La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), elaboró un informe sobre la Operación Liberación del Pueblo (OLP), a cinco años de su lanzamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro, «que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares».

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Para la organización, la OLP se basó en el discurso oficial que promovía la «mano dura», lo que propició que funcionarios militares y policiales cometieran cientos de abusos en contra de habitantes de zonas populares. Entre 2015 y 2017, según cifras del Ministerio Público, 505 personas fueron asesinadas por funcionarios de seguridad.

«Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales», indica parte del informe.

 

Puede leer el informe completo aquí.

La abogada, defensora de los Derechos Humanos Tamara Suju, indicó a través de su cuenta en twitter que comenzará junto a su equipo a recaudar pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).

Asímismo, expresó que pusieron a disposición de los ciudadanos un correo electrónico para recibir todas las denuncias que tengan y poderlas registrar en un expediente que será consignado ante la Corte Penal Internacional.

Una Ventana a la Libertad, organización no gubernamental que, desde hace 19 años, se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, considera que el nuevo plan de seguridad anunciado por el Presidente Nicolás Maduro será un total fracaso, si no hay nuevos recintos carcelarios a dónde llevar a los responsables de hechos delictivos que sean detenidos.

Nota de Prensa

Para el Coordinador General de la organización, Carlos Nieto Palma, tanto las cárceles nacionales, que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, como los Centros de Detención Preventiva, que están adscritos a los diferentes cuerpos policiales, no tienen espacios para albergar nuevos detenidos, por lo que no habrá lugar para recluir a quienes sean aprendidos en el marco de la nueva fase del Plan Patria Segura, anunciado por el Presidente Maduro el martes 17 de enero.

Un informe elaborado, en el mes de diciembre, por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay un 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. “Tenemos una población de 100 mil reclusos y solo hay cupo para 20 mil, se necesitan espacios para tener 80 mil reclusos, lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una”, explicó Nieto Palma.

Estos nuevos recintos carcelarios deberían reunir unas condiciones mínimas, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad; entre las que destacan: contar con espacios para la recreación y la recepción de vistas y proveer a los presos de insumos fundamentales como alimentos, servicios médicos y agua potable.

“No puede ser eficiente un plan de seguridad que no tiene un lugar a dónde llevar a los delincuentes que sean detenidos. El Estado venezolano debe avocarse a solucionar este problema si pretende desarrollar un plan de seguridad que sea exitoso y beneficie a la comunidad”, acotó Nieto Palma.

Una Ventana a la Libertad ve con preocupación que, a pesar de los muchos ofrecimientos de construir recintos carcelarios, esto no se haya cumplido y no haya espacios para recluir a nuevos detenidos, lo que sin duda frenará la acción efectiva de los cuerpos policiales a la hora de detener a responsables de delitos.

“Es necesario que el Ministerio para el Servicio Penitenciario trabaje en la búsqueda de soluciones a esta problemática, pues los cuerpos policiales están en la obligación de cuidar a los ciudadanos, en lugar de permanecer en sus comisarias cuidando presos”, señaló Nieto Palma.

De igual forma, la organización considera fundamental que la aplicación de este plan de seguridad se sustente en un espíritu de respeto a los derechos humanos.

EFE.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este martes «seis líneas de acción» que son parte de un plan para atender la «seguridad ciudadana» en el país y al que también denominó como «un sistema de protección del pueblo», en el que trabajarán conjuntamente todas las fuerzas de seguridad del Estado.

«En el campo del frente de la seguridad ciudadana, en el marco de la ‘campaña Carabobo 2021’, estoy lanzando seis líneas de acción que resumen la más alta y acabada política en seguridad ciudadana que jamás haya existido en Venezuela y creo que exista en América Latina», dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.

Explicó que la primera línea de acción será «la expansión de todos los planes deportivos culturales y de creación de valores del Movimiento por la Paz y la Vida» para «defender» a los niños de la «cultura que cultiva una admiración por la droga, por la violencia, por las armas».

Pidió al llamado Movimiento por la Paz y la Vida promover un plan que «permita neutralizar todas las campañas directas o indirectas que promocionan la violencia, el culto a las armas, la muerte».

Como segunda línea, ordenó «a todo el estado mayor del sistema policial a » retomar y hacer «las adecuaciones necesarias» para poner «en la calle toda la fuerza policial» y que el sistema de patrullaje sea «más efectivo».

En tercer lugar, la instalación de los «cuadrantes de paz», que según el ministro de Interior, Néstor Reverol, son «una estructura, un estado mayor, donde participan diferentes instituciones» policiales y la ciudadanía «en perfecta unión cívico militar policial».

El ministro indicó que actualmente hay 2.119 «cuadrantes de paz» en todo el territorio nacional que son «el corazón» de todo lo que hará en materia de seguridad ciudadana, y que durante este año «se ampliarán a 2.300».

