A través de un comunicado de la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), exigieron a la administración de Nicolás Maduro que garantice las condiciones para que los pacientes que requieren tratamiento sustitutivo renal puedan preservar su vida, esto tras el anuncio de Cuarentena Social, Restricción en el suministro de combustible exceptuando a algunos sectores y Control por parte de los sistemas de seguridad en cuanto a tránsito de las personas, que responden a las medidas aplicadas por la llegada del coronavirus COVID-19 a Venezuela.

ATV asegura que la estrategia de contención del virus en el país vulnera, aún más, la calidad de vida de estos pacientes por considerar que “no pueden trasladarse sea en transporte público, privado o particular al no contar con el suministro de combustible, así como la restricción del tránsito entre entidades e incluso municipios. Esto también incide en las personas trasplantadas al tener limitaciones para acudir a sus respectivas farmacias(…) ellos deben acudir a los centros hospitalarios o extrahospitalarios tres veces por semana y recibir sesiones de cuatro horas para poder vivir, asímismo las personas trasplantadas deben acudir a farmacias de Alto Costo dependientes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) a retirar sus inmunosupresores periodicamente cada mes para mantener el órgano trasplantado con buen desempeño y por ende mantener su calidad de vida”.

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La organización no gubernamental recordó que para estos pacientes no cumplir con tratamientos como la diálisis “ocasiona daños irreparables a la salud de las personas que así lo requieren, que incluyen complicaciones graves para su vida, incluyendo la muerte”. Por tal motivo exigen:

A)  Permita el suministro de combustible al personal de salud y personas encargadas e identificas del traslado de quien deba realizarse una diálisis.
B)  Active un plan real con trasporte de gobernaciones, alcaldías o entes públicos que garantice la salud de esta población mientras culminan las medidas tomadas para enfrentar al COVID19.
C)  Permita el desplazamiento entre municipios y estados a personas que presenten informe o récipes validos para acudirá a sus respectivos y vitales tratamientos (Farmacia de Alto Costo) para retirar sus medicamentos inmunosupresores.
D)  Garantice el suministro de agua donde en los centros de diálisis.

Asimismo, reiteraron que la crisis del sector salud y de los pacientes renales no es una consecuencia de la pandemia Covid-19.

“Venezuela vive desde hace años una Emergencia Humanitaria Compleja, que hemos venido alertando, ahora con la aparición del COVID19 decretado Pandemia Mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos alarma la situación en la que se encuentra el sistema de salud en el país, conociendo que la población de personas que presenta alguna condición de salud crónica, ellos quienes se realizan tratamientos sustitutivo renal”.

En el comunicado también exhortaron a la comunidad internacional para que actúe en consecuencia de la defensa del derecho a la salud y los DDHH de los 10 mil pacientes renales que existen en el país y el riego en el que se encuentran los 2.600 trasplantados de órganos.

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana rechazó la presencia en prisión de 219 presos políticos militares ante la propagación del coronavirus COVID-19 en Venezuela.

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Asimismo, exigieron que los privados en libertad sean llevados a sus hogares como medida provisional tras la presencia de la pandemia en territorio venezolano.

Esta ONG resaltó que en las prisiones venezolanas no cuentan con los insumos necesarios para atender las diferentes enfermedades que presentan los presos.

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro informó que culminó la actualización oral sobre el informe respecto a la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

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Pizarro indicó que dentro de las temas tratados estuvieron incluidos los presos políticos, haciendo un llamado nuevamente a su liberación, igualmente la persecución contra la Asamblea Nacional, la violación sistemática de los derechos humanos de periodistas y otros puntos de importancia.

Asimismo reconoció la labor de las ONG para que los informes que cada sesión realizada siga narrando la realidad que se vive en Venezuela.

“En este resumen de puntos quedan muchas cosas que abordar, pero hay que reconocer el apoyo de las ONG, víctimas y familiares que contribuyen a describir las injusticias en el país”, dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

El director de la ONG Cedisuc, Pedro Montilla, destacó que en 24 años de labor de esta organización se han encargado de apoyar a las comunidades tanto del estado Sucre, como de Monagas y Nueva Esparta. Al tiempo, sostuvo que a pesar de las circunstancias que vive el país siguen su ejercicio para defender los derechos humanos.

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169 Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, exigieron al régimen de Nicolás Maduro, garantizar, respetar y promover la labor de quienes defienden los derechos humanos.

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Mediante un comunicado las ONG indicaron que desde el año 2002, los defensores de los derechos humanos han sido reprimidos y hasta criminalizados por realizar su labor.

“Partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y oficiales, se pretende desprestigiar y desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario” indica una parte del documento.

En el último año, las acciones represivas por parte del régimen de Maduro contra defensores de DDHH ha llegado al punto de punto de prohibirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizar visitar dentro de Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves las posibles sanciones por parte del régimen de Nicolás Maduro contra organizaciones civiles en Venezuela, que reciben financiamiento desde el exterior.

Tras las palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sobre la revisión de leyes relacionadas con la ONG, el organismo internacional exigió respeto para los defensores de derechos humanos.

Asimismo, la Comisión ofreció su respaldo a la organización Provea, la cual fue estigmatizada por el funcionario chavista.

La activista venezolana Lilian Tintori denunció que presuntos funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro sustrajeron insumos médicos y alimentos pertenecientes a la ONG Rescate Venezuela, la cual está bajo su dirección, destinados para atender a las personas dentro del país en situación de emergencia.

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En un comunicado, Tintori detalló que el procedimiento no contó con orden judicial. Exhortó a los organismos internacionales que condenen estos hechos.

“Alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de DDHH que en este momento organismos de seguridad sustraen de manera ilegal insumos de Rescate Venezuela destinados a atender a venezolanos en situación de riesgo, que son víctimas de la emergencia humanitaria compleja”, dijo Tintori en redes sociales.

 

Tres ONG solicitaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dicten medidas cautelares para el migrante venezolano Miguel Ángel Calderón Quintero, el cual será expulsado de Colombia por ser considerado “un espía”.

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Calderón, detenido el 22 de noviembre en Bogotá, será separado de su esposa e hija, según denunciaron las organizaciones Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Dejusticia y la Clínica para Migrantes de la Universidad de Los Andes.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la CIDH respondió pidiendo al Estado colombiano garantizar los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia “sin ningún tipo de discriminación”.

La delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el estado Mérida, Yanara Vivas, manifestó que con estas ferias de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los Derechos Humanos (DDHH), buscan mostrarle a los ciudadanos las instituciones que están dispuestas a prestarle apoyo a quienes les han violentado sus derechos, en vista que, estos casos consisten en ir más allá colocar una denuncia.

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