmó que estuvo cerca de ser llevada a unidades de cuidados intensivos debido a la gravedad de su cuadro por el Covid-19.

“Pensé que no volvería a ver más a mis hijos y a mi madre cuando fui llevada a emergencias a un hospital privado del país, pues conocía que estos se encontraban saturados de pacientes y con pocos insumos hospitalarios”, detalló.

“Yo no podía darme vueltas en la cama porque me ahogaba. En esos momentos uno esta solo a la manos de Dios”, argumentó Bolaños.

Sergio Marín, representante de la organización de periodistas de Nicaragua, indicó que los comunicadores en el país centroamericano se encuentran vulnerables ante la pandemia.

“Los salarios de los periodistas están muy por debajo de la media centroamericana. Eso no es posible. eso no es sostenible. A duras penas están dando para medio comer”, resaltó a VOA.

Al llegar la noche, los vehículos fúnebres llegan al cementerio de Managua, en Nicaragua, para llevar a cabo los llamados “entierros exprés”, en medio de la crisis que ha desatado el Covid-19.

Uno de estos carros ingresa al camposanto Jardines del Recuerdo, donde trabajadores de la funeraria se aplican desinfectantes y posteriormente hacen la entrega del ataúd sellado a cuatro sepulteros bajo un fuerte diluvio.

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Estos entierros se le realizan a los pacientes que fallecen con síntomas del virus respiratorio, a pesar que en los hospitales indican que la muerte es por “neumonías atípicas” u otras patologías, según denuncias médicas.

En las últimas semanas se han realizado decenas de estos sepulcros, donde aprovechan la noche para que sea más discretos.

Según cifras del Ministerio de Salud, en Nicaragua se han reportado 1.464 casos de personas contagiadas por el coronavirus y 55 fallecidos, mientras que el independiente Observatorio Ciudadano, registró más de 5.000 infectados y 1.000 fallecidos desde el mes de marzo.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves que cerrará las embajadas en Irán y en Nicaragua, debido a una redistribución presupuestaria para destinar más fondos a la lucha contra el covid-19.

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Áñez descartó que la medida tenga que ver con motivos políticos, por lo que también informó que tres ministerios serán suspendidos ante la emergencia por la pandemia.

“No tenemos nada contra estos países y pueblos, nobles y hermanos, que respetamos y son amigos”, dijo la mandataria transitoria, según reseñó la agencia de noticias EFE.

No obstante, la líder boliviana desde la salida del expresidente Evo Morales no dio detalles sobre cuando se realizarán dichos cierres, así como tampoco precisó cómo quedarán las relaciones diplomáticas entre naciones.

Irán y Nicaragua fueron antiguos aliados políticos de la administración comandada por Evo Morales entre 2006 y 2019.

La organización sin fines de lucro, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, aseguró el jueves que la crisis sanitaria en Nicaragua es “dramática” con respecto a la pandemia del Covid-19.

El grupo indicó que existe un colapso en el sistema de salud y en los servicios funerarios, a pesar que el gobierno de Daniel Ortega solo haya reportado 759 casos confirmados y 35 fallecimientos. “La realidad es verdaderamente dramática, los médicos y hospitales públicos, como privados, están colapsados. El día miércoles 27 de mayo buscábamos oxígenos en empresas, y estaba agotado”, señaló la fundación.

El ministerio de Salud de Nicaragua es la institución que gestiona las pruebas PCR, pero al menos a los periodistas infectados no han podido ceder a ella.

Esto ocurre luego que días antes el gobierno de Daniel Ortega hubiera convocado diversas actividades culturales, deportivas y sociales el fin de semana, donde se aglomeraron personas aumentando más los riesgos de Covid-19 en el país.

El periodista nicaraguense, Gustavo Bermúdez, falleció este martes 26 de mayo por síntomas asociados al coronavirus Covid-19.

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Bermúdez, de 65 años, presentaba “insuficiencia respiratoria aguda”, según detallaron sus familiares a la Voz de América.

“El acta de defunción decía que falleció de neumonía atípica y otras dolencias. Ellos en ningún momento ponen que fue el Covid, pese a que después que fue internado en el hospital y le hicieron la prueba dio positivo. ¿Por qué ahora vienen con semejante mentira?”, indicó su hermana, Aída Rita Bermúdez, a VOA.

Según sus compañeros de trabajo en “Radio Corporación”, Bermúdez, comenzó a presentar los síntomas desde hace dos semanas.

“Sin duda es una gran pérdida. Era uno de nuestros mejores periodistas. Un generador de opinión, entrevistador, con una voz estupenda. A través del programa que tenía llegaba a muchos nicaragüenses. Él es irremplazable”, afirmó el empresario Gadea Mantilla.

Cabe destacar, que Bermúdez es el primer periodista que muere por síntomas asociados al Covid-19. Sin embargo, hay otros seis comunicadores que se encuentran contagiados, según la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.