«El pueblo quiere paz, el pueblo quiere tranquilidad (…). Vamos a construir una Venezuela con cuadrantes de paz que den seguridad, vamos a liberar a Venezuela de esa peste del culto a las bandas y las mafias», agregó.

«Llamo a todas las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, a todos los cultos a incorporarse a los cuadrantes de paz en la base. A usted cura, sacerdote, pastor, a las monjas, al creyente, de todas las formas de creencia en Dios y de practica del poder divino a incorporarse con su palabra», continuó.

Como cuarta línea indicó «el fortalecimiento del sistema de protección popular para la paz SP3», que contará con «patriotas cooperantes para adelantarse con información a las amenazas para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios, para hacer el trabajo de inteligencia».

«Eso tiene que arrancar con fuerza (…), debe anunciar, advertir, alertar amenazas en sus distintos ámbitos», apuntó.

La quinta «línea de acción» tiene que ver con la recuperación y eficiencia del operativo de seguridad denominado «Operaciones de Liberación del Pueblo» que han sido sometidas a una «revisión profunda» y que ahora tendrán una nueva fase, «superior», en la que se llamarán «Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)».

«Vuelven las OLP con más fuerza y más amor para el pueblo», añadió.

Por último, agregó, se crearán las «casas de justicia» que, dijo, son «para la resolución de conflictos, para la justicia temprana, oportuna» y para «llevar la autoridad del Estado» a la comunidad.EFE

EFE.- El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que 14 militares han sido detenidos en los últimos días por su presunta vinculación con la masacre de Barlovento, en la que murieron al menos 12 personas en el centro del país.

En declaraciones a los periodistas, Saab explicó que se trata de 11 sargentos, un teniente coronel, un mayor y un capitán, los últimos dos aprehendidos este lunes “por la comisión de los hechos punibles de violación a derechos humanos” y que fueron identificados como Luis Romero y Daniel Contreras, respectivamente.

El defensor aseguró que su oficina “no ha dejado de trabajar un solo segundo” en este caso y “ha mantenido una línea de acción” que contempla “cero impunidad, máxima justicia y reparación a las víctimas”.

“No descartamos que puedan existir nuevas detenciones”, agregó tras reiterar que ha recibido al menos cinco denuncias más sobre personas desaparecidas por lo que, afirmó, continuarán las averiguaciones.

Las 12 personas desaparecieron en octubre pasado en medio de un operativo de seguridad del Gobierno venezolano y fueron halladas muertas en dos fosas comunes ubicadas en la zona de Barlovento, en el céntrico estado de Miranda.

Saab y la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, han confirmado que las víctimas no tenían antecedentes penales y aseguraron que se trataba de personas “inocentes”.

El Ministerio de la Defensa admitió el hecho el mismo día en el que se encontraron los cuerpos y anunció que los autores serían puestos a la orden de la Justicia al tiempo que aseguró que se trató de un “hecho aislado”, lo que fue rechazado por la mayoría opositora del Parlamento.

Las desapariciones ocurrieron tras el despliegue de una de las conocidas como Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que consisten en incursiones por sorpresa de las fuerzas de seguridad en las comunidades en las que se realizan allanamientos, requisas y capturas de delincuentes.EFE

Recibieron privativa de libertad el teniente coronel José Rojas Córdova, y otros nueve efectivos del Ejército Nacional Bolivariano, por su presunta responsabilidad en las torturas y posterior muerte de 12 personas, quienes fueron halladas el pasado viernes 25 y sábado 26 de noviembre en zonas montañosas del municipio Acevedo del estado Miranda.

Asimismo, los funcionarios estarían involucrados en la comisión de otros delitos contra nueve víctimas que quedaron con vida.

Fiscales imputaron al oficial Rojas Córdova, por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de los 12 fallecidos.

Asimismo, fue imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos en relación con las otras nueve personas.

Por los mismos tipos penales también fueron imputados el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez, y los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón.

Igualmente, quedaron imputados por los citados delitos los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.

La audiencia de presentación se llevó a cabo ante el Tribunal 1º de Control de Miranda, extensión Barlovento, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad contra los 10 funcionaros, quienes permanecerán recluidos en el Internado Judicial de la Región Capital Yare III.

Vale señalar que dos de las víctimas fueron localizadas el viernes 25 de noviembre en el sector El Café del citado municipio; mientras que las 10 restantes fueron encontradas el sábado 26 en el sector Aragüita, vía a Guatopo.

Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.

La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público y denunciaron su desaparición ocurrida entre el pasado 16 y 19 de octubre. Estas fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad; y posteriormente, fueron trasladadas a un punto de control ubicado en el sector El Café.

Nota de El Nacional

Cecodap ante la desaparición y ejecución de 13 personas, especialmente la muerte un adolescente de 17 años tras ser severamente torturado en el marco de Operación de Liberación del Pueblo (OLP) desarrollada el Municipio Acevedo de Barlovento del estado Miranda:

1. Manifestamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas y nos unimos al sentimiento de pesar que los embarga. Aspiramos que sus denuncias y reclamos sean escuchados y atendidos.

2. Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial la protección, asistencia, reparación e indemnización a los familiares de las víctimas, así como aplicar las sanciones que hubiere lugar a todos los funcionarios militares implicados en la OLP considerando como una circunstancia agravante la tortura y la muerte del adolescente.

3. Exigimos al Poder Ejecutivo eliminar en todo el territorio nacional las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) como una estrategia de seguridad ciudadana. Existen casos y elementos suficientes que evidencian que no se tratan de hechos aislados, constituye una práctica institucionalizada que ha generado abusos, desapariciones, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias que no contribuyen, ni ha contribuido, a disminuir la violencia y la criminalidad. Cecodap durante el año 2015[1] registró en la prensa nacional 13 casos de adolescentes víctimas y 29 casos detenciones en el marco de estos operativos.

4. Exhortamos a los distintos órganos del Estado diseñar e implementar una política pública para la prevención de la violencia y que todos los organismos de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional de acuerdo a lo establecido en el Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela.

5. Expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del Defensor del Pueblo en la cual se indica que “las personas ajusticiadas en Barlovento no tenían entradas policiales ni antecedentes penales.” Esta afirmación resulta preocupante porque el derecho a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes debe prevalecer para todas las persona, aun cuando tenga antecedentes penales o registros policiales.

Foto: RunRunes

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Delsa Solórzano, aseguró hoy que, aunque las víctimas de la masacre de Barlovento tuvieran antecedentes penales, no se justifica la actuación de los militares. 

“La realidad es que desde el día 13 de octubre en adelante, estas denuncias no cesaron hasta el 11 de noviembre. Sin media orden de allanamiento, funcionarios se llevaron detenidos a más de 30 venezolanos sin ninguna justificación”, manifestó.

Durante la sesión ordinaria de este martes, familiares de las 12 personas presuntamente asesinadas por 11 funcionarios del Ejército se presentaron en el hemiciclo del Parlamento. 

Dos de los familiares de las víctimas  narraron cómo sucedieron las detenciones y cómo torturaron a uno de ellos. Exigieron que no politicen este caso y logren resolverlo.

La diputada leyó los nombres de los jóvenes asesinados, de los cuales solo nueve han sido identificados.

Además,  hizo énfasis en un joven de 17 años quien estuvo días hospitalizado tras las torturas que sufrió por parte de los funcionarios de la OLP.

“Nosotros queremos pensar que cada madre de Venezuela que nos ve pueda a ver un militar y no sentir miedo. Estamos en la posición de exigir la renuncia del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Ya basta de OLP (…) Exigimos detener la OLP. No podemos permitir el camino de exterminio”, enfatizó.

“No se ha hecho justicia. No se hará justicia mientras nosotros sigamos sufriendo una OLP en Venezuela. Que lo que ha hecho es enlutar centenares de familias”, finalizó Solórzano.

Este martes se llevó a cabo la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional para tratar como primer punto los hechos irregulares ocurridos en el Café, municipio Miranda, Barlovento, luego de que 12 personas fueran asesinadas durante una jornada de OLP por 11 funcionarios del Ejército.

Nota de El Nacional

Yorman Mejías, de 25 años, sembraba frijoles en su pequeña finca ubicada cerca de la localidad venezolana de Yaguaba, a unos 90 kilómetros al este de Caracas, cuando llegaron los militares, quienes lo amenazaron con sus rifles de asalto y procedieron a golpearlo, publica El Nuevo Herald.

“Esta es una Operación de Liberación del Pueblo”, anunció uno de los cinco uniformados, según versiones publicadas por la prensa local de los eventos ocurridos el 16 de octubre. Su hermano, un inválido postrado en una silla de ruedas, comenzó a quejarse.

“Cállate, deja de protestar, que a ti también te vamos a matar”, le advirtió un soldado que le apuntaba con su rifle. “Esto es una OLP y estamos cumpliendo órdenes presidenciales”.

Mejías, quien fue llevado esa tarde en un jeep de los militares, es uno de los 12 jóvenes que fueron encontrados este mes en fosas comunes en lo que está siendo llamado como “La Masacre de Barlovento”.

Los jóvenes habían sido interceptados por militares durante una operación de las OLP, programa emprendido por el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar a la delincuencia en uno de los países más peligrosos del mundo.

Pero muchas de las redadas emprendidas bajo las OLP han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio, donde grupos conformados por docenas de soldados y policías salen a capturar bandoleros que luego son presentados a la opinión pública como “delincuentes abatidos” durante enfrentamientos con agentes del orden.

Según un informe elaborado recientemente por las ONGs Human Rights Watch y Provea, más de 700 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente desde el lanzamiento del programa.

“Salen a matar ”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela.

La diferencia en este caso es que las víctimas de la Masacre de Barlovento no eran delincuentes, afirmó Gabriela Buada Blondell, portavoz de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ONG que vela por la preservación de los derechos humanos y que ha mantenido contacto con los familiares de las víctimas.

